CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Para Christel Rosales, investigadora senior de la organización México Evalúa, la Fiscalía General de la República (FGR) y el Senado allanaron el camino para que Emilio Lozoya Austin llegara a México con todo a su favor para concederle el criterio de oportunidad. Prueba de ello, expone en entrevista con Proceso, son las reformas al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, aprobado por el Senado en noviembre de 2019 para incluir el delito fiscal en el catálogo. Otro de los puntos que evidencia el presunto acuerdo previo entre la FGR y Lozoya, arguye, es que los delitos que se le imputaron –asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita– dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales no son lo suficientemente graves como para excluirlo del beneficio del criterio de oportunidad. También se modificó la parte en que una condicionante para otorgar el beneficio era que el imputado debía garantizar la reparación del daño. A partir de la reforma, quien tiene que retribuir el daño es la o las personas a quienes Lozoya Austin señale y aporte pruebas que lleven a configurarles el delito de delincuencia organizada y lavado de dinero. Al parecer este es el objetivo de la denuncia que el martes 11 interpuso Lozoya Austin contra el expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso. El martes 11 por la mañana Lozoya presentó una denuncia de hechos ante la FGR en la cual señaló que Peña Nieto y Videgaray fueron quienes le ordenaron entregar el dinero a legisladores, asesores electorales y un partido político para financiar la campaña presidencial de 2012. Como pruebas exhibió recibos, así como un video, y proporcionó los nombres de cuatro testigos. En un mensaje virtual, el fiscal Alejandro Gertz Manero expuso que Lozoya habló de sobornos por arriba de los 100 millones de pesos, utilizados fundamentalmente en la campaña presidencial de 2012. Esa suma que recibió Lozoya y luego canalizó a los asesores extranjeros que trabajaron en la campaña electoral, provenía de la constructora Odebrecht. Según esa versión, Peña Nieto y Videgaray fueron quienes le ordenaron proceder de esa manera. Sobre la compra de votos para las reformas estructurales en 2013 y 2014, Lozoya habló de 120 millones de pesos y mencionó que las mismas personas le ordenaron entregarlos a un diputado y a cinco senadores.

Escenarios prospectivos 

Christel Rosales, quien realizó un análisis para México Evalúa sobre los posibles caminos a seguir en el proceso penal de Lozoya, aborda el tema en entrevista con Proceso: “Desde que emiten la orden de aprehensión y su detención en España en febrero de este año, identificamos que se estaban moviendo las cosas, en términos legislativos, de una manera hasta cierto punto sospechosa, por algunas modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, para abrir una ventana de oportunidad para que pudieran considerarse los delitos fiscales dentro del beneficio llamado criterio de oportunidad.” Se modificó el artículo 256, que especifica los delitos por los cuales una persona imputada puede acceder al beneficio del criterio de oportunidad. En el listado de ilícitos que podían aspirar a este beneficio no aparecían los delitos fiscales que se le imputan a Lozoya. Otra modificación al mismo artículo es el de la reparación económica del daño. La versión original disponía que ésta correría a cargo de la persona imputada –Lozoya–, sin embargo la modificación establece que corre a cargo del o las personas que él señale como responsables. Sin esa reforma, Lozoya no hubiera podido apelar al criterio de oportunidad ante la FGR. –¿Aunque el artículo 256 señale que este beneficio podrá otorgarse siempre y cuando el imputado no haya cometido un delito que afecte al erario? –Exactamente. A Emilio Lozoya le imputan­ los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. A él no se le está acusando por el desfalco de Pemex o por alguna otra pérdida cuantiosa del erario federal. Esto llama la atención pues de alguna manera la información con la que contaba la FGR –y en su caso la obtención de las pruebas para realizar la imputación a Lozoya con Agronitrogenados y con Odebrecht– sugiere que la fiscalía pudo imputarle delitos más graves, como delincuencia organizada y lavado de dinero, pero optó por atribuirle sólo delitos acordes el artículo 256 y acogerse al criterio de oportunidad. Y como esos delitos que se le atribuyen no afectan al erario, la imputación sugiere que hay un acuerdo pactado previamente con la defensa, insiste la entrevistada. Gertz Manero no ha hablado de una suma total, sino de cantidades por cada uno de los actos denunciados como probables hechos delictivos. Por lo que atañe a la FGR, su tarea es integrar una investigación impecable en la cual puedan comprobarse la delincuencia organizada y el lavado de dinero. https://www.proceso.com.mx/643568/la-red-de-corrupcion-de-lozoya-en-pemex

