Con testado, Pemex publica contratos pactados con la brasileña Odebrecht

miércoles, 5 de abril de 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de la investigación internacional sobre los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht a altos funcionarios de distintos países –entre ellos México--, a cambio de obtener obras públicas, Pemex publicó hoy cuatro contratos que celebró con la empresa entre 2010 y 2015, pero tachó todos los nombres y firmas de los representantes de la petrolera y de los contratistas, así como encabezados y contenidos de algunos artículos, por presuntamente ser “versiones públicas”. Además, Pemex publicó los contratos generales sin incluir sus anexos técnicos, donde aparecen los detalles de las obras y servicios. Odebrecht reconoció que pagó alrededor de 10.5 millones de dólares en sobornos en México entre 2010 y 2014, entre los cuales 6 millones correspondieron a un “funcionario de alto nivel de una empresa estatal mexicana” entre 2013 y 2014. En el contrato “Desarrollo de la fase I del proyecto conversión de residuales de la refinería de Salamanca” –por 84 millones 701 mil dólares-- que Pemex asignó a Odebrecht e ICA Fluor Daniel S de RL de CV, no aparecen ni los nombres ni los contenidos de los capítulos 15 y 39. En el contrato de ?“Acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la Refinería Miguel Hidalgo Tula I”, en Hidalgo, un amplio cuadro relleno de negro cubre el artículo 31. Para esta obra, Pemex se comprometió a desembolsar mil 436 millones 398 mil pesos, sin incluir el IVA. Y en el caso del contrato ?“Construcción de accesos y obras externas para el proyecto de aprovechamiento de residuales para la refinería Miguel Hidalgo, Tula II” –por mil 811 millones 628 mil pesos, sin IVA--, el artículo 38 se encuentra censurado. Estos tres contratos fueron firmados entre febrero de 2014 y noviembre 2015, cuando Emilio Lozoya Austin era director general de Pemex. En estos tres contratos se encuentra una cláusula anticorrupción, la cual menciona que en caso de incurrir en actos de este tipo sancionados por la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, el Código Penal Federal o la Ley Federal de Competencia Económica, se rescindirá el contrato. En el contrato de suministro de etano a Braskem SA –una filial de Odebrecht-- y Grupo Idesa SA de CV, Pemex borró la parte correspondiente a las “condiciones precedentes”, los capítulos referentes a las “obligaciones de compra y venta”, a las características del etanol, los periodos de entregas, las modalidades en caso de terminación anticipada y toda la parte relacionada con la “asistencia financiera”. Ese contrato fue firmado el 19 de febrero de 2010, durante la administración del panista Felipe Calderón. En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer un documento en el cual Odebrecht reconoció que pagó cerca de 788 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 10 países latinoamericanos y dos africanos para obtener un centenar de contratos. En el documento, Odebrecht admitió que “alrededor de octubre de 2013, acordó pagar sobornos a un funcionario de alto nivel de una empresa estatal mexicana, a cambio de que este funcionario ayudara a Odebrecht con la obtención de un proyecto. Cerca de diciembre de 2013 y finales de 2014, Odebrecht, a través de su División de Operación Estructural, pagó 6 millones de dólares al funcionario”. La empresa brasileña prefirió pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares a cambio de no llevar su caso ante los tribunales estadunidenses. Sin embargo, la información generó una ola de indignación en América Latina, la cual derivó en una investigación internacional –coordinada desde Brasil--, en la que participa la propia Procuraduría General de la República (PGR). El lunes pasado, la PGR anunció que citará “próximamente” a declarar a Lozoya y a otros 17 funcionarios de Pemex que participaron en el otorgamiento de contratos a Odebrecht. El miércoles 29 de marzo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que detectó incrementos patrimoniales de cuatro servidores públicos por montos de un millón 193 mil pesos hasta 7 millones 365 mil pesos sin que aquéllos pudieran aclarar el origen lícito de tales recursos. Estos funcionarios laboran en la Comisión Reguladora de Energía (CRE); Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y Pemex Exploración y Producción (PEP).

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