MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio entrada a la queja interpuesta por el cantante Laureano Brizuela, quien reclama al Estado mexicano resarcir el daño moral y económico tras ser encarcelado durante cuatro meses, en 1989, por presunta evasión y defraudación fiscal. De acuerdo con la notificación envidada a Brizuela el pasado martes 19 por el organismo presidido por Emilio Álvarez Icaza, el cantante tendrá cuatro meses para presentar sus observaciones adicionales sobre el fondo del caso. Asimismo la CIDH se puso a disposición de las partes, es decir, del Estado mexicano y de Brizuela, para “llegar a una solución amistosa” del asunto. En entrevista con Noticias MVS primera emisión, Brizuela dijo haber sido víctima del “terrorismo fiscal” ejercido durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entonces a cargo de Pedro Aspe. Su detención, dijo, fue producto de un “cuatro de la Secretaría de Hacienda”, pues él no sabía nada de los procedimientos por los que estaba acusado. “El sistema quería sembrar terror”, acusó. Según Brizuela, su caso se cayó desde el primer minuto porque la SHCP sólo tenía como prueba un documento que firmó dentro de la cárcel, sobre un crédito que no habría pagado. “Se me adjudicaron créditos que están probados como inexistentes. Los tuve que pagar para salir de la cárcel”, acusó. El cantante llevó su caso hasta el Tribunal Fiscal de la Federación y el juicio duró seis años. También llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pero ésta resolvió “en 40 minutos” que él quiso pagar” y por ello no era posible devolverle el dinero que pagó para salir libre. Al estar interno en el Reclusorio Norte, abundó, se le exhibió como delincuente y hubo una afectación irreparable a su buen nombre y fama. El cantante también reveló que fue gracias a una llamada que autorizó Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, a la Secretaría de Hacienda que se puso fecha a su salida de la cárcel. En dicha llamada, contó, la empresa argumentó en su favor que no era un delincuente sino un artista. “Televisa sentía responsabilidad de no haberme apoyado en principio… se habían manejado mal mis administraciones, quedamos expuestos y quienes debieron dar explicaciones no estaban en el país”, comentó. Brizuela comentó que fue hasta que llevó su caso a la CIDH, que le dieron la razón en el sentido de que se cometieron violaciones a sus derechos humanos.