CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de acaparar el 92% del mercado global, las tres agencias calificadoras más poderosas del mundo –Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings– tienen “problemas estructurales inherentes”, que se expresan en conflictos de interés, actitudes oligopólicas, opacidad y decisiones parciales, denunció hoy Yuefen Li, experta independiente sobre Deuda y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

En un informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la experta acusó a las tres calificadoras de agravar los problemas de las deudas de los países en desarrollo, pues han tenido “una influencia enorme en las decisiones de inversionistas privados y públicos y en los sentires del mercado”, a pesar de sus reiteradas errores y hasta acciones que provocaron crisis, como la detonada por los subprimes en 2007.

Apenas ayer, Pemex anunció que no renovaría su contrato con la agencia Fitch Ratings, que apenas en marzo pasado había degradado de nuevo su calificación a la petrolera mexicana, a BB-, la nota más severa de las cuatro agencias contratadas por Pemex. Aunque Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, sostuvo que la no renovación del contrato responde a medidas de austeridad, los detractores del gobierno federal y analistas financieros afirmaron que Pemex busca acallar a su calificadora más severa, cuyas calificaciones dificulta y encarece la emisión de bonos.

En su informe presentado hoy en Ginebra, Li asestó fuertes críticas a las “Big Three” –o “Tres Grandes”--, las tres agencias calificadoras mencionadas, que “han exacerbando la volatilidad en el mercado financiero, han hecho inefectivo los esfuerzos de los gobiernos para contener las crisis de la deuda, y han incrementado el sufrimiento de los humanos”; aparte, afirmó que las agencias tienden a castigar “la mayor parte de las intervenciones gubernamentales” en la economía.

Entre sus señalamientos, la experta recalcó que las agencias otorgan sus calificaciones positivos respecto al entorno “amigable para los negocios”, y ello sin tomar en cuenta elementos ambientales, sociales o de gobernanza, y mucho menos de derechos humanos; peor aún, lo hacen sin rendir cuentas a nadie, a pesar de los errores que han cometido desde su origen y sus efectos devastadores en países enteros.

En medio de la crisis sanitaria global causada por la pandemia de covid-19, los gobiernos de varios países no se atrevieron a dejar de pagar los intereses de sus deudas para redirigir los fondos hacia sus sistemas de salud y a su población “por miedo de que una posible degradación de su calificación crediticia”.

Así, si bien los países más ricos del mundo pudieron destinar hasta el 20% de su Producto Nacional Bruto a la respuesta sanitaria, los países de ingresos bajos sólo dedicaron el 2% de sus recursos para lo mismo.

Peor todavía: la experta subrayó que la crisis de la deuda se profundizará en 2021, y tendrá efectos devastadores en los países en desarrollo que ya sufrieron recesiones, déficits fiscales e incrementos en sus tasas de desempleo; estos países “enfrentan un riesgo mayor de no poder pagar su deuda soberana”, advirtió.

Urgió la comunidad internacional a reformar las agencias de calificación crediticia, como parte de una reforma más a fondo de toda la arquitectura financiera global; en esta reforma, las agencias deberían “prevenir” las crisis de las deudas en lugar de provocarlas, como lo hacen actualmente.

La experta denunció que las agencias tienen profundos conflictos de interés, pues a la par de que otorgan calificaciones, participan en el diseño de los productos financieros que se emiten en el mercado –apoyaron los famosos bonos subprime, que provocaron la crisis financiera de 2007–, y sus calificaciones generan a menudo el fenómeno conocido como “profecías autocumplidas”.