El modelo represivo se reimplanta en Migración

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La renuncia del académico Tonatiuh Guillén López al frente del Instituto Nacional de Migración (INM), y su sustitución por Francisco Garduño Yáñez, cuyo perfil combina atributos políticos y policiacos, concretan el endurecimiento de la estrategia del gobierno federal para frenar la migración y cumplir su compromiso con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Guillén López nunca fue considerado en este compromiso. Ni él ni ningún funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob) acudió a la conferencia matutina del martes 11, cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presentó al nuevo “equipo especial” encargado de aplicar las medidas migratorias que son exigencia del mandatario estadunidense.

La advertencia sobre la pronta renuncia de Guillén se materializó en la tarde del viernes 14, cuando el comisionado envió un oficio a Andrés Manuel López Obrador para oficializar su dimisión después de cuatro meses de ser excluido paulatinamente de la conducción de la política migratoria.

Previo al arranque de la nueva administración federal, Guillén –doctor en sociología por El Colegio de México y exdirector de El Colegio de la Frontera Norte– expresó su rechazo a las políticas represivas aplicadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando México deportó a 700 mil centroamericanos.

Sin embargo, bajo la creciente presión del gobierno de Trump, el INM abandonó el enfoque “humanista” y de “derecho humano a migrar” que Guillén promovió durante su trayectoria.

En el tercer mes de la administración de Guillén, el INM echó mano de la maquinaria de detención y deportación heredada del sexenio anterior: sólo en mayo el gobierno mexicano retornó a 532 personas por día, 100% más que en el mismo mes de 2018.

Cifras insuficientes para Trump, éste exigió más amenazando con imponer aranceles a los productos mexicanos. El viernes 7, el gobierno de López Obrador aceptó reducir “significativamente” el paso de los indocumentados en un plazo de 45 días, principalmente con el despliegue de 6 mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera con Guatemala.

Exclusión paulatina

En las últimas dos semanas, Ebrard acaparó por completo el tema migratorio, convertido en el punto medular de la relación bilateral entre ambos gobiernos: el canciller tiene 45 días para presentar a Trump resultados “satisfactorios”, so pena de que imponga un acuerdo a México como “Tercer País Seguro”.

Así quedó marcado ante el nuevo equipo especial que el canciller y el presidente conformaron para concretar el acuerdo con Washington. El grupo lo integran Garduño, así como el general brigadier Vicente Antonio Hernández, comandante de la 36 Zona Militar con sede en Tapachula; Horacio Duarte, quien supervisa el programa Jóvenes Construyendo el Futuro; Javier May Rodríguez, subsecretario de Bienestar, y Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe.

La presencia de Garduño en el equipo especial causó sorpresa el martes 11, pues todavía estaba a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social. Servidor público desde el sexenio de Luis Echeverría, es un operador político muy cercano a López Obrador: fue uno de los fundadores de Morena y participó desde 2006 en las campañas del tabasqueño en el estado de Hidalgo.

Dirigió los penales juveniles en la Ciudad de México, trabajó en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), fue secretario de Seguridad Pública capitalina durante el gobierno de López Obrador en el entonces Distrito Federal y ya sumaba seis meses bajo las instrucciones de Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La exclusión de Guillén ilustró cómo el funcionario perdió el control y la influencia sobre la política migratoria desde febrero pasado. En un primer momento, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tomó las riendas del problema e impuso una política enfocada en la contención de los migrantes y en el regreso del discurso “duro” que vincula a los indocumentados con la seguridad nacional.

Así lo refrendó la funcionaria el martes 11, cuando afirmó que “la Guardia Nacional se hizo también para la seguridad nacional. La entrada de migrantes irregulares es parte de nuestra seguridad nacional (…) porque nosotros tenemos también derecho a que nuestras leyes se respeten y a cuidar nuestra frontera”.

Guillén también quedó fuera del debate sobre la Guardia Nacional. Ante las preguntas hechas por Proceso a finales de abril último, el excomisionado reconoció que ni él ni nadie en el INM fue consultado para la elaboración de la iniciativa de ley sobre el nuevo cuerpo de seguridad, pese a que le otorga a éste amplias facultades para revisar documentos y arrestar a migrantes, custodiar los centros de detención migratoria y para controlar las garitas y las zonas fronterizas.

Activistas que fueron entrevistados en Chiapas la semana pasada dijeron que tenían la esperanza en el nuevo gobierno federal en materia de derechos y migración; explicaron que su confianza estaba basada en que el perfil de la delegada del INM en ese estado, Carmen Yadira de los Santos Robledo, contrastaba con el de los delegados anteriores, pues la nueva reflejaba una apertura al diálogo y a la colaboración con las organizaciones sociales.

Sin embargo, señalaron que la Segob envió a su personal de otras regiones del país para endurecer la política migratoria y “ató” de manos a la delegada, quien cortó la interlocución con los activistas.

Prueba no superada

La dimisión de Guillén pone un punto final al experimento de la llamada Cuarta Transformación que consistió en confiar el INM a un académico abiertamente opuesto a la política de contención migratoria y a las medidas represivas instrumentadas durante el gobierno de Peña Nieto.

En la administración del priista, el INM estuvo a cargo de Gerardo Elías García Benavente y de Ardelio Vargas Fosado, dos expolicías del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quienes abordaron el problema migratorio desde un enfoque represivo.

Durante una entrevista con Proceso en noviembre último, Guillén prometió un cambio drástico en la política migratoria mexicana, que implicaría el cese de las deportaciones sistemáticas, operativos y militarización de las tareas migratorias en el contexto del Plan Frontera Sur, implementado durante el sexenio de Peña Nieto.

En esa ocasión insistió en que “el gran desafío del nuevo diseño de la política migratoria es trascender al concepto de contención y consolidar el concepto de derechos humanos y de desarrollo (…) sacar la movilidad de las personas del mapa de la seguridad nacional”.

Anunció entre otras medidas que ya no habría operativos, que se abandonaría el encarcelamiento de migrantes –especialmente de menores de edad– y se daría un mejor acompañamiento a las caravanas de migrantes. Reiteró que las políticas de contención resultaron inútiles: “Los flujos los hemos tenido de manera más intensa en la última década; se han agudizado y estamos en un punto límite, están creciendo”.

En diciembre pasado Guillén aseguró que la llamada “nueva política migratoria” de México permitiría un mayor ingreso regular para los centroamericanos –mediante el otorgamiento de tarjetas, entre otros documentos–, un mejor seguimiento a las solicitudes de refugio y una atención particular a la protección de los derechos humanos de los migrantes.

En la práctica eso no ocurrió. Desde febrero último, el INM –apoyado por la Policía Federal y fuerzas militares– desmanteló las ocho caravanas migrantes que pretendieron cruzar México, dejó de entregar tarjetas de visitante por razones humanitarias, rebasó (a veces hasta lo doble) las capacidades de los centros de detención migratoria y regresó a una política de detención y deportación sistemática.

En noviembre último, Proceso preguntó a Guillén sobre la estrategia que se emplearía para que Trump aceptara la nueva política migratoria mexicana. El académico llamó a que Estados Unidos reconociera su responsabilidad por los desmanes que causó en Centroamérica y en el aspecto migratorio. “Ojalá y el cambio político en Estados Unidos revierta estas posiciones imperialistas…”.

–¿Y si no?

–Y si no, seguiremos en problemas.

Este texto se publicó el 16 de junio de 2019 en la edición 2224 de la revista Proceso.

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