MÉXICO, D.F. (apro).- A seis años de la guerra declarada por Felipe Calderón en contra del narcotráfico, que entre sus actividades lava de 40 mil millones pesos anuales en el sistema bancario mexicano, la Cámara de Diputados aprobó la primera Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Con 342 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, el Poder Legislativo aprobó la ley que prohíbe realizar transacciones en efectivo equivalentes a 8, 025 veces el salario mínimo general; vender vehículos por un valor igual o mayor a 1,210 veces el salario mínimo; las transmisiones de propiedad de relojes, joyería, metales y piedras preciosas, por un valor igual o superior al equivalente a 3,200 veces el salario mínimo; adquisición de boletos que permita participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, por un valor igual o superior al equivalente a tres mil doscientos diez veces el salario mínimo. Se impone la obligación de reportar las operaciones que se realicen por concepto de la venta de vehículos y donativos, y que resulten en recibir pagos en efectivo por montos iguales o equivalentes a 3 mil 210 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, equivalentes a 200 mil pesos. También establece sanciones punitivas de prisión de dos a ocho años y quinientos a dos mil días de multa económica a quien proporcione de manera dolosa avisos, información, documentación, datos o imágenes que sean falsos, o completamente ilegibles, para ser incorporados en aquellos que deban presentarse; modifique o altere información, documentación, datos o imágenes destinados a ser incorporados a los avisos, o incorporados en avisos presentados. Además se sancionará con prisión de cuatro a 10 años y con quinientos a dos mil días multa al servidor público que indebidamente utilice la información, datos, documentación o imágenes a las que tenga acceso o reciban con motivo de esta ley. A quien, sin contar con autorización, revele o divulgue información en la que se vincule a una persona física o moral o servidor público con cualquier aviso o requerimiento de información hecho entre autoridades. Las penas se duplicarán cuando, quien cometa el ilícito sea al momento de cometerlo o haya sido dentro de los dos años anteriores a ello, servidor público encargado de prevenir, detectar, investigar o juzgar delitos. También se crea la Unidad Especializada de Análisis Financiero como órgano especializado de la PGR y la Secretaría de Hacienda; la Procuraduría estará obligada a contar con programas de capacitación, actualización y especialización en esta materia. Los agentes aduanales y los notarios deberán reportar operaciones en las que participen y sean por valores superiores a los establecidos en la ley; en el caso de los notarios la sanción será de acuerdo a lo que establezca cada ley estatal. El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) estimó que esta ley es “una absoluta demagogia, que no sólo va a ser mal utilizada, sino se va a utilizar para represalias”, mientras que el diputado Jaime Cárdenas Gracia, también del PT, destacó que esta reforma es una herramienta para enfrentar al crimen organizado, pero no basta si no se plantea en un contexto más general que atienda las causas sociales del delito y que permita combatir la corrupción. La iniciativa establece como transitorio que entrara en vigor a los seis meses después de que haya sido aprobado su reglamento, por lo tanto no entrará en operación en lo inmediato.