El conflicto por el recorte del Programa de Estímulos al Desempeño Docente le estalló en la cara al equipo de Raúl Padilla: los académicos afectados cuestionan públicamente por qué se suspenden estos reconocimientos por mérito y en cambio se mantienen intocados los onerosos proyectos empresariales y políticos del exrector, así como los supersueldos de los directivos centrales. La respuesta del Grupo Universidad muestra su estilo de “debate”: empezó a despedir a los inconformes.     Funcionarios de la Universidad de Guadalajara (UdeG) iniciaron la persecución de personas ligadas al grupo de académicos que conforman el Colectivo de Reflexión Universitaria, que desde hace varias semanas han mostrado su inconformidad por el recorte de cientos de profesores que integraban el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (Proesde), para dar prioridad a gastos suntuarios y a los supersueldos de los directivos. El pasado martes 2, el mencionado colectivo académico, independiente del Grupo UdeG que encabeza el exrector Raúl Padilla López, denunció ante los medios de comunicación que era objeto de una campaña de hostigamiento por exigir que se cumplieran los derechos de los profesores. La primera académica expulsada injustificadamente de la universidad estatal, concretamente del Centro Universitario de los Valles (CUV), fue la doctora Mercedes León Sánchez, esposa de Bernardo Jaén, uno de los líderes del grupo de inconformes. Otros profesores han salido de la casa de estudios por los mismos motivos. León Sánchez se desempeñaba desde hace más de dos años como profesora de tiempo completo, con la categoría de investigadora asociada B, era la responsable del Centro de Emprendurismo e Incubación de Empresas, y fungía como directora y asesora de tesis de maestría. Todo ese trabajo y sus méritos resultaron inútiles: de todas formas el 26 de julio le comunicaron que estaba fuera de la universidad. La doctora León asegura a Proceso Jalisco que el pretexto para despedirla fue un recorte presupuestal, pero coincide con el conflicto laboral por la posición disidente del Colectivo de Reflexión Universitaria y la consiguiente intención de los directivos del CUV de expulsarla. Asegura que el responsable de la Secretaría Académica, Adrián Santana Medina, la buscó un día antes del inicio del periodo vacacional para informarle que estaba despedida y le exigió que firmara los documentos correspondientes. No obstante, antes de eso ella había comprobado que ya habían cambiado la cerradura de su oficina sin darle ninguna explicación. Además, le bloquearon anticipadamente su cuenta de correo institucional. La afectada asegura que ante esas evidencias de que se trató de un plan para sacarla de la universidad de cualquier manera, decidió no firmar ningún documento. Desigualdad extrema   Hace tres semanas, a raíz de los recortes a los programas de estímulos a docentes, el Colectivo de Reflexión Universitaria se pronunció por una discusión abierta sobre las causas que generan la crisis permanente de la UdeG, y adelantaron que, además de los recortes presupuestales de orden federal, existe un marcado gasto en obras y proyectos no sustantivos para la docencia. Los profesores disidentes pusieron como ejemplo la construcción del Auditorio Telmex; la extensión de la Feria Internacional del Libro a Los Ángeles, California; la Feria Internacional de la Música que se realizó por primera vez en mayo pasado, y la construcción y operación del teatro Diana. Todos estos proyectos son manejados directamente por el exrector Raúl Padilla López, aunque los denunciantes se cuidan de mencionar directamente su nombre, toda vez que ejerce el poder absoluto en la institución. Los miembros del colectivo señalaron además la falta de transparencia en el uso de recursos en todos esos negocios y los supersueldos que se otorgan los funcionarios de la administración central, el núcleo de privilegiados que ocupan dos o tres plazas como directivos, académicos e investigadores, como es el caso del propio rector general, Marco Antonio Cortés Guardado; del vicerrector, Miguel Ángel Navarro, y del secretario general, Alfredo Peña Ramos, cuyos sueldos brutos oscilan entre 90 mil y 155 mil pesos mensuales, según la página de Transparencia oficial que, por cierto, acaban de retirar de la red. Un catedrático como la doctora Mercedes León percibe poco más de 12 mil pesos mensuales. En el listado de los académicos beneficiados con el Proesde también aparecen el exrector y diputado federal del PRI Trinidad Padilla López –también exrector y hermano de Raúl–, quien cobra como docente de la UdeG independientemente de su sueldo de legislador. Un caso similar es el de su compañera de partido, la legisladora local Patricia Retamoza, quien cobra en el Congreso y en la universidad. Los docentes e investigadores universitarios anunciaron que mantendrán su actitud crítica sobre lo que ocurre con los recursos de la UdeG a pesar de las represalias y las amenazas: “Somos universitarios y tenemos el derecho de organizarnos y manifestarnos. Exigimos pleno respeto a la libertad de expresión y asociación”. Bernardo Jaén argumenta: “Nos dicen que ya nos pongamos en paz, que no sabemos en lo que nos estamos metiendo y que está en riesgo nuestra estabilidad laboral, pero este movimiento lo hacemos de cara a la opinión pública y a nuestros compañeros universitarios; nuestro objetivo es contribuir a mejorar la calidad de nuestra universidad, no estamos disputando el poder a nadie y creemos que nos asiste la razón”. La doctora Mercedes León y otros empleados del CUV denunciaron que el servicio de transporte que diariamente utilizan para ir de la Rectoría General hacia Ameca (donde están las instalaciones del centro universitario), empezó a cobrar 40 y 50 pesos diarios de pasaje, dependiendo del vehículo, aunque se había establecido el compromiso de que fuera gratuito. En contraste, la rectora del CUV, Mónica Almeida, cuenta con auto oficial de modelo reciente y chofer a su entera disposición. Otra de las irregularidades que mencionan es la compra obligada de boletos para el sorteo de los Hospitales Civiles. “A los académicos se les exige pagar dos boletos y se les ofrece la posibilidad de pagarlos con descuentos vía nómina; a los administrativos les obligan a comprar al menos un boleto”, aseguran los inconformes, quienes además dudan de la legalidad de esa rifa.