CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres jueces tienen en sus manos el destino de la medida cautelar que impide la siembra de maíz transgénico en México desde hace más de cuatro años: este viernes 24, probablemente, determinarán si la suspensión se extenderá hasta que la justicia resuelva de manera definitiva si el maíz transgénico puede sembrarse en el país o no. Se trata del capítulo más reciente de la demanda de acción colectiva que interpusieron científicos, activistas y campesinos en 2013 para impedir la siembra de maíz transgénico en el país, y que enfrentó fuertes embestidas por parte de actores de la industria agroquímica –entre ellos Monsanto– y de instancias del gobierno mexicano. Desde que entró en vigor, en septiembre de 2013, la medida cautelar cuya suerte decidirán los jueces José Rigoberto Dueñas Calderón, María del Carmen Aurora Arroyo Moreno y Marco Antonio Rodríguez Barajas –integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito– resistió 26 juicios de amparo, así como “decenas de impugnaciones del gobierno federal y de la agroindustria en 17 tribunales federales”, según los promoventes de la acción colectiva. La medida cautelar se convirtió en una de las pugnas centrales del juicio que encaran Demanda Colectiva AC y las empresas productoras de transgénicos desde hace más de cuatro años. Esta medida fue concedida después de que un juez validó el argumento del colectivo según el cual la siembra de maíz transgénico en México podría vulnerar a decenas de especies de maíz nativo. “Para México el maíz constituye 69% del sostenimiento alimentario de toda la población, y en su mayoría lo comemos sin procesamiento industrial. Por otro lado, 66% de toda la superficie cultivada en el país corresponde a maíz. Consumimos como alimento tres cuartas partes del maíz blanco que producimos, al tiempo que destinamos como forraje 75% de maíz amarillo mayormente importado”, recordó el colectivo en un boletín. A lo largo de los últimos años, el colectivo y las empresas libraron una batalla jurídica para blindar –en el caso del primero– o desaparecer –en el caso de la industria– la medida cautelar: en agosto de 2015, por ejemplo, un juez canceló la medida, el colectivo apeló de inmediato y en mayo del año siguiente otro juez la confirmó. Para derrumbar la acción, las empresas y el gobierno afirman que el Poder Judicial no cuenta con las facultades para suspender el otorgamiento de permisos –que según ellos es competencia del Ejecutivo– y que el colectivo entregó sus documentos fuera de los tiempos límites. Después de decidir de la suerte de la medida cautelar, la justicia mexicana tendrá que resolver el juicio de fondo derivado de la demanda colectiva. Determinará si, como lo asevera el colectivo, la siembra de maíz transgénico viola la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados al poner en peligro las especies de maíz silvestre. En noviembre de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo a comunidades de apicultores mayas de la Península de Yucatán contra el otorgamiento de permisos de cultivo de soya transgénica a Monsanto. Sin embargo, en esta ocasión, el argumento jurídico no fue de carácter ambiental sino de derechos indígenas, pues el máximo órgano de justicia del país consideró que las comunidades no fueron consultadas debidamente sobre los proyectos de siembra de soya transgénica en sus territorios.