MADRID (apro).-  El dictador Francisco Franco sigue provocando intensos debates en España, casi 43 años después de muerto. La polémica resurgió con el anuncio del gobierno del socialista Pedro Sánchez de exhumar los restos del militar golpista del Valle de los Caídos, el conjunto monumental en Cuelgamuros, en la sierra de Guadarrama, a solo 60 kilómetros de esta capital. Este viernes 23, el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley para activar el proceso de exhumación de los restos de quien gobernó el país con mano de hierro de 1938 a 1975, tras el cruento golpe de Estado (1936-1938) contra el gobierno de la II República. La explicación del presidente español para tomar esta decisión, es que en “una democracia como la española no puede permitirse monumentos franquistas”, como lo dijo en una entrevista con eldiario.es. Pero es más que eso: En los hechos, el Valle de los Caídos y la tumba del dictador se convirtieron en un símbolo permanente de los vencedores del conflicto armado y de un régimen dictatorial que aplastó a los vencidos, el llamado “holocausto español”, como lo definió el historiador Paul Preston, que dejó unos 200 mil muertos y que impuso la intolerancia del nacional catolicismo durante cuatro décadas. La vicepresidenta Carmen Calvo explicó en la rueda de prensa tras la aprobación, que el decreto ley modificara puntualmente la Ley de Memoria Histórica “para exhumar los restos del dictador del lugar donde están las víctimas de la contienda”, que se hará con la convalidación del Congreso y dando las garantías a la familia Franco. “Las victimas de ambos bandos donde Franco sigue teniendo de manera inasumible una tumba de Estado, en un lugar público del patrimonio del Estado, supone incumplir la ley y una falta de respeto a las víctimas que están allí enterradas. No vamos a esperar ni un solo instante más”. “No puede haber un momento más en la democracia española sin tener ordenado nuestro recuerdo histórico que respete la democracia. No hay ni una sola democracia que haya sostenido una situación como la que hemos sostenido más de 40 años”, dijo desde el Palacio de la Moncloa, sede del gobierno. En mayo del año pasado, el Partido Socialista Obrero Español consiguió en el Congreso de los Diputados la aprobación a una propuesta –más simbólica que efectiva—para darle oxígeno a la ley de Memoria Histórica, la exhumación de los restos del dictador y que el Valle de los Caídos se convierta en un monumento de homenaje a las víctimas de la guerra civil y la dictadura. El grupo parlamentario del Partido Popular, del entonces presidente Mariano Rajoy, se abstuvo para no quedarse solo en el “no” a la propuesta, pero nunca hizo caso a esa recomendación del Congreso. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, decía a Proceso en 2015 –como parte de un informe especial publicado con motivo del 40 aniversario de la muerte de Franco—, que es una “anomalía democrática” que en España se siga exaltando la figura de Franco y la de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, sepultado cerca del dictador. "El Valle de los Caídos representa una distorsión de ese 'franquismo cultural' que nos obliga a pagar con nuestros impuestos la tumba del dictador que regó de muertos y sangre el país", decía. "Mussolini está en un cementerio particular en Italia y lo mismo Salazar en Portugal. Aquí, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, los restos de ambos (Franco y Primo de Rivera) deben ser retirados a un sitio privado y el Valle de los Caídos debe erigirse como un sitio de reconciliación, y no para ensalzar la cruzada de Franco." Recordó que tampoco en Alemania hay un monumento que venere a Hitler. “Solo en España, en territorio europeo, se sigue exaltando la figura de Franco” en la basílica del complejo ubicado en el municipio de San Lorenzo del Escorial. La cita más reciente se produjo el 15 de julio pasado, cuando cientos de personas se reunieron en el Valle de los Caídos y haciendo el saludo fascista exigieron al gobierno de Sánchez que no saque los restos del dictador de la tumba ubicada en un sitio destacado dentro de la basílica. Los participantes de esa protesta, con el saludo fascista, gritaban “¡Viva España!”, que es el grito referencial de la era franquista. Otros gritaban, “¡el Valle no se toca!”. La movilización fue organizada por el Movimiento por España, una agrupación de corte ultraderechista, ultra-católica y pro-franquista que encabeza Pilar Gutiérrez, una mujer que, en su lógica, asegura que “Franco no está muerto. Todos los que están muertos en Cristo no están muertos”. Más chirriante resulta que este complejo de Cuelgamuros, donde destaca la cruz de mas de 50 metros de altura, que se observa desde la carretera A6, pertenece a Patrimonio Nacional, una entidad pública que depende del Ministerio de Cultura del gobierno de España y, como tal, recibe fondos públicos para su preservación y funcionamiento. En este aspecto, resalta el papel que juega el Partido Popular, que desde su nacimiento se niega a condenar al franquismo, como sí han hecho otras formaciones