CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Derechos Humanos de esta ciudad (CDHDF) se sumó hoy a la condena generalizada contra el gobierno federal por espiar a defensores de los derechos humanos, periodistas y familiares de estos últimos. En declaraciones a la prensa después de dar a conocer una recomendación contra la Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalinos por el caso Narvarte, la titular del organismo, Perla Gómez, exigió a las autoridades federales competentes hacer una investigación “exhaustiva” y “transparente”, así como explicar a la ciudadanía los motivos de la compra del software de espionaje –denominado Pegasus- y detallar el uso que se le ha dado al mismo. También pidió frenar esa práctica y sancionar a los responsables de operar dicho equipo con el que, según el diario estadunidense The New York Times, el gobierno espía las actividades de comunicadores como Carmen Aristegui y activistas como Mario Patrón. “En un estado de Derecho las autoridades sólo pueden hacer aquello que está permitido, y no deben causar actos de molestia a las personas sin mandato fundado y motivado por la autoridad competente. La CDHDF condena enérgicamente cualquier acto que intimide, inhiba o silencia la labor de defensoras y periodistas en México”. La presidenta de la CDHDF subrayó que dichas acciones contravienen directamente los principios fundamentales de derechos humanos. “Todo individuo tiene derechos a la libertad de opinión y de expresión, esto incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones”, refirió. Finalmente, subrayó que estos hechos “no son menores”, que se inscriben en un contexto de violencia y crisis en materia de derechos humanos, particularmente contra periodistas y activistas. “Esta comisión exige investigar y sancionar a los responsables de manera inmediata, imparcial e implacable”, remachó.