El INM infringe ley migratoria: la Estación Siglo XXI tenía sobrecupo al momento de fuga masiva

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Migración (INM) admitió que durante la fuga de 645 cubanos de la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, ocurrida anoche, mil 745 personas se encontraban “albergadas” en ese centro, cuya capacidad máxima es para 960.

Al confirmar la situación de hacinamiento en ese lugar de detención, donde las personas aguardan su proceso de deportación, el INM reconoció que infringe la propia Ley de Migración, que estipula: “No se alojará a un número de migrantes que supere la capacidad física de la estación migratoria asignada”.

De acuerdo con el organismo, hasta anoche estaban “albergados” 980 migrantes cubanos en el centro, pero cientos de ellos “invadieron” distintas áreas, rebasaron a los custodios y lograron abrir la puerta principal. En total, 645 se dieron a la fuga; las autoridades capturaron a 35 e interpusieron “las denuncias penales que correspondan”.

La mayor parte de los cubanos retenidos en la estación migratoria tenía amparos “tramitados por abogados del área de Tapachula, que promueven falsas expectativas para obtener un documento que facilite el tránsito por territorio mexicano”. Lo anterior, según el INM, “sólo ha retrasado su retorno asistido a Cuba”, lo cual quiere decir que el organismo no plantea otra opción que deportarlos a la isla.

La fuga evidenció una vez más la grave crisis por la que atraviesa el sureste mexicano, marcada por la llegada de decenas de miles de familias de Centroamérica, y el disparo en las detenciones y deportaciones que realizó el INM para impedir que los migrantes avancen en territorio mexicano.

Hoy, un grupo conformado por más de 200 organizaciones de la sociedad civil –mexicanas, centroamericanas y estadunidenses– condenaron “enérgicamente” la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante la “crisis humanitaria y de asilo”.

En un comunicado, el frente de organizaciones, inédito por su magnitud, rechazó que las autoridades mexicanas eligieran la “persecución y la criminalización” contra la migración, y lamentaron las “graves violaciones a los derechos humanos” mediante la detención de niños.

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