políticas. De hecho, Manuel Fraga, quien fuera el primer presidente del PP, fue un destacado ministro de los gobiernos de Franco. A eso se suman hechos que fueron muy polémicos, como cuando el gobierno de José María Aznar dotó de fondos públicos a la Fundación Francisco Franco, que busca “preservar la obra” del dictador, pero cuya existencia es otra anormalidad democrática. Por su parte, como ya se señaló, Rajoy se negó a dotar de presupuesto a la Ley de Memoria Histórica, pero sí preservó el flujo de fondos –vía Patrimonio Nacional—para el mantenimiento del Valle de los Caídos. El nuevo presidente del PP, Pablo Casado, un político de 37 años pero de ideas ultraconservadoras, no se siente incómodo con la idea de desenterrar a Franco, sin embargo, la el discurso de su partido se orientó a reprobar que el presidente Sánchez recurra a la figura del decreto ley, y ya anunció que van a recurrir la decisión porque no es de urgente necesidad. El PP alega que es una iniciativa ventajista de Sánchez que busca “reabrir heridas” cerradas en la Transición y a utilizar a Franco ante su debilidad política. En la guerra por obtener el voto de la derecha, Ciudadanos, el partido que lidera Albert Rivera, anunció que se abstendrá cuando el decreto ley tenga que ser convalidad en el parlamento español. Esto, a pesar de que en la iniciativa de 2017 votaron a favor de exhumar los restos del dictador. Sin embargo, la ruleta judicial parece girar a favor de la exhumación no solo a Franco, sino a algunos de los miles de represaliados que fueron enterrados ahí, sin el consentimiento de sus familiares. En 2012, el abogado Eduardo Ranz Alonso presentó una demanda judicial para recuperar los restos mortales de los hermanos Manuel y Antonio-Ramiro Lapeña Altabás, para ser entregados a la nieta y sobrina Purificación Lapeña Garrido. Luego de un largo y farragoso trayecto judicial, este abogado especialista en memoria histórica y en derechos humanos, consiguió que la justicia le diera la razón y se iniciaran algunos procedimientos para identificar el sitio del enterramiento y su posible recuperación. Los dos hermanos fueron fusilados por el régimen franquista, sin que exista constancia de que hubo juicio con condena de pena de muerte. La razón es que Manuel fue fundador de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) y Antonio Ramiro era un simpatizante. El abogado ya inició otros procedimientos judiciales contra 38 alcaldes por no retirar la simbología franquista de sus municipios, como lo mandata la Ley de Memoria Histórica. Por la misma razón también denunció a 15 obispados y arzobispados, incluidos Madrid, Zaragoza y Valencia, por la misma razón. La decisión del gobierno de Sánchez no solo produjo la reacción de algunos nostálgicos del franquismo y de la familia del dictador, cuyos nietos se niegan a que sea exhumado, sino también de miembros del Ejército. Con fecha 31 de julio, un grupo de 181 militares, la mayoría en retiro, hizo pública una “Declaración de respeto y desagravio al general Francisco Franco Bahamonde. Soldado de España”, que denunciaba una campaña “infame” de la “izquierda política” que pretende desprestigiar al dictador a través de la “perversa pretensión” de exhumar sus restos del Valle de los Caídos. Pidieron respeto a la “figura militar del General Franco” que aseguran ha sido “vilipendiada hasta extremos inconcebibles” con el fin “de borrar medio siglo de nuestra historia” a través del “empeño visceral de revancha” del gobierno de Pedro Sánchez. Según el diario digital OKdiario, unos días después la suma de apoyos a esa declaración llegó a los 600. Otro grupo de militares y viudas de militares emitieron una declaración en sentido inverso y desaprobando al comunicado que defiende a Franco. “El general Franco no merece respeto ni desagravio alguno, sino nuestra repulsa más absoluta por haber encabezado un golpe de estado sangriento y genocida contra la legal y legítima II República Española, la feroz guerra civil posterior, y una dictadura opresiva e inclemente durante casi cuarenta años”, dice una veintena de firmantes. Y les recuerdan a los militares nostálgicos de Franco, que deben tener en cuenta que “no somos portadores de una moral superior, ni sostenemos ninguna sagrada herencia histórica. Nos debemos simplemente a la soberanía nacional que reside en el pueblo español”. Por lo pronto, el Ministerio de Defensa ya abrió una investigación sobre los cinco militares en la reserva que firmaron el manifiesto que exalta la figura de Franco, por el “absoluto compromiso” que los hombres y mujeres que integran las fuerzas armadas deben tener con la Constitución y con sus valores. Es decir, los firmantes, incluidos los cinco reservistas que signaron la declaración, podrían estar impulsando “expresiones contrarias” a la Constitución, la Corona y las instituciones del Estado español. Por lo pronto, a partir que el Consejo de Ministros apruebe el decreto ley, iniciará no solo el proceso para desenterrar a Franco, sino que España podrá romper –y colocar en su justa dimensión— a un período negro de su historia.