Democratizar la gestión de gobierno, reto de la 4T

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En el contexto de las artes visuales, la presidencia de Andrés Manuel López Obrador inicia con base en una gran incertidumbre: ¿su equipo tendrá la visión y voluntad para democratizar la gestión gubernamental del arte?

Si sus colaboradores de la Secretaría de Cultura federal mantienen los mismos valores y actitudes que evidenciaron con la organización de los Espacios de Encuentro y Diálogo correspondientes a “Artes Visuales” (Proceso, 2193) y “Repensar el museo”, el riesgo de implementar una política artística y museística basada en la continuidad de las prácticas priistas que impulsaron y apoyaron Rafael Tovar y de Teresa de 2012 a 2016, y María Cristina García Cepeda de 2017 a 2018, es inminente.

Realizado el pasado viernes 23 de noviembre en la Ciudad de México, “Repensar el museo” funcionó como una radiografía de las relaciones de poder que sustentan el sistema museístico de las artes visuales. Un sistema clasista en el que se imponen los intereses y protagonismos tanto de profesionales egresados de universidades privadas, como de individuos relacionados con personas o grupos de poder económico que configuran la escena del coleccionismo y patronazgo artístico. 

Deslumbrado notoriamente por estos personajes –basta con escuchar la presentación que hizo el productor cinematográfico Edgar San Juan del académico de la Universidad Iberoamericana José Luis Barrios https://www.facebook.com/TransicionCulturaMx/videos/285346038774218/–, el equipo de transición de la Secretaría de Cultura, soslayando el planteamiento incluyente que publicó en la página digital de los Espacios de encuentro y diálogo -–“La cuarta transformación sólo será posible con la participación activa (…) de todos los sectores de la sociedad” (https://transicioncultura.mx/-), invitó como anfitriones para repensar los museos a dos profesionales del arte contemporáneo que obtuvieron su formación básica en universidades privadas: el curador José Luis Barrios y la promotora Natalia Pollak.

Vinculados con museos de arte pero sin injerencia en las dinámicas administrativas y laborales de los distintos y numerosos espacios que, con diferentes vocaciones y problemáticas, constituyen el vasto escenario de la museística mexicana –mil 156 recintos, con base en lo que señala Leonardo Núñez González en la edición de la revista Letras Libres correspondiente a octubre pasado–, los anfitriones se atrevieron a acotar la discusión en cuatro ejes que, como un “marco macro”, no integraron desde un principio problemáticas tan relevantes como la situación laboral del capítulo 3000. 

Centrados en peticiones vinculadas con la gestión participativa a través de cuerpos colegiados, el incremento presupuestal, la continuidad transexenal, la descentralización –de manera general, sin definirse–, y la racionalización de la infraestructura material y adquisición y conservación de acervos (sic), los marcos macro evidenciaron el clasismo que impera en la gestión museística.

¿Por qué no se incluyó como anfitrión a algún profesional de un museo comunitario, regional, privado o perteneciente a una instancia gubernamental ajena a la Secretaría de Cultura? Las problemáticas museísticas son diferentes y, como mencionó el presidente del patronato del Museo Regional de Huajuapan de León, Oaxaca, su museo, aun cuando promueve la convivialidad y la identidad mixteca de la comunidad, no tiene apoyo de las autoridades.

Acríticos ante sus propias gestiones, ninguno de los directores de museos de arte que participaron con propuestas, planteó la urgencia de aplicar protocolos y sistemas de rendición de cuentas que regulen y transparenten sus prácticas administrativas. Entre ellas, los vínculos con los patronatos, el destino de los proyectos financiados por los museos, la vinculación con el mercado, la discrecionalidad en la selección de artistas y exposiciones, y el clasismo profesional que se devela en pagos y contrataciones. 

Este texto se publicó el 2 de diciembre de 2018 en la edición 2196 de la revista Proceso.

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