Jacqueline Peschard –quien este jueves dejó la presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción a Mariclaire Acosta– externa su pesimismo por los pocos logros y los innumerables pendientes de su gestión: la ausencia de un fiscal anticorrupción, así como la escasa cooperación interinstitucional y partidista y de la sociedad civil. En otras palabras, dice, el comité “está cojo”, pues le faltan piezas clave para su funcionamiento. Por su parte, Acosta acepta su nueva encomienda y rechaza que el sistema anticorrupción sea un fracaso. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Después de un año en la presidencia del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la académica Jacqueline Peschard lo admite: “A lo mejor fuimos ingenuos y confiamos en que, con un buen sistema normativamente estructurado, iba a haber resultados”. Por ley, el SNA debió arrancar en julio pasado, pero hasta ahora no hay fiscal anticorrupción, ni Fiscalía General de la República –una promesa pendiente desde marzo de 2014–; tampoco han sido nombrados los 18 jueces encargados de sancionar la corrupción administrativa, y muchos gobiernos estatales aún no implementan sus sistemas locales. Construido sobre una reforma constitucional aprobada en 2015, el SNA –que tanto presumió el gobierno de Enrique Peña Nieto– promete una articulación entre las dependencias que investigan y sancionan la corrupción tanto a nivel federal como estatal, lo anterior bajo la supervisión del Comité de Participación de Ciudadana (CPC). En entrevista con Proceso, Peschard lamenta que durante su mandato al frente del Comité Coordinador la cooperación entre instituciones, la esencia del SNA, resultó una “simulación”. Y expone: “Lejos de haber coordinación, la Secretaría de la Función Pública hace lo que tiene que hacer, y lo da a conocer como si estuviera solita en la vida… La Auditoría Superior de la Federación hace sus investigaciones y dice: ‘Yo ya puse las denuncias ante PGR’; el fiscal anticorrupción es parte del Comité Coordinador, pero como no ha sido nombrado… “Entonces ves por qué hay una especie de simulación. Una simulación de coordinación. ¿De qué ha servido que tengamos un Comité Coordinador, que nos reunamos cada tres meses, si uno sigue por su lado y el otro por el suyo?” Doctora en Ciencias Sociales, Peschard admite que, en su forma actual, el Comité Coordinador está “cojo” y que al SNA le faltan piezas claves para su operación. Habla de los obstáculos que enfrentó como presidenta del Comité, como ocurrió durante el fallido proceso de nombramiento de un fiscal anticorrupción, que por ley debió ser nombrado desde 2014. En mayo pasado el Senado congeló los esfuerzos para designar a un fiscal; fue una “porquería”, comenta. “Había cuarenta y tantos inscritos. Pasó el tiempo, empezaron con que la sociedad civil quiere acompañar el proceso; los senadores dijeron que no, y luego que ‘a lo mejor sí’, pero ‘no con estos sino con otros’; entonces invitaron a otros de la academia y de la sociedad civil y dividieron a la sociedad civil”, puntualiza. Según Peschard, el presidente Peña Nieto está dejando el nombramiento del fiscal anticorrupción a su sucesor. En el caso improbable de que el proceso se desbloqueara antes, dice, el nuevo titular permanecería en el cargo hasta el próximo 30 de noviembre, según los plazos establecidos en la ley. “¿Qué puedes hacer en 10 meses si tienes que construir una fiscalía especial? Tienes que capacitar a los fiscales, porque no hay fiscales especializados en anticorrupción. Cuando construyes una institución, requieres de tiempo, no puedes llegar e inmediatamente empezar a perseguir delitos”, insiste. Con respecto al nombramiento de los 18 jueces, el proceso se estancó en el Senado cuando el CPC exigió que se transparentaran los criterios que llevaron a Peña Nieto a proponer sus candidatos. Además, recuerda que varios gobiernos estatales aun no implementan sus sistemas anticorrupción –como es el caso de la Ciudad de México–, y algunos gobernadores “intentan meter la mano para que no tengan autonomía; lo mismo que pasa en el ámbito federal, pero que se replica en el local. Todo está hecho como si el mensaje fuera: nadie se mueve. Y precisa que el inmovilismo no sólo viene del gobierno de Peña Nieto, sino también de los gobiernos locales y de todos los partidos en general: “Si hubiera realmente interés de empujar las cosas, pues todos los partidos de oposición se compactarían y presionarían”. Paciencia En su Informe de Evaluación Mutua sobre México, el Grupo de Acción Financiera (Gafi) se alarmó ante la ineficiencia de las autoridades mexicanas en el combate a la corrupción: de las 13 mil averiguaciones previas abiertas por presuntos