Baltasar Garzón

Inhabilitación del juez Baltasar Garzón fue "arbitraría": ONU

La justicia española enjuició y separó de la carrera judicial a Garzón por prevaricación, al ordenar a la policía intervenir conversaciones de los involucrados en Gürtel, la macro-causa de corrupción política que implica al Partido Popular en España.
jueves, 26 de agosto de 2021

MADRID (apro).- El Comité de Derechos Humanos de la ONU emitió un dictamen que respalda al exjuez Baltasar Garzón en su demanda contra España, porque sus derechos fueron vulnerados y por la falta de imparcialidad en el proceso judicial que lo inhabilitó durante 11 años en 2012.

La justicia española enjuició y separó de la carrera judicial a Garzón por prevaricación, al ordenar a la policía intervenir conversaciones de los involucrados en Gürtel, la macro-causa de corrupción política que implica al Partido Popular en España, con sus abogados, ante la sospecha de la continuación de transferencias de montos de la corrupción por parte de los cabecillas desde la prisión.

Otro caso que influyó en la ofensiva contra Garzón desde las instancias del Poder Judicial español, fue la apertura de una investigación del entonces magistrado de la Audiencias Nacional por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista, lo que provocó una airada reacción desde los sectores más conservadores y franquistas que aún prevalecen en España.

El comité de la ONU considera “arbitraria e imprevisible” la condena impuesta a Garzón por el Tribunal Supremo español.

La condena por prevaricación por el caso Gürtel no se basó “en provisiones suficientemente explícitas, claras y precisas que definan con exactitud la conducta prohibida” por el pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Por dicho acuerdo es que la ONU concluye que España debe resarcir a Garzón por el daño infligido.

“El Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo. Ello requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados”, señala el dictamen al que Apro tuvo acceso.

Este dictamen requiere a España a “una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados”. En primer caso, “el Estado parte tiene la obligación, `inter alia´, de borrar los antecedentes penales del autor y de proporcionarle una compensación adecuada por el daño sufrido”.

Asimismo, España tiene “la obligación” de adoptar medidas “para evitar que se cometan violaciones semejantes en el futuro”.

La ONU es dura en su dictamen con el Tribunal Supremo, que condenó a Baltasar Garzón, y que hoy es el tribunal más mediático porque por él han pasado alguno de los casos más controversiales, como el del proceso de independencia de Cataluña, entre otros.

Pone en duda la imparcialidad del tribunal en la sentencia contra Garzón. “Las dudas sobre la posible parcialidad de algunos de los jueces intervinientes”, apunta el documento.

Esta es la razón por la que argumenta y concluye que Baltasar Garzón no tuvo acceso “a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo y Gürtel, que finalmente resultó en su condena penal y en la consiguiente pérdida definitiva de su cargo”, indica.

Por eso, considera que se violaron los derechos consagrados por el Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

El comité de la ONU considera que el juez Garzón adoptó en la causa del franquismo “decisiones motivadas” y en las que no se observa “una mala conducta o incompetencia que pudiera justificar su incapacidad para el desempeño de sus funciones”.

Con relación al caso Gürtel el comité destaca que las escuchas entre los cabecillas de la trama corrupta y sus abogados ordenadas por Garzón habían sido solicitadas por la Policía y contaban con el aval del Ministerio Fiscal.

Durante el juicio contra Garzón, su defensa puso énfasis en el hecho de que los investigadores tenían la sospecha que los cabecillas de la trama de corrupción que implicaba al Partido Popular, seguían ordenando las transferencias internacionales de importantes montos de dinero desde paraísos fiscales para ocultarlos de la investigación.

El organismo de Naciones Unidas, entiende que aun en el caso de que el instructor hubiese interpretado erróneamente la jurisprudencia existente respecto a este tipo de intervenciones, su forma de actuar “no constituye una conducta o incompetencia grave que pudiera justificar su condena penal”.

Tras la condena, Garzón presentó su demanda el 31 de enero de 2016 y el dictamen es de julio de este año.

En sus libros y algunas colaboraciones periodísticas Baltasar Garzón denunciaba que, tras ocupar durante 22 años el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia nacional, fue “víctima de una persecución y represalias” por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo y del caso Gürtel.

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