Programas sociales de Peña operan "rasurados" y con deficiencias: Coneval

martes, 18 de septiembre de 2018
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los recortes presupuestarios que el gobierno de Enrique Peña Nieto aplicó al gasto en los últimos años afectó de manera dramática la eficiencia de los programas sociales, que además sufren a menudo de problemas de diseño y carecen de diagnóstico para resolver los problemas. Lo anterior se desprende de las 155 fichas de evaluación de los programas y acciones de desarrollo social que publicó este martes el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que canaliza la mayor parte de los recursos para atender el combate a la pobreza, sufrió un recorte presupuestario de 20 mil millones de pesos entre 2015 y 2017, lo que desencadenó una desatención a millones de personas. Y si bien Prospera, el programa central de dicha dependencia –que se reproduce, bajo distintos nombres, desde 1997--, benefició a 6 millones 584 mil hogares el año pasado, dejó sin atención a un millón 361 mil hogares que sufren condiciones similares de miseria. De acuerdo con el Coneval, los apoyos “no necesariamente responden a las necesidades y contexto de las localidades”, y el programa “no cuenta con un plan de trabajo anual”. Por su parte, la Pensión para Adultos Mayores (PAM) --otro programa estratégico en la Sedesol-- sufrió un recorte de 5 mil millones de pesos entre 2015 y 2017, con lo que dejó de entregar sus 580 pesos mensuales a más de 500 mil adultos mayores. Ello a pesar de que “enfrenta incrementos sustanciales en la población potencial, debido principalmente a presiones demográficas y a la creciente dificultad del acceso a los sistemas de pensiones”. En materia de atención a jornaleros agrícolas, la Sedesol apenas otorgó apoyos –becas, fondos y alimentos-- a 76 mil 342 personas el año pasado, es decir, 1.17% de los 6 millones 520 mil jornaleros y familiares registrados en el país; el Programa de Empleo Temporal (PET) atendió a 275 mil personas el año pasado, cuatro veces menos que en 2015, mientras que el programa de estancias infantiles para madres trabajadoras apenas benefició a 40% de la población objetivo. La Sedesol sólo brindó ayuda a 5.27% de la población objetiva del Programa de Fomento a la Economía Social –equivalente a 9 mil 246 personas--, que tuvo un presupuesto de mil 603 millones de pesos el año pasado. Ese programa, según el Coneval, no tiene un diagnóstico adecuado y sufre problemas en su diseño. El Programa de Abasto Rural (PAR), operado a través de las tiendas gubernamentales Diconsa, también dejó de atender a cuatro de cada 10 poblaciones de alta y muy alta marginación, lo que entre otras cuestiones se debe a una “planeación deficiente”, y el 3X1 Para Migrantes no define las obras y proyectos que entran en la categoría de “desarrollo comunitario”. De acuerdo con las fichas, pesar de que las comunidades indígenas sufren los peores índices de marginación y pobreza, el gobierno de Peña Nieto redujo los fondos destinados a los programas que supuestamente les beneficiarían. Así, por ejemplo, el Programa de Infraestructura Indígena vio fundirse dos terceras partes de su presupuesto ejercido en los últimos tres años: de 6 mil 205 millones de pesos en 2014 pasó a dos mil millones de pesos en 2017. Por su parte, el Programa de Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena fue recortado a la mitad entre 2016 y 2017, además de que no cuenta con una “definición para la población atendida”. Respecto del programa de Apoyo a la Educación Indígena, que existe desde 1972, atendió apenas a uno de cada cinco jóvenes que forman parte de la población objetivo: solamente benefició a 81 mil, pero el gobierno pensaba aportarle a 447 mil de ellos. Lo anterior se debe a que “a lo largo del periodo 2014-2016 se ha mantenido una constante en el tamaño de la infraestructura y la capacidad instalada de Casas y Comedores del Niño Indígena”. