OAXACA, Oax. (apro).- En el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, el Congreso local aprobó el dictamen para eliminar formas de malnutrición entre la niñez y la adolescencia, y exhortará a la Secretaría de Gobernación (Segob) a limitar la publicidad de bebidas azucaradas y alimentos chatarra para contrarrestar la obesidad. En la defensa de la iniciativa, los promoventes mencionaron estudios que revelan que la tasa de letalidad por contagios de covid-19 entre la población mexicana es de 10.7 por cada 100 mil habitantes, lo que coloca al país por encima del promedio de la tasa de letalidad mundial, que asciende a 6.2.

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Tras ataques a López-Gatell, atizan a refresqueros: mueren 40 mil al año por esas bebidas Lo preocupante, subrayaron, es que en esa tasa de mortalidad se ha identificado a la obesidad como un componente relevante, y la alimentación deficiente, basada en un alto consumo de azúcares y sal con bajo valor nutrimental, afectan la salud de la población, especialmente de las nuevas generaciones. El exhorto que la diputada de Morena Magaly López Domínguez propuso es que “el gobierno de México establezca la regulación necesaria para evitar que los intereses económicos de grandes empresas productoras y comercializadoras de refrescos y alimentos chatarra prevalezcan por encima de los derechos de las niñas y los niños a la salud y a la vida”. Además, solicitó que la dependencia federal correspondiente utilice las facultades que le confiere el Artículo 217, Fracción X, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y establecer la regulación necesaria para la prohibición total de la publicidad de comida chatarra. La 64 Legislatura aprobó el dictamen que adiciona el artículo 20 Bis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, para eliminar formas de malnutrición de niñas, niños y adolescentes en la entidad, como la venta de bebidas y alimentos chatarra. El dictamen fue aprobado por el pleno en su primera lectura. Está pendiente su aprobación en segunda lectura, luego de lo cual será remitido al Ejecutivo estatal para su publicación en el diario oficial de Oaxaca. Las y los diputados mencionaron que, con la implementación de la medida recientemente aprobada en el Congreso de la Unión, respecto del etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas, no se garantiza la disminución del consumo de productos chatarra por parte de los menores de edad, pues esa medida no es suficiente para motivar cambios en la toma de decisiones de los consumidores. Por ello, consideraron necesario adoptar en Oaxaca medidas más eficaces que tiendan a eliminar por completo esas formas de malnutrición, como son el consumo y la ingesta de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, que cada vez va en aumento. En respuesta, las cámaras empresariales y la iniciativa privada externaron su preocupación de que en el Congreso se procesen temas de impacto directo para distintos sectores económicos, mismos que son contrarios al objetivo de mantener los empleos y generar acciones en favor de la recuperación económica. Su preocupación radica en el hecho de que sin una argumentación sólida y desatendiendo las peticiones de audiencia del sector privado, se pretenda prohibir la venta de una serie de alimentos y bebidas a menores de edad. Los empresarios señalaron que si bien dicho proyecto legislativo surge de un objetivo loable, que es el de contrarrestar los efectos negativos del sobrepeso y la obesidad en la población mexicana, existen algunas disposiciones que se contraponen a la normatividad vigente en materia de educación y salud, situación que podría eventualmente originar un efecto contrario al esperado mediante la creación de una controversia jurídica al legislar sobre facultades exclusivas de la federación establecidas en la Constitución. Consideraron que la medida generaría un alto impacto económico en toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, incluyendo productores artesanales y pequeños comercios. Para soportar su dicho mencionaron datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) donde se estima que la medida podría impactar directamente a alrededor de 58 mil comercios, en particular misceláneas, tiendas de abarrotes, loncherías, fondas, taquerías, entre otros. Lo anterior, porque alrededor de 60% de los ingresos de dichos negocios dependen de la venta de alimentos y bebidas, condición que generaría una significativa pérdida de empleos. Adicionalmente, recalcaron, la prohibición tendría un impacto directo en la economía regional, en particular para los pequeños y medianos fabricantes de productos tradicionales como el cacao y chocolate, “íconos de nuestro estado que actualmente se encuentran en riesgo por la baja producción de la semilla y la carga fiscal que se le ha impuesto en tiempos recientes, mermando los ingresos de las familias cacaoteras y chocolateras”. De igual manera, resaltaron que en el país y en particular el estado de Oaxaca hay, en estos momentos, una crisis económica profunda que afectará principalmente a los pequeños comercios. Tan sólo a nivel nacional se estima que por esta situación han cerrado más de 70 mil tiendas de abarrotes, añadieron. Y manifestaron la importancia de observar que el próximo 1º de octubre se prevé la entrada en vigor de las recientes modificaciones a la Norma Oficial Mexicana NOM-051-SCFI/SSA1-2010, en materia de etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tendrá como objeto informar al consumidor sobre el contenido de los productos. Por tal motivo, “consideramos que es menester esperar a la implementación de las políticas de carácter federal y valorar su efectividad con base en su ejecución, previo a implementar medidas coercitivas que puedan dañar el patrimonio de miles de oaxaqueños, sin evidencia alguna que sustente o justifique la medida”. Finalmente, exhortaron al Congreso de Oaxaca a no castigar a los comerciantes locales y posponer la votación de la reforma propuesta, en tanto no se realice un análisis integral de la misma y se promueva un diálogo con los distintos sectores económicos y sociales del estado que se verían gravemente afectados.