MÉXICO, D.F. (apro).- Si bien, las medidas que aprobó ayer el presidente estadunidense Barack Obama beneficiarán a más de cinco millones de migrantes indocumentados, no abordan las prácticas abusivas contra los migrantes; incluso, se podrían agravar, advirtió hoy Human Rights Watch. La organización internacional señaló que las medidas no ponen énfasis en garantizar la unidad familiar porque no frenarán las deportaciones de los padres y familiares de los beneficiarios del programa que protege de la deportación a los niños, o a los migrantes que ingresaron a Estados Unidos siendo menores de edad. Tampoco abrogará la sistemática deportación de la Patrulla Fronteriza, la cual no toma en cuenta la reunificación familiar en sus protocolos. Así, los padres de niños con ciudadanía estadunidense seguirán siendo juzgados y deportados al cruzar la frontera con el fin de reunirse con sus hijos. “Las políticas de deportación masiva de los últimos años han dejado a cientos de miles de familias en una situación totalmente indefinida, luego de que uno o más miembros fueron separados de manera forzada”, indicó el director de incidencia del programa sobre Estados Unidos de HRW, Antonio Ginatta. La reforma no atacará el carácter federal del delito de ingreso ilegal en el país, que se considera como “menor” en el primer intento y “grave” en los intentos siguientes. “Mientras el gobierno continúe aplicando procedimientos acelerados de deportación, proceso penalmente y encarcele a quienes ya están en situación de ser deportados, y detenga a familias enteras cientos de miles sufrirán la separación familiar y recibirán un trato injusto”. Ira republicana A poco más de dos semanas de la derrota electoral que sufrió la administración demócrata de Barack Obama, el pasado 4 de noviembre, el mandatario detalló anoche los cambios en materia de migración que adoptará mediante una “medida ejecutiva”, el equivalente a un decreto presidencial en México, luego de que la reforma migratoria sigue congelada desde hace más de un año, a raíz de los desacuerdos partidistas entre el Senado y la Cámara de los Representantes. Entre otros, Obama confirmó que implementará el “estatuto especial”, al que tendrán acceso unos 5.2 millones de indocumentados, padres de niños con documentos oficiales estadunidenses, sin antecedentes penales y con una estancia en el país de más de 5 años. Durante su alocución televisiva –la cual fue boicoteada por las cadenas ABC, CBS, NBC y Fox--, el presidente de Estados Unidos insistió en que sus medidas no consistirán en una “amnistía”, ni menos en un otorgamiento generalizado de la ciudadanía. Tampoco permitirá el acceso a todas las prestaciones sociales del país. A estos mensajes, añadió al anuncio de que el gobierno reforzará su frontera sur. “A los miembros del Congreso que dudan de mi legitimidad y de la sabiduría de esta decisión, les tengo una respuesta: votan una ley”, declaró y añadió que se mantiene listo para trabajar con los legisladores. Lo anterior, claramente destinado al partido republicano, no logró calmar la ira de los conservadores que denunciaron un abuso de poder por parte del Presidente. El próximo 3 de enero, los nuevos legisladores tomarán posesión de su cargo y el nuevo Congreso, que estará dominado por el Partido Republicano, sin duda enterrará a la congelada reforma migratoria. “Amenaza a la democracia”, “actitud de monarca”, “acto inconstitucional”, “provocación”, fueron varios de los calificativos que utilizó el campo republicano para ilustrar su indignación. Varios legisladores del partido conservador ya anunciaron que se esforzarán en tumbar la medida presidencial. Una de las estrategias que consideran adoptar, reveló hoy el New York Times, consiste en bloquear los fondos que se utilizarían para llevar a cabo dicha medida. Otra, que muchos repudian en el partido conservador para no sufrir una derrota electoral en 2016, consistiría en vetar todas las decisiones y nominaciones que propondría el presidente al Congreso.