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) también sufrió importantes recortes –de 77 mil 540 millones de pesos en 2014 a 55 mil 646 millones de pesos en 2017-- que afectaron a los programas destinados a las comunidades rurales del país. El Programa de Fomento a la Agricultura, mediante el cual la dependencia entrega apoyos económicos a los agricultores, atendió a 2 millones de personas, apenas 47% de la población objetivo; el de Fomento Ganadero dejó sin atender a 35% de su población objetivo, y el de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola excluyó a 55% de la población objetivo. El Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria, que debería facilitar el acceso de los productores a los financiamientos y fomentar la agricultura orgánica, apenas benefició a 59 mil personas, una novena parte de los 467 mil beneficiarios que el gobierno se había planteado. IMSS-PROSPERA, que otorga servicios de salud en las comunidades más aisladas del país, no atendió a 16% de su población objetivo, además de que carece de presupuesto para renovar la infraestructura y el equipo médico, tiene vacunas insuficientes, enfrenta dificultades para reclutar personal médico calificado y no lleva a cabo las suficientes actividades de capacitación a sus trabajadores. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) enfrenta el reto del envejecimiento de la población y la adopción de “estilos de vida poco saludables y de riesgo” que producen enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, que requieren de tratamientos médicos costosos. No obstante, la dependencia carece de diagnóstico en muchos de sus programas, lo que reduce su cobertura y eficiencia. Según las fichas del Coneval, la mitad de los 65 millones de afiliados al IMSS no se beneficiaron del programa de Prevención y Control de Enfermedades; el 14% de los mexicanos que debieron recibir asistencia médica no la tuvieron en 2017, y una tercera parte de la población objetivo del programa Prestaciones Sociales no aprovechó dichos servicios. El 20% de la población objetivo que necesita servicios de guardería no se beneficia de dicha prestación, y apenas 7.62% de los trabajadores asegurados por el IMSS ante Riesgos de Trabajo e Invalidez y Vida se ayuda efectivamente con el programa de Atención y Salud en el Trabajo, con lo que 17 millones de trabajadores quedan fuera del alcance del programa. El Seguro Popular, por su parte, beneficia en teoría al 100% de los 53 millones y medio de mexicanos que no cuentan con seguridad social; sin embargo, le falta contribuir al “acceso efectivo a los servicios”, es decir, a una atención médica de calidad. Por otro lado, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no logró su objetivo de titular a todos los jóvenes con la secundaria –el año pasado, 17% abandonó el sistema educativo antes--. El Coneval se preocupó porque el gobierno federal redujo el presupuesto a los Servicios de Educación Media Superior, pues se fijó como obligación garantizar que todos los jóvenes terminen únicamente su educación secundaria. “La tendencia a la baja del presupuesto asignado al Programa constituye una amenaza para dar cumplimiento a este mandato”, según el organismo. El presupuesto de la SEP fue recortado de 44 mil 119 millones de pesos entre 2015 y 2018, lo que afectó gran parte de los programas de la dependencia, ello a pesar de que están muy lejos de cumplir con los objetivos del gobierno. Otro ejemplo: en el programa de Educación Inicial y Básica Comunitaria, que pretende atender a niños y jóvenes que viven en localidades de alta y muy alta marginación, una de las debilidades señaladas por el Coneval es la “deserción del líder para la educación comunitaria (LEC), debido a que la comunidad no cuenta con los recursos para alojarlo y alimentarlo”. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) apenas benefició a 1.26% de la población objetivo del Programa de Infraestructura –su estrategia central es mejorar la vivienda social--, debido a la “poca claridad respecto de los apoyos otorgados durante el año”. La misma dependencia dejó sin atender a 96% de la población objetivo del programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales –que facilita la adquisición de una vivienda social para la población marginal--, a consecuencia del recorte de 6 mil millones de pesos que dicho programa sufrió entre 2015 y 2017. Las fichas del Coneval sobre los programas de la Sedatu señalan que la institución no mide “el grado de satisfacción” de la población que se benefició de sus políticas. En otras palabras, entrega apoyos o viviendas sin estudiar si las obras convienen a la población atendida. En materia ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) abandonó prácticamente sus programas de protección a los bosques nacionales –entre otros, por falta de personal, problemas de inseguridad o desinterés de los propietarios--, los ecosistemas y su biodiversidad, así como las Áreas Naturales Protegidas (ANP).

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