Hubo agresión de migrantes, justifican funcionarios del gobierno federal por operativo en Chiapas

Persecución de migrantes en Chiapas. Foto: Especial Persecución de migrantes en Chiapas. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dos secretarios de Estado y tres altos funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador justificaron el doble operativo realizado ayer por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Policía Federal (PF) en Pijijiapan, Chiapas, donde fueron detenidos 371 migrantes centroamericanos, entre ellos niños y mujeres.

Tonatiuh Guillén, comisionado del INM, aseguró que se trató de una simple operación de “control migratorio”, como el organismo acostumbra “hacer todos los días”.

“No fue una operación de gran escala, hasta que un grupo de estas personas que estaban caminando en el área de Pijijiapan (tuvo una actitud de) agresión, pues hubo piedras y algunas cosas más, y por ello se solicitó el apoyo adicional de más personal del Instituto y de más personal de Policía Federal”, dijo el comisionado.

Sin embargo, periodistas de la agencia Associated Press (AP) que cubrían la caravana relataron una historia radicalmente distinta a la versión de Guillén, y afirmaron que la detención “se dio en dos operaciones desarrolladas con mucha violencia”.

Según el reportaje publicado ayer por AP, “unos 3 mil migrantes caminaban en caravana por la carretera, cuando los agentes instaron a los grupos que estaban separados a descansar y reagruparse para seguir avanzando luego; sin embargo, cuando los pequeños grupos se iban reuniendo, los elementos de seguridad los reprimieron. Los agentes detuvieron tanto a hombres como a mujeres y niños, quienes lloraban y gritaban desconsolados”.

Guillén afirmó: “Sí lamento muchísimo que estuvieran muchos niños, una tercera parte del flujo migratorio ahora está integrado por niños, eso es súper preocupante. No es responsabilidad del Estado mexicano que tenga esa composición la migración (…) Lamento el escenario, no es algo que queramos repetir, no es política, es un incidente, pero no omite que el Instituto tiene funciones de control de regulación migratoria”.

Este martes, durante hora y media Olga Sánchez Cordero y Marcelo Ebrard Casaubón –respectivos titulares de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE)– enfatizaron que el gobierno federal no cambió su política migratoria en las últimas semanas, pese al incremento en el número de detenciones y deportaciones.

Sánchez Cordero de plano responsabilizó a los integrantes de la caravana porque, dijo, “hubo agresión por parte de este grupo de personas hacia los agentes migratorios cuando les estaban pidiendo que se registraran y que regresaran a registrarse”.

Pero minutos después Guillén subrayó que en el doble operativo de ayer ningún agente del INM ni de la PF fue lastimado.

Conferencia impuesta

En la mañana, los equipos de comunicación social de la SRE y de la Segob improvisaron una conferencia de prensa en la Cancillería, después de que en su aparición matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a sus titulares a responder las dudas sobre las acciones contra los migrantes.

Sánchez Cordero utilizó un tono más duro que los demás locutores. “Mantener el control de nuestra frontera sur no es una opción, es una obligación del Estado mexicano. Lo estamos haciendo con orden y apegados a la ley”, aseveró la funcionaria, y exigió a los migrantes “respetar nuestras leyes y a nuestras autoridades”.

Alejandro Encinas, subsecretario para los Derechos Humanos en la Segob, incluso incorporó el tema migratorio en el giro de “la seguridad interior y la seguridad nacional”, y denunció que algunos grupos de migrantes “han alentado la confrontación o incluso actos de rapiña, de vandalismo, robo que se ha presentado”. Y de manera categórica negó que en el operativo fueran separadas familias.

Tras insistir en la “coyuntura con flujos inusuales” que atraviesa la frontera sur –hasta 300 mil personas arribaron a México en los primeros tres meses del año, según Sánchez Cordero–, los protagonistas de la conferencia de prensa reiteraron que la “nueva” política migratoria del gobierno de López Obrador nada tiene que ver con la de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, desde que la crisis se agudizó, el gobierno federal ha detenido y deportado a más personas que el año pasado (11 mil 800 en los primeros 22 días de abril, según Guillén, mientras que el INM deportó a 9 mil 650 personas en abril de 2018), ha realizado redadas y, a la par, entrega menos tarjetas y visas a las familias y niños no acompañados.

Al preguntar a Encinas qué diferencia la política migratoria de López Obrador de la de Peña Nieto, respondió: “Las cosas han cambiado profundamente. Simplemente (basta) ir ahorita al estado de Chiapas y ver toda la asistencia humanitaria que anteriormente no existía, y no hay un proceso de persecución”.

El pasado jueves 18, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM), que aglutina a 15 organizaciones de la sociedad civil, dio otra versión y denunció que en las instalaciones que pusieron las autoridades “hemos documentado la falta de acceso al agua y alimentos, a atención médica, a baños y espacios de aseo personal, así como a espacios adecuados y seguros para dormir”.

Además, el colectivo afirmó que el gobierno de López Obrador aplica “la política migratoria más violenta que se ha registrado en los últimos años en la frontera sur”, y resaltó el incremento en “el número de operativos de detención que se han implementado en los últimos días, en los que se encuentran presentes agentes de migración, policías federales, municipales y estatales, lo que habla de una lógica de criminalizar a la migración”.

Soluciones cortas

Ante la crisis migratoria, la titular de la Segob anunció que hoy entró en vigor la extensión del programa Tarjetas de Visitante Regional para ciudadanos de Honduras y El Salvador –que estaba reservado a los ciudadanos guatemaltecos y beliceños– y que pronto se extenderá el programa de Tarjetas de Visitante Trabajador Fronterizo a las personas de ambos países.

Pero es poco probable que ello solucione la situación, ya que una Tarjeta de Visitante Regional sólo autoriza a circular en los estados del sureste mexicano durante siete días y no se permite trabajar.

La Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo, por su parte, se otorga a personas mayores de 16 años, quienes cuentan con una oferta de empleo y recibieron el visto bueno del INM durante un año.

Cuando la caravana conocida como “éxodo centroamericano” llegó a México, el gobierno de Enrique Peña Nieto trató de mantenerla en el sur del país con la entrega de las mismas tarjetas, pero el plan fracasó y la caravana avanzó hacia el norte del país, con la intención de ingresar a Estados Unidos.

De acuerdo con Marcelo Ebrard, el gobierno mexicano ya tiene asegurados 500 millones de dólares en inversiones directas que derivaron del Diálogo de Alto Nivel entre empresarios y funcionarios de Estados Unidos y México. Ello como parte de la estrategia de inversión que la administración de López Obrador pretende llevar a cabo en la región sureste para detonar el desarrollo.

Cuando se le preguntó si el gobierno de Donald Trump presiona a México para endurecer su política migratoria, el exjefe de gobierno soltó: “No hay una comunicación oficial en donde se le diga a México ‘tienes que hacer esto’, y nosotros digamos que sí”.

Comentarios

Load More