Con tal de cumplir los compromisos adquiridos por Emilio González y Mario Vázquez Raña, el gobierno estatal y el municipio de Zapopan comenzaron a utilizar el complejo habitacional panamericano sin cumplir la ley, es decir, violaron los requisitos que ambas autoridades exigen al resto de los mortales bajo su jurisdicción. Todo apunta a que, después de los juegos, este caos jurídico tendrá severas consecuencias para uno que otro funcionario. GUADALAJARA,JAL.(Proceso).- Los juicios en curso, la carencia de recursos económicos para concluir los trabajos y la falta del certificado de habitabilidad no impidieron que la Villa Panamericana fuera inaugurada el martes 4, por el gobernador de Jalisco, Emilio González, y el titular de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), Mario Vázquez Raña. La Dirección de Comunicación Social del ayuntamiento de Zapopan confirmó a este semanario que, a causa de una suspensión judicial dictada hace seis meses por el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), la comuna no puede expedir certificados de habitabilidad ni hacer movimientos catastrales relativos al nuevo complejo habitacional, ubicado en El Bajío, municipio de Zapopan. Sin embargo, el director de Planeación Municipal, Rafael Valencia Abundis, informó que se concedió un “permiso de alojamiento e instalaciones temporales” a fin de que pudiera ser ocupada por “la comunidad panamericana”. No obstante, no se vio en la inauguración al presidente municipal zapopano, Héctor Vielma Ordóñez. “Hace un año aquí era pura tierra y ahora están estas Villas Panamericanas que no se pueden creer de tan impresionantes que son”, dijo Vázquez Raña al recibir el inmueble. A su vez, el gobernador aseguró: “Los contratiempos quedaron atrás y queda ahora sólo el entusiasmo de estos juegos”. Los primeros en usar el inmueble fueron 280 seleccionados mexicanos que competirán en judo, karate, lucha, ciclismo, handball, tenis de mesa, taekwondo y gimnasia rítmica. Se espera que en esta XVI edición de los Juegos Panamericanos participen más de 5 mil 700 atletas de 42 naciones. La Villa Panamericana consta de 930 departamentos con cinco medidas diferentes (de 140, 125, 100, 70 y 35 metros cuadrados) y mil 968 cajones de estacionamiento (384 exteriores y mil 584 en sótanos). Después de la competencia continental este desarrollo será rebautizado como el fraccionamiento privado Villa Bosque, pero sus constructores no podrán venderlo en tanto no cuenten con la licencia de habitabilidad. Hasta el cierre de esta edición, el ayuntamiento no había proporcionado copia del aludido “permiso temporal” ni datos precisos como su fecha de expedición y su vigencia, ni el fundamento legal para “suplir” el certificado de habitabilidad que marcan las leyes de desarrollo urbano por una anuencia transitoria. Tampoco se había realizado el encuentro acordado por el director de Planeación Municipal con Carlos Aldana Ortiz, abogado de los vecinos de Rancho Contento, quienes promovieron las acciones jurídicas que impiden la expedición del importante certificado. Encabezados por Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias, algunos líderes vecinales de Zapopan que defienden áreas de protección se reunieron el 21 y el 26 de septiembre pasados con el alcalde y su director de Planeación, a quienes les manifestaron su desacuerdo con lo que consideran una violación de los planes parciales de desarrollo, que atenta contra zonas ecológicamente vulnerables como El Nixticuil, La Primavera, Los Colomos y El Bajío. En esas juntas se discutió sobre la habitabilidad de la Villa Panamericana y se adelantó a los vecinos la posibilidad de expedir un permiso extraordinario, dada la importancia de la competencia internacional, pero se pactó que antes de otorgarlo habría otra cita con las autoridades. El abogado vecinal, Aldana Ortiz, lamenta que el ayuntamiento emitiera una autorización sin fundamento, pues la ley no prevé que se pueda dar la habitabilidad con un permiso supletorio, aunque sea por tres semanas: “Eso no es posible, es totalmente fuera de la ley y lo vamos a denunciar”, declara. Confirmó que el jueves 6 presentaría un incidente de desacato ante la IV Sala Unitaria del TAE, que encabeza el magistrado Armando García Estrada, y en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, para que se dicten medidas de apremio y se sancione a los funcionarios responsables de las violaciones legales. Explicó que el recurso está dirigido contra las autoridades para que los juzgadores apliquen las medidas previstas por la ley, que van desde la amonestación hasta la destitución del cargo. Entre los funcionarios demandados destacan el gobernador, Emilio González, el titular de la Procuraduría de Desarrollo Urbano estatal y el responsable de Infraestructura Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte. Por el lado del municipio se señaló como responsables al alcalde Vielma y a sus directores generales de Obras Públicas y de Control y Ordenamiento Territorial. El recurso se presenta ante el TAE porque fue el tribunal que emitió la suspensión de la venta de los departamentos y la expedición de certificados de habitabilidad y movimientos catastrales desde hace seis meses. Pero también se presenta ante el Juzgado de Distrito, que las confirmó el pasado 3 de mayo, cuando únicamente concedió a los desarrolladores el permiso para que continuaran los trabajos de construcción (mismos que el 30 de abril había ordenado suspender el magistrado García Estrada). En las demandas de nulidad, los vecinos de Rancho Contento asentaron que el complejo de la villa no cumple con las normas ambientales, ya que se ubica en una zona hidrológica, de recarga de mantos acuíferos; su densidad de población autorizada es mayor que la permitida en la zona; viola los planes parciales de desarrollo e impactará negativamente al bosque de La Primavera. Estos argumentos se plasmaron en los juicios, apelando a que los magistrados declaren nula la licencia de edificación otorgada por la pasada administración municipal panista en diciembre de 2009, que costó a los promotores inmobiliarios Corey y Barragán 35 millones de pesos.   