Debe la PGR informar sobre matanza del '68 y el 'halconazo'

miércoles, 19 de agosto de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (INAI) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar una versión pública de las averiguaciones previas relacionadas la matanza de Tlatelolco y el llamado ‘Halconazo’ por las que fue consignado en su momento el expresidente Luis Echeverría, entre otros personajes públicos, por el delito de genocidio. Las averiguaciones previas sobre los hechos registrados el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 -PGR/FEMOSPP/002/2002 y PGR/FEMOSPP/011/2002- actualmente están inmersas en los expedientes números SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007. La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), respondió inicialmente al particular que requirió la información que dicha documentación forma parte de en una averiguación previa en trámite, por lo que “tiene el carácter de reservada por un periodo de 12 años”. El particular se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai que fue turnado a la comisionada presidenta, Ximena Puente de la Mora. El requirente argumentó que se trata de un tema de interés nacional y pidió que el órgano de transparencia analizara la respuesta de la PGR. La dependencia, actualmente a cargo de Arely Gómez, confirmó que las dos averiguaciones previas contienen información relacionada con ambos sucesos pero reiteró que están en trámite y su información “es reservada”. Además, destacó que la Coordinación General de Investigación de la PGR no ha recibido observaciones, recomendaciones y/o comunicaciones de organismos nacionales y/o internacionales de derechos humanos por ambas averiguaciones. Al analizar el caso, la comisionada a cargo constató que se dejó abierto un triplicado por cada una de las indagatorias consignadas porque en las investigaciones se advirtió, a juicio del Agente del Ministerio Público de la Federación, la probable participación de otra u otras personas como probables responsables. Con base en esos triplicados se dio origen a nuevas indagatorias —SEIDF/CGI/262/2007 y SEIDF/CGI/260/2007—que se encuentran en integración por el delito de genocidio. Además la PGR no declaró su inexistencia y en ellas obra la información que le interesa al particular. Por ello, la comisionada consideró que la PGR sí cuenta con documentos que puede atender lo solicitado por el particular y la Procuraduría no puede argumentar una imposibilidad material para entregarla. Además, argumentó que en ambas averiguaciones aplica el supuesto de excepción establecido en la Ley de Transparencia, que establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de las investigaciones de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad”. La comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos sostuvo que el asunto es trascendente ya que han pasado 47 años y siguen las dudas de lo que ocurrió el 2 de octubre de 1968. “Se aproximaban los Juegos Olímpicos y para México era algo muy importante, desde luego. A esta fecha no hemos sabido qué pasó, cuáles fueron realmente las razones”, expresó. Por su parte, el comisionado Oscar Guerra dijo que es importante que se sepa la verdad histórica de estos casos, para aprender de ellos. “Creo que es evidente que todavía quedan muchas incógnitas sobre lo sucedido en estos lamentables acontecimientos del 68, que bueno, como en la paradoja de la historia es lamentables lo que sucedió pero finalmente, ya visto en la perspectiva histórica, pues sembraron una semilla de democracia y de democratización del país que todavía se sigue en este proceso de la transición democrática. “Es importante que la gente sepa que el acceso a la información, sirve también para hacer efectivo el derecho a la verdad de los acontecimientos históricos”, dijo. El comisionado Joel Salas Suárez, agregó que no es posible continuar con la denegación sistémica de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación del daño de las víctimas de desaparición forzada. “La creciente violencia que vive el país, obliga a que se establezca un control ciudadano de las instituciones de seguridad, a través del derecho a la verdad y la rendición de cuentas”, subrayó. Al respecto, el comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que el derecho a la información, consiste en la veracidad de la narración de los hechos. “Esos hechos encogieron el corazón, angustiaron y dejaron desolada a una población que atestiguó hechos lamentables en la capital del país, con un ejército que salió a perseguir a civiles, a jóvenes que reclamaban otro mejor momento”, apuntó. Finalmente, los comisionados aprobaron por unanimidad revocar la respuesta de la PGR e instruirla a entregar al particular versiones públicas de las averiguaciones previas relacionadas con los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968, y el 10 de junio de 1971.

Comentarios