MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un juez que cite a comparecer a Zeferino Torreblanca, exgobernador de Guerrero, como probable responsable del delito de amenazas en contra del comentarista Óscar Mario Beteta. La Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, consignó el expediente relacionado con las presuntas amenazas del exgobernador contra el comentarista. El jueves 12, la Subprocuraduría consignó, sin detenido, el expediente 05/FEADLE/2014, suscrito por el titular de la Mesa Investigadora 4 de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. En la consignación se explica que el Ministerio Público Federal determinó, luego de una investigación, la presunta responsabilidad penal de Torreblanca Galindo por amenazar al comentarista, derivado de un enfrentamiento verbal en un restaurante del sur de la Ciudad de México, registrado en noviembre de 2013. Por ello el agente del MPF Guillermo San Juan Cruz notificó el caso al juez de turno de procesos penales del Distrito Federal, quien resolvió ejercer la acción penal en contra de Torreblanca, por la probable comisión de amenazas en perjuicio de Óscar Mario Beteta. El fiscal fundó su petición en la averiguación previa, según la cual quedó “comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en su comisión”. Hasta el momento el juez federal no ha resuelto si llama o no a comparecer al exgobernador guerrerense de 60 años, quien también fue alcalde y diputado federal por el PRD. Óscar Mario Beteta presentó una denuncia en la PGR contra Torreblanca, en noviembre de 2013. Según el comentarista, Torreblanca lo amenazó en público y en presencia de la familia Beteta en un restaurante de la Ciudad de México. Hace apenas un año, el exgobernador del Guerrero compareció ante la Contraloría General del Estado para esclarecer el destino de mil 300 millones de pesos que debieron aplicarse a salud, así como un faltante de mil 38 millones de pesos que debieron ser invertidos en la construcción de un edificio del gobierno de Acapulco, obra que se entregó inconclusa a la administración de Ángel Aguirre Rivero.