delitos de corrupción entre 2013 y 2016, la PGR consiguió apenas 51 condenas, equivalente a una tasa de impunidad de 99.6%. Este jueves Peschard entregó la presidencia del Comité Coordinador del SNA a la activista en derechos humanos Mariclaire Acosta Urquidi, después de un año en el cargo, en el que se multiplicaron las revelaciones sobre desvíos de dinero y corrupción. Acosta reconoce que hasta la fecha no se pudo combatir “los más destacados” casos de corrupción, pero rechaza en entrevista que el SNA sea un fracaso, porque puso “en el tapete” el tema del nombramiento de los funcionarios con base en criterios objetivos y ya no con designaciones discrecionales. Acorde con su larga experiencia en el ámbito de los derechos humanos, la activista advierte que el proceso de construcción y consolidación del SNA tomará tiempo, “incluso mucho más tiempo del que yo tengo (como presidenta del Comité Coordinador)”: “Yo sé lo que cuesta cambiar las cosas, a pesar de todo lo que se ha logrado en materia de derechos humanos, mira lo que tenemos: una crisis terrible”. Este proceso, añade, implica un cambio en la “cultura política del país”, pues considera que “el SNA es una parte de algo más amplio, que es la construcción de la democracia”. Por el momento, ve “muy complicado” el proceso electoral de este año “porque ya hay indicios de que el financiamiento ilícito de las campañas va a ser un tema”, y expresa sus temores de que se acuerden “pactos de impunidad” entre las administraciones entrantes y salientes. –¿Le conviene a la clase política en general que esté cojo el SNA? –Creo que la clase política está en la lucha por ver quién se queda con el poder, y creo que evidentemente el hecho de que no se investiguen cosas no es algo que le preocupe mayormente. –¿Ve una disposición de la administración actual en reforzarlo? –Ahorita el Ejecutivo está más preocupado por otros temas, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el proceso electoral y otros. Estamos en un entorno muy complejo”. Poco que presumir El pasado 15 de enero, al despedirse como presidenta del Comité Coordinador del SNA, Peschard reconoció que no tenía “cifras que presumir”, pues “no le hemos hecho ni un rasguño a esa corrupción que parece impregnarlo todo, y que aparece en lugares donde no se esperaba”. La académica retrata con claroscuros su balance al frente del Comité Coordinador del SNA: tuvo algunos logros, pero observó a veces desinterés, y otras veces un claro rechazo a sus iniciativas. El 5 de septiembre del año pasado, por ejemplo, convocó a la primera sesión extraordinaria del órgano para revisar los avances de las investigaciones sobre el socavón en el Paso Exprés, en Cuernavaca, cuyas obras fueron marcadas por múltiples irregularidades que involucraban a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Durante la sesión, los representantes de las dependencias que conforman el Comité Coordinador dieron información que ya era pública… “Y no pasó nada, fue totalmente anticlimático”, sostiene Peschard. “Le di seguimiento y me dijeron que tenían 800 carpetas abiertas. ¿Y de qué me sirve de que tengan 800 carpetas si yo no sé si se avanzó, si hay alguien identificado, si la responsabilidad es del poder local, del federal o de ambos? No sabemos nada”, se queja. Cuando se supo que una agencia del gobierno mexicano utilizó de manera ilegal el malware espía Pegasus para intervenir los celulares de periodistas y activistas, Peschard pidió a los demás integrantes del Comité Coordinador que la PGR entregara información; pero se negaron, con el argumento de que no se trataba de un caso de corrupción. Recientemente, logró que el Comité Coordinador exhortara a la PGR para que informe sobre su investigación de los supuestos sobornos de la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya Austin, primero como coordinador de asuntos internacionales de la campaña de Peña Nieto y luego como director general de Pemex. Analiza: “Nuestro papel no es de exhortar, es de activar a aquellos que tienen atribuciones para investigar. Pero si no están las piezas, ¿a quién activamos? ¡Hay una PGR que no tiene ni titular!