CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La ola de violencia desatada en el Triángulo Norte de Centroamérica por la actividad criminal, las políticas de mano dura y la imposición de megaproyectos obligó a más de 432 mil personas a abandonar sus casas en 2017; decenas de miles de ellas no tuvieron otra opción que la de intentar el viaje hacia Estados Unidos, según el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC). En esta región, conformada por El Salvador, Honduras y Guatemala, los niveles de desplazamiento generados por la “violencia estructural” alcanzaron una “emergencia humanitaria”: en el primer país, 5.1% de la población tuvo que desplazarse, mientras que en Guatemala había por lo menos 242 mil desplazados internos el año pasado. Ello marcó un incremento de los flujos migratorios que atraviesan México para llegar a Estados Unidos: entre enero y agosto de este año, las autoridades mexicanas detuvieron a más de 77 mil centroamericanos, un 67% más que durante el mismo periodo del año anterior; y en Estados Unidos, la Patrulla Fronteriza detuvo en el mismo lapso a 355 mil personas en su frontera sur. Dos informes publicados por el IDMC “deshacen aquella idea equivocada de que las personas de Centroamérica que vienen a Estados Unidos buscan ansiosamente su chance de acceder al ‘sueño americano’”. Y advierten sobre los potenciales efectos devastadores que provocará la cancelación del Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), anunciada por el presidente Donald Trump. Este estatuto protegía de la deportación a centenares de miles de centroamericanos que viven en Estados Unidos –a veces desde hace décadas--, pues el gobierno federal consideraba que no existían las condiciones para retornarlos a sus países de origen. Un estudio sobre Guatemala, por ejemplo, muestra que las personas tratan de evitar por cualquier medio el abandonar sus comunidades. “Pero la violencia, el crimen y el desplazamiento se combinan para atrapar a las personas vulnerables, particularmente los jóvenes, en una espiral negativa, donde su única opción para sobrevivir consiste en perpetrar más violencia y delincuencia”. De acuerdo con dicho documento, en Guatemala el desplazamiento se genera por la violencia directa “causada por el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales contra comunidades enteras, en desalojos forzosos para proyectos de desarrollo, o por amenazas de violencia de pandillas y grupos del crimen organizado”. En el pequeño país centroamericano --cuya población mayoritariamente pobre e indígena sufrió un genocidio por parte de las Fuerzas Armadas durante la guerra civil--, “el gobierno participa activamente en el desplazamiento de las comunidades”, puntualiza el informe, y señala que dicho fenómeno lleva a muchos jóvenes hacia las actividades criminales. Una tercera parte de los salvadoreños vive en Estados Unidos y la sobrevivencia de uno de cada cinco hogares depende de sus remesas, que aportan 17% del PIB del pequeño país. En ese país, cuya tasa de homicidio rebasó 100 por cada 100 mil habitantes en 2015, “las causas de la violencia y la delincuencia son las mismas que detonaron la guerra civil (de los años 90): pobreza, desigualdad, falta de oportunidades, exclusión social y acceso inequitativo a los servicios”, plantea uno de los estudios. En lugar de mejorar la situación, la política de mano dura implementada en los años 2000 llevó las pandillas a expandir su territorio –están presentes en 247 de 262 municipios-- y sus actividades criminales, y a reclutar integrantes cada vez más jóvenes, según el mismo documento. Ante las extorsiones, el reclutamiento forzado de niños o la trata de mujeres para fines de explotación sexual, las opciones se reducen para las personas: cumplir con las demandas de las pandillas y aguantar “niveles extremos de abuso”, o desplazarse. Las solicitudes de asilo se dispararon: más de 60 mil salvadoreños pidieron protección internacional el año pasado –un 40% más que en 2016--. Pero no solo esto: los agentes del Estado también participan al fenómeno del desplazamiento forzado, pues las fuerzas de seguridad “victimizan, amenazan y acosan a los jóvenes en áreas controladas por las pandillas (…) fomentan la dinámica de la violencia y el desplazamiento, y alimentan el estigma de la edad, el lugar y la pobreza”. El informe advirtió que, al regresar a esta realidad, los salvadoreños deportados enfrentan “muchos riesgos” por sus vidas, y a menudo se ven obligados desplazarse de nuevo. Por ello, “el regreso inminente de 200 mil salvadoreños de Estados Unidos como consecuencia de la anulación del TPS representa una preocupación importante para el futuro inmediato”.