MÉXICO, D.F. (apro).- Investigadores en seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana (UIA) criticaron el actuar del gobierno federal respecto de los grupos de autodefensa, los guarniciones del crimen organizado y elementos del Ejército, ante el recrudecimiento de la violencia en Michoacán. El especialista Pablo Monsalvo aseguró que acuerdos para reducir la violencia, como el firmado ayer por el gobernador priista Fausto Vallejo, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sólo tratan de reducir el problema de forma inmediata, sin atender al orden jurídico. Monsalvo destacó, de acuerdo con un comunicado, que legitimar las autodefensas implica transformarlas en cuerpos policiales. Explicó que esta conversión es lo más conveniente una vez que las autoridades verifiquen que sus integrantes no pertenecen al crimen organizado. También aclaró que para ello es necesario hacer “una modificación puntual” del orden jurídico; de lo contrario, previó que la violencia se extienda a otros estados. Sobre el llamado de los gobiernos federal y michoacano a las autodefensas para dejar las armas, Monsalvo recordó que mientras las legislaciones locales en materia de seguridad pública no se atiendan, no habrá  garantía de que lo prometido en el acuerdo se materialice. Luego agregó que los pactos entre los diferentes niveles para enfrentar el problema no son más que “una aspirina que trata de resolver el problema de forma inmediata”. En contraste, Erubiel Tirado, coordinador del Diplomado de Seguridad Pública de la Uia, consideró que la legitimación de autodefensas es “riesgosa y equivocada” y que el gobierno no debe permitir condicionamientos de estos grupos. El especialista argumentó que oficializarlos sentaría un precedente peligroso con respecto de la forma de actuar del Estado ante grupos armados. Sobre la negativa de los grupos de autodefensa para aceptar el desarme propuesto por las autoridades federales y locales, el académico aseguró que el gobierno “no debe aceptar condicionamientos de estos grupos, los cuales son, de facto, ilegales” pues “coartan el papel que debe tener el Estado para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos”.