Los pendientes de la FGR

El miércoles 12, durante un diálogo virtual organizado por El Colegio de México, se le preguntó a Gertz Manero si Lozoya tenía que garantizar los 10 mil millones de pesos de daño al erario, pero sólo respondió que la fiscalía, con las propiedades que ya tiene incautadas, asegura una parte del daño. “Es el punto sensible –comenta la entrevistada–, entiendo que el fiscal mantenga una respuesta reservada porque, en principio, de acuerdo con el artículo 256, la reparación del daño podría estar corriendo a cargo de las personas que él (Lozoya) señale, como Peña Nieto y Videgaray.  “Para nosotros, otra condición es que, una vez que las personas que él señale sean presentadas ante la justicia y se lleven a cabo las audiencias, Emilio Lozoya tendría que participar como una prueba testimonial, pensando al menos en el expresidente Peña Nieto y en su exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, así como en los legisladores que han sido mencionadas por Lozoya en su denuncia.” Y añade: “Lo que tendríamos que ver de la fiscalía es que el beneficio de criterio de oportunidad –que en su momento se le otorgaría a Lozoya– se tradujera en una investigación real de alto espectro que nos permitiera no sólo llevar a la cárcel, como muchos han sugerido, a personas con altos cargos en administraciones pasadas, sino desenmarañar esas redes de corrupción, cómo operan, y a todas las instancias que puedan verse involucradas en los procedimientos”. Eso, acompañado de la reparación económica del daño, independientemente de quién la solvente, sería suficiente para considerar este caso como emblemático, como un parteaguas.  Rechaza que los delitos denunciados por Lozoya el martes 11 hayan prescrito: “En principio –expone– es algo que no podemos saber. Desde nuestra lectura, consideramos que hay delitos que no necesariamente prescribieron, por ejemplo en el caso de Odebrecht, en cuanto a la obtención de recursos para ser destinados al pago de asesores extranjeros.  “Este es un delito que tendría que estarse investigando. En segundo lugar, el pago de 52 millones que se entregó a legisladores y quizá también los privilegios que haya obtenido en su momento la planta Etileno XXI.” Expone Rosales: “Lo vemos como una cuestión diferente a lo que el año pasado reportó la Fepade, porque lo que hizo fue una investigación sobre la inyección de recursos a la campaña, pero no necesariamente sobre estos recursos relacionados con Odebrecht, que pudieron haber tenido diversos destinos, como el pago a asesores extranjeros. “Respecto a los señalamientos que hace Lozoya contra Peña Nieto, Videgaray y los legisladores, tenemos que identificar a título de qué se recibieron esos recursos procedentes de una empresa extranjera. Quiénes los autorizaron, quiénes ordenaron el destino de esos recursos. Entonces, podría estar configurándose el hecho de que haya habido delincuencia organizada, lo que tendría que ser investigado por la FGR.  “Hay varios delitos que han sido señalados, uno de ellos es la compra de Fertinal, donde identificamos que involucra 635 millones de dólares y en el caso del astillero español, que al menos ha implicado pérdidas para Pemex por alrededor de 150 millones de euros.” https://www.proceso.com.mx/643929/difunden-video-de-presunto-soborno-en-el-que-aparecen-exfuncionarios-ligados-al-pan