Alertan a la ONU de megapresa de jales en Sonora, la nueva amenaza de Grupo México

Presa De Jales en Buenavista del Cobre

GINEBRA, Sui (apro). – La organización PODER presentó el caso de la nueva presa de jales que construye Grupo México en Sonora al Grupo de Trabajo de la ONU de Derechos Humanos y Empresas, le alertaron sobre los riesgos que representa para la comunidad de Bacanuchi y sobre los pocos avances de su situación a cinco años del peor desastre ambiental registrado en México.

“Nos reunimos con el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas para exponerles el caso de la nueva presa de jales que construye Grupo México en Sonora y los riesgos que tiene para los habitantes de la zona”, reveló a Proceso Ivette González de PODER.

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La nueva amenaza de Grupo México

González comentó que en una reunión celebrada en Ginebra con el Grupo de Trabajo de la ONU alertaron que a pesar del derrame ocurrido en agosto de 2014 en que los ríos Sonora y Bacanuchi fueron contaminados con 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, la misma empresa construye otra presa de jales en la misma zona en total opacidad y sin haber resuelto las asignaturas pendientes con la comunidad afectada.

“Al Grupo también se le actualizó de lo que ha sucedido con las comunidades afectadas desde su visita a México en 2016, porque además Relatores Especiales de la ONU sobre el Derechos al Agua y Saneamiento, sobre el Derecho a la Salud y sobre Residuos Tóxicos hicieron un llamado al gobierno y a la empresa para que respondiera ante el caso del Río Sonora”, dijo.

“Esto ha sido un golpe ambiental muy fuerte para las comunidades y venimos a buscar más apoyo del Grupo de Trabajo de la ONU para que haya un fortalecimiento del proceso judicial, se puedan encontrar sentencias favorables ante los 3 amparos que están en revisión en la Suprema Corte y que la implementación de esas sentencias, no se queden en papel”, expuso.

Como es sabido Grupo México está construyendo otra presa de jales en las inmediaciones de la comunidad de Bacanuchi la cual tiene un área de más de 6,535 hectáreas de superficie y una cortina de casi 200 m de altura.

Según el cálculo de PODER, asociación civil que ha asesorado a los damnificados en los procesos legales contra Grupo México ante la Suprema Corte de Justicia en la Nación, el pueblo de Bacanuchi cabe 178 veces en la superficie de la nueva presa, lo que significa un riesgo mayúsculo para los habitantes río abajo.

“Un derrame de esta presa de jales de la mina Buenavista del Cobre podría acabar con la población de Bacanuchi. Incluso Grupo México ha reconocido que la comunidad está dentro del área de afectación directa de la presa”, subraya.

La cita de PODER con el grupo de expertos de la ONU tuvo lugar en el marco del Foro de Empresas y Derechos Humanos que se llevó a cabo hacia finales del año en la ciudad helvética.

El Grupo de Trabajo de la ONU conoce desde las entrañas el caso ya que visitó Sonora en 2016 durante un recorrido que hizo a 5 estados del país, posteriormente extendió sus recomendaciones, pidió consultas a las comunidades de los proyectos y entre otras cosas también pidió fortalecer a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente).

González remarca la urgencia de fortalecer a la Profepa para que pueda continuar haciendo su trabajo, sin embargo, comenta que advirtieron a los expertos que a pesar de la recomendación “la Profepa no tiene ni los recursos humanos ni económicos para hacerlo”.

“No se ve la voluntad política para implementar las recomendaciones del Grupo’’, acusó.

A cinco años de esa catástrofe, no hay remediación, el acceso a la justicia sigue ausente para las comunidades afectadas y la colusión entre autoridades y compañías permanece, dijo por su parte Miguel Soto director de Vinculación Estratégica de PODER sobre su conversación con el Grupo de expertos de la ONU.

La historia de negligencia de Grupo México

Argumenta que, con la construcción de esta nueva presa de jales, pero mucho más grande, la inseguridad para las comunidades del Río Sonora va en aumento.

La situación para las personas de Bacanuchi empeora, en vez de obtener justicia, reparación y garantías de no repetición ahora enfrentan más amenazas. La historia de negligencia de corporaciones como Grupo México nos hacen creer sin duda que la nueva presa fallará.

“La pregunta ya no es si fallará o no, la pregunta es cuándo ocurrirá esto y cuánto tiempo tomará que los desechos de esa mina lleguen a la comunidad de Bacanuchi y su ecosistema”, lanzó.