… Si fueran tan inocuos los exhortos, pues cada vez que yo pidiera uno me lo darían, ¿no? En el caso de Pegasus, se cerraron. Cuando dije Odebrecht, ahí ni modo de negarse”. –¿La estrategia consiste en expandir el papel de la ciudadanía dentro del Comité Coordinador? –Pero, ¿cómo nos expandimos dentro? Sólo con el acompañamiento de la sociedad civil y de la poca prensa independiente. Yo creía que habíamos ganado en prensa independiente, y nos hemos dado cuenta que la publicidad oficial ha sido una palanca para condicionar la independencia de muchos medios. “Presidencialismo todopoderoso” Se le recuerda a Peschard que, en los últimos cinco años, si bien algunos exgobernadores fueron a parar a la cárcel, ningún integrante del gabinete de Peña Nieto involucrado en presuntos actos de corrupción sufrió las consecuencias de los mismos y prácticamente ninguno –excepto Lozoya– se vio obligado a renunciar. Gerardo Ruiz Esparza, Luis Videgaray Caso y Rosario Robles Berlanga, por ejemplo, siguen en activo a pesar de que fueron señalados en casos de corrupción durante la presente administración: conflicto de intereses para el primero y desvío de dinero para Videgaray –los más de 247 millones de pesos que presuntamente fueron a parar en las campañas del PRI en 2016–; con respecto a Robles, se desviaron por lo menos 2 mil 500 millones de pesos durante sus dos años y medio al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. Al escuchar los casos, Peschard asienta con la cabeza y reconoce que el poder de la sociedad civil en el Comité Coordinador está “expresamente limitado”, porque el SNA no fue diseñado para que “de repente un grupo de ciudadanos se convierta en la ‘gran comisión que persigue y sanciona’”. Y apunta: “Más que identificar a las figuras de la corrupción, lo que nos interesa es ver cuáles son las causas, las tramas que permiten estos enormes desvíos de recursos. Un ejemplo de ello, según la académica, son las empresas fantasma, piezas clave en los esquemas de desvíos millonarios y de las que “nadie hablaba hace un año”. Peschard recuerda que trabajó de cerca el tema de las empresas fantasma con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) cuando la dirigía Santiago Nieto. Durante este periodo, insiste, la institución exhibió redes operadas durante las administraciones estatales de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y César Duarte Jáquez en Chihuahua para desviar dinero hacia las campañas electorales. Si bien dice que tiene las “mejores referencias” sobre Héctor Díaz-Santana Castaños, quien sustituyó a Nieto en la FEPADE, subraya que el funcionario todavía responde al encargado de la PGR, quien a su vez es leal al presidente Peña Nieto. “¿Cómo vas a perseguir las desviaciones del Ejecutivo o de los ejecutivos si tú dependes (de ellos), si eres un subordinado?”, se pregunta Peschard. Y añade: Es parte de una cultura “que heredamos del presidencialismo casi todopoderoso. Si ves a los titulares de las auditorías estatales… ¡Son los compadres del gobernador! Y además se ufanan de serlo, cuando deberían de ser totalmente independientes, porque van a vigilar al gobernador”. Fiscalía independiente Mariclaire Acosta está consciente de las dificultades que la esperan en la presidencia del Comité Coordinador. Su “gran reto”, afirma, consistirá en asegurarse que las designaciones de los funcionarios estén basadas en criterios “claros, abiertos, transparentes y en decisiones basadas en los méritos profesionales y a la integridad de quienes los integran”. Explica: “Uno de los problemas principales del funcionamiento de las instituciones en México es que son muy débiles. Y que muchas veces quienes las encabezan no son, digamos, los funcionarios idóneos, sino que están ahí por otros motivos. Por designaciones políticas, o de otro tipo”. Por el momento, opina, no vale la pena pensar en el nombramiento del fiscal anticorrupción, sino en asegurarse que la nueva Fiscalía General de la República sea autónoma y con un alto nivel operativo. Para ello, resaltó la exigencia de algunas organizaciones de la sociedad civil reunidas en el colectivo #FiscalíaQueSirva de que se reforme el artículo 102 de la Constitución para garantizar que el proceso de nombramiento del fiscal sea meritocrático y abierto al monitoreo ciudadano. “Tenemos una ciudadanía que sale a votar, pero no tenemos una democracia consolidada, ni mucho menos: no tenemos libertad de expresión, no tenemos un Estado democrático de derecho consolidado”, observa. “Ojalá y tengamos algunos logros muy concretos. Pero logros espectaculares… ¡Hombre! Desde que tengo uso de razón, en cada sexenio meten a la cárcel por corrupción a una personalidad política o sindical importante. Son ajustes de cuentas, en fin, responden a otras lógicas (que al combate a la corrupción)”. –¿Cuál sería un logro extraordinario en su presidencia? Tras reflexionar unos segundos, responde: “Sentar las bases para una fiscalía imparcial y profesional, lo que pasa por reformas legales. Un fiscal independiente, quien a su vez pueda desplegar todas las herramientas necesarias para investigar las más de 600 denuncias presentadas por la ASF (Auditoría Superior de la Federación).” Esta entrevista se publicó el 4 de febrero de 2018 en la edición 2153 de la revista Proceso.