PARIS, FRANCIA (Proceso).- Este es uno de los países europeos que ha defendido con mayor ahínco su industria cultural desde que se inició el empuje por abrir los medios a los empresarios privados y al intercambio con el resto del mundo, especialmente con la gran potencia en el ramo, los Estados Unidos. Desarrolló en instancias internacionales y también en el ámbito académico el tema de la “excepción cultural”, que consiste en evitar que los contenidos audiovisuales sean incluidos en los tratados de libre comercio con el fin de establecer una cierta barrera al libre ingreso de los productos de este tipo al país. Junto con ello mantiene cuotas de exhibición, apoyo del Estado a los realizadores e impuestos que favorezcan lo producido internamente. En el fondo de esta iniciativa se encuentra la necesidad de mantener la diversidad cultural, única manera de preservar identidades que se han ido alejando de la gran matriz capitalista. Su influencia se ha dejado sentir en otras latitudes, por ejemplo en Canadá, el cual mantuvo, a contracorriente de México y Estados Unidos, “la excepción cultural” cuando se firmó el TLCAN. En la actualidad continúa con dicha política pues, según el diario Liberation (19 junio), logró mantenerla después de negociar más de trece horas con los comisionados de la Unión Europea que están diseñando un nuevo tratado comercial con E.U. Sin embargo, se pregunta el corresponsal en Bruselas del periódico, Jean Quatremer, si no se trata sólo de una cortina de humo para esconder el verdadero problema: dar luz verde al establecimiento de un enorme mercado trasatlántico en el cual circulen libremente los bienes, los capitales y los servicios. Un convenio de ese tipo no implica únicamente poner en riesgo la balanza comercial y a la industria europea, sino que significa mucho para el modo de vida. La estructura toda de sociedades basadas en el bien común en donde se da prioridad a las cuestiones ambientales, de salud, educativas, a la protección de datos personales, a los derechos de autor, del consumidor y del ciudadano, puede venirse abajo. Ello es así pues con los convenios se abaten no solamente las barreras arancelarias sino las reglas que protegen a los habitantes del abuso de comerciantes y empresarios. El Estado tutela esos derechos y la opinión pública presiona para que se respeten. Sin una estructura de este tipo esta parte del mundo caería también en el esquema estadunidense, en donde se han eliminado por completo las limitaciones a los empresarios y son las leyes del mercado las que avasallan a las comunidades y a los seres humanos. En el caso de las industrias de la cultura se busca no sólo apoderarse de un mercado de consumidores, también abatir salarios, prestaciones y reconocimiento del trabajo intelectual llamándolo hoy “creativo”, las obras bajo copyright, el pago a destajo. De eso se trata en el fondo cuando se habla de “industrias creativas” en lugar de “industrias de la cultura”.