A continuación, menciona algunas de las fallas fundamentales de la nueva presa de jales: “La presa fue construida sin participación ni consentimiento de la comunidad. El caso fue litigado y llevado ante la SCJN.

Las y los jueces ordenaron una reunión pública informativa la cual se llevó a cabo, pero no cumplió a cabalidad la sentencia emitida por la Corte por lo que deberá ser repetida.

No hubo acceso a la información por parte de la comunidad. Un llamado “informe preventivo” fue aprobado por el anterior gobierno en “fast track” (solo 20 días).

No hay información sobre el monitoreo de aguas superficiales ni subterráneas. No hay información sobre las medidas de mitigación o prevención de impactos sociales ni en el ambiente.

Sumado a ello, la presa fue construida y comenzó a operar antes de tener aprobación de Semarnat y como se sabe, el Grupo México de Germán Larrea ni siquiera ha cumplido con sus obligaciones luego del derrame que provocó en 2014’’.

La reunión con el Grupo de la ONU, agrega Soto, también tuvo como objetivo dar seguimiento a las recomendaciones que hizo a raíz de su visita a México “y para seguir acompañando el caso a la luz de estos nuevos acontecimientos”.

“Estarán vigilantes”, recalca.

Plan nacional de acción de empresas y derechos humanos

Otra cuestión que destacó en su reunión con los expertos del Grupo es “la urgencia para que se comiencen a establecer mecanismos de debida diligencia obligatoria para las empresas en derechos humanos’’.

Para el activista, las empresas en México deberían estar obligadas por ley, como la ley de debida vigilancia adoptada en Francia para respetar derechos humanos en el contexto de los mega proyectos.

“México debe obligar a las empresas a respetar derechos humanos como ya se hace en otros países como Suiza o Noruega, además de Francia”, sugiere.

Además, consideró que es importante que se articulen las secretarías de Economía, la Cancillería y Gobernación para poder hacerlo: “deben coordinarse para avanzar en esa dirección en el marco de políticas públicas y también en el Legislativo que se empiecen a contemplar esos caminos”.

En su opinión el camino “más largo” es el legislativo, pero las dependencias mencionadas “no están articuladas trabajando en conjunto, ellas trabajan muy por su cuenta y en las reuniones que tenemos una no le habla a la otra, lo hemos visto y si llega a salir un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos “las tres secretarías tienen que estar de acuerdo con la ruta a seguir para que salga lo mejor posible’’.

“Preocupa que no se pongan de acuerdo ni para avanzar en eso”, deploró.

Confianza en la ONU

Por otra parte, Gloria Simpson una de las víctimas del derrame de 2014 comenta a este semanario que “el Gobierno actúa como si todo estuviera bien. De hecho, está promoviendo que se incentive la actividad minera en la zona”.

Expresó preocupación porque “hace unos días, se hizo público que el centro médico que estaba prometido para atender la salud de los afectados después del derrame, y que quedó en obra negra, ahora se entregó para las instalaciones de la Guardia Nacional”.

“¿Pero por qué, para qué y nosotros en dónde nos vamos a atender?”, cuestionó.

Y sigue: “A mí me preocupan nuestros niños, que siguen tomando el agua de la llave y que no sabemos si esa agua sigue contaminada. También nuestros animales están desprotegidos. Nuestra tierra ya no rinde como antes y casi no podemos cultivar. Y otro dato importante: nuestra salud se ha deteriorado’’.

Además, expresa profunda preocupación porque “hay muchos más casos de cáncer, de asma, de problemas de la piel y problemas digestivos’’.

“Nosotros esperamos que el gobierno de AMLO nos ayude a cancelar esa presa, que sí nos escuche”, urgió.

“También queremos que se reabra lo del fideicomiso de 2 mil millones de pesos de los que se gastó el 61% de los recursos prometidos y fueron muy pocos los beneficiados’’, acusó.

“El apoyo era para nosotros los afectados y la gente está batallando en muchos aspectos, no se me hace justo que tengamos más gastos que no nos corresponden, la gente tiene que estar comprando su agua (…)  y además no creo que el Sr. Larrea necesite más dinero’’.

“Exigimos información por parte de la empresa y del gobierno, también que se hagan estudios independientes que nos aseguren que la región ya no está contaminada. Exigimos total transparencia y disponibilidad en el manejo de esa información”, urgió la sonorense quien se mostró confiada en que la ONU no los abandonará.

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