Un tropiezo tras otro   Cabe precisar que la organización civil Parlamento de Colonias ha promovido dos juicios en contra de la Villa Panamericana por no respetar los lineamientos ambientales. Su presidente, Cárdenas Ochoa, enfatiza que en El Bajío se localiza una importante cuenca hidrológica de mil 200 hectáreas, y que el acuífero de Atemajac y el área natural protegida del bosque de La Primavera serán afectadas por el desvío de cauces y la excesiva densidad de población del proyecto inmobiliario. Desde la construcción del estadio de las Chivas, en El Bajío, se generaron problemas de movilidad para todos los ciudadanos, sobre todo en los días de partido, pero especialmente para los vecinos del fraccionamiento Rancho Contento, contiguo a la Villa Panamericana. Por estas razones y la consecuente pérdida de plusvalía de sus residencias, los afectados promovieron en marzo pasado los dos juicios de nulidad que mantienen paralizadas las ventas de la villa e impiden que las autoridades de Zapopan emitan certificados de habitabilidad o de propiedad. El primer recurso fue promovido por Sergio Adalberto Peraza Segovia y Adrián Garza Ayala (expediente VB-67/2011). Al respecto, la magistrada de la Quinta Sala Unitaria, Patricia Campos, ordenó la suspensión “sólo para efecto de que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, esto es, para que las autoridades demandadas se abstengan de realizar cualquier acto traslativo de dominio respecto de los departamentos a que se refiere la licencia de edificación –con clave HS/D-3731-09/D–, otorgada por el ayuntamiento de Zapopan, sin que se suspenda la obra”. El segundo juicio se ventila aún en la Cuarta Sala. Fue promovido por María Magdalena Alberti y Erick Díaz Castellanos (expediente 82/2011) y, como consecuencia, el pasado 30 de abril, el magistrado García Estrada ordenó que se detuviera la venta de los departamentos y la expedición de certificados, cualquier movimiento catastral, además del cese temporal de las obras. No obstante, con base en un amparo promovido por los demandados en el Juzgado Quinto de Distrito (expediente 1085/2011), se permitió a los desarrolladores continuar los trabajos y culminar la villa. Posteriormente, como éstos no obtuvieron los ingresos que planeaban captar en la etapa de preventa, la banca comercial les negó financiamiento y el gobernador salió a su rescate con casi 900 millones de pesos que tomó de los fondos para la vivienda de interés público y para el retiro de los burócratas, que maneja el Instituto de Pensiones del estado. Después de haberse diferido varias veces, el 27 de septiembre se llevó a cabo la audiencia constitucional sobre el juicio de amparo que se ventila en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y del Trabajo (expediente 1081/2011) respecto a la legalidad de la Villa Panamericana, por lo que de un momento a otro se dictará sentencia. En cualquier caso, ambas partes podrán interponer el recurso de revisión. Entre los alegatos que presentaron los vecinos de Rancho Contento destaca el procedimiento administrativo que tiene abierto la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) en torno a dicha construcción por violaciones a la norma ambiental. Según el expediente 882/2011 de Proepa, del que este semanario tiene copia, en el megaproyecto se cometieron violaciones a 10 de las condicionantes que estableció la autoridad para otorgar los permisos, y en siete más sólo hay cumplimiento parcial. Además, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable (Semades) emitió una autorización en materia de impacto ambiental (MIA) “condicionada” al cumplimiento de 56 requisitos, que aún no han sido satisfechos. Entre los documentos que los vecinos opositores a la villa presentaron al juez destacan cuatro actas de inspección de la Proepa fechadas entre el 21 y el 27 de junio de este año, y el acuerdo de emplazamiento (oficio 3993 /1077/2011 de la misma dependencia) donde se enuncian las disposiciones que no se cumplieron, según el oficio 0007/6546/2009 de la Semades. “A más de año y medio de la citada autorización –del proyecto– la quejosa incumple con los lineamientos requeridos por las autoridades estatales”, alegan los demandantes al juez federal Aldana Cortés. Y citan algunos: el que obliga a los promotores de la villa a presentar el estudio que determine la capacidad de carga para el aprovechamiento de los acuíferos en relación con el número actual de habitantes, a fin de garantizar la sustentabilidad del recurso hídrico; la presentación de una propuesta de acciones de conservación de fauna en el bosque de La Primavera; un convenio con el comité del bosque de La Primavera para el manejo de la zona y un programa integral de los recursos hídricos superficiales y subterráneos para el eficiente manejo de la cuenca y subcuenca a la que pertenece, “validada por la Conagua, CEA, y/o el ayuntamiento de Zapopan”.