CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la “omisión” y la “negligencia” del gobierno de Enrique Peña Nieto para combatir la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a los niños mexicanos, la organización El Poder del Consumidor (EPC) interpuso hoy una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y envió un informe a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El hecho de que uno de cada tres niños mexicanos ya padece sobrepeso u obesidad resulta alarmante para el futuro, pues se considera que un niño obeso será obeso de adulto y sufrirá probablemente una enfermedad cardiovascular, insistió Fiorella Espinosa, investigadora en la organización. La organización sostuvo que los niños mexicanos crecen en un “ambiente obesogénico”, rodeados por alimentos ultraprocesados baratos y disponibles de todos lados, asediados por spots de publicidad en la televisión e Internet y malinformados por el etiquetado frontal de los productos. Espinosa aseveró que la política pública lanzada por el gobierno federal para combatir el sobrepeso y la obesidad fue “mal diseñada” y ni siquiera se implementó conforme a lo aprobado. Un ejemplo: si bien se supone que el gobierno prohibió la venta de comida chatarra y refrescos en las escuelas, EPC determinó que más de cuatro mil no emplearon estos lineamientos sin que se aplicaran sanción ni vigilancia. “Es importante entender que esta omisión en las escuelas constituye una violación a los derechos humanos de los niños, a su derecho a la alimentación, a la salud y a la información”, abundó Javier Zuñiga, abogado en EPC. Zuñiga recordó que, en octubre de este año, el gobierno mexicano entregará un informe periódico a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde expondrá sus logros en la materia. La organización envió un “informe sombra” al mismo organismo internacional para contrastar con la información gubernamental y espera que éste emita recomendaciones al respecto. La queja y el informe se suman a una serie de iniciativas que emprendió la organización desde hace cinco años para obligar el gobierno a regular de manera más firme el negocio de la comida chatarra y de los refrescos, para combatir la epidemia de obesidad y diabetes que azota al país. En 2015, por ejemplo, EPC obtuvo un amparo contra el etiquetado frontal de los productos que aprobó la Comisión Federal para la Prevención de los Riesgos Sanitarios (Cofepris), entonces dirigida por Mikel Arriola Peñaloza, ahora candidato del PRI a la gubernatura de la Ciudad de México. El Juzgado de Distrito dio la razón a la organización, la cual alegaba que la Cofepris autorizó un etiquetado incomprensible, sin respaldo científico y con criterios sobre la ingesta máxima de azúcar por persona muy superiores a los estándares internacionales. La Cofepris y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) apelaron la sentencia, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Ésta determinará en los próximos meses si el etiquetado es inconstitucional o no. EPC también interpuso tres quejas ante la CNDH y abogó por un incremento del impuesto a las bebidas azucaradas. Su director Alejandro Calvillo, que denuncia de manera reiterada la intromisión de las empresas refresqueras y de la comida chatarra en las políticas públicas, fue víctima de espionaje gubernamental a través del software espía Pegasus.