CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La política de contención migratoria que adoptó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, bajo presión del mandatario estadunidense Donald Trump, fue sometida a duras críticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde activistas criticaron que el Estado mexicano “entiende la migración como un problema de seguridad nacional, equiparable al narcotráfico y al crimen organizado”. Durante hora y media, representantes de la sociedad civil y del gobierno federal confrontaron sus visiones sobre el endurecimiento de la política migratoria que se originó con el acuerdo pactado en Washington el pasado 7 de junio, cuando la administración lopezobradorista se comprometió a impedir el paso por México a los migrantes centroamericanos. Las activistas denunciaron que el gobierno militarizó las fronteras –con el despliegue de más de 21 mil elementos de la Guardia Nacional--; aceptó a los solicitantes de asilo extranjeros devueltos por las autoridades de Estados Unidos, bajo el Protocolo de Protección a Migrantes, mejor conocido como “Quédate en México”, y criminalizó a los migrantes y los defensores. También resaltaron las condiciones infrahumanas en los centros de detención migratoria. “No queremos dejar de señalar la responsabilidad que asumió el gobierno mexicano como Estado soberano al firmar estos acuerdos con Estados Unidos”, lamentó Ángeles Hernández, integrante de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT).

“Por un lado, (el gobierno) se comprometió a contener los flujos migratorios que ingresan por la frontera sur, y por el otro, en un hecho inédito, aceptó recibir en la frontera norte a todas aquellas personas que se encuentran en proceso de asilo en Estados Unidos y que ingresaron a este país por México”, destacó a su vez María Corina Muskus, integrante de la Comisión Mexicana por la Defensa y la Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Por su parte, los representantes del gobierno federal alabaron el proyecto de “Cuarta Transformación” que impulsa López Obrador, negaron que la Guardia Nacional sea un cuerpo militar, desviaron la responsabilidad hacia las redes de traficantes y aseguraron que los derechos humanos son una prioridad en materia migratoria. Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, incluso justificó entre líneas el acuerdo pactado con la administración de Trump, el pasado 7 de junio.

“No tenemos aranceles, como tiene Estados Unidos con China, lo cual generaría más pobreza y más migración. No somos Tercer País Seguro o lo que se le parezca, como algunos países centroamericanos ya lo son. No tenemos muertos por xenofobia, como sí los hay aquí en Estados Unidos”.

Remató: “Pero sobre todo tenemos la dignidad y la soberanía intactas”. Los comisionados de la CIDH pidieron formalmente al gobierno mexicano que les extienda una invitación para observar in situ la situación de la migración en el país. El comisionado Luis Ernesto Vargas explicó que quiere “ver lo que ocurre en Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas”, los tres principales puntos de retorno de solicitantes de asilo bajo el plan Quédate en México.

“Estados Unidos simple y llanamente trasladó el problema que tenía a México, y eso por supuesto generó una gran problemática”, opinó el experto.

Violación sistemática de los derechos humanos Durante la audiencia, María Corina Muskus denunció que en los últimos meses “el Estado transitó de un discurso de protección de los derechos de las personas migrantes a una política que criminaliza la migración, calificándola de ‘ilegal’ y ‘descontrolada’”. Tras manifestar que la política migratoria se encuentra ahora bajo la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –lo cual implica que “sea atendida desde la lógica comercial y diplomática, y no de derechos humanos”--, la activista sostuvo que la militarización de las fronteras generó una “violación sistemática y generalizada” de los derechos humanos de las personas migrantes. E insistió que el hecho de que la Guardia Nacional sea “encabezada por un militar tiene facultad para realizar controles migratorios y tareas de seguridad ciudadana en abierta contravención a los estándares internacionales”, por lo que pidió a la CIDH que “exhorte al gobierno mexicano a retirar la Guardia Nacional de las funciones de control migratorio”. Rita Marcela Robles Benítez, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova –que opera en Tapachula, Chiapas–, precisó que “desde abril han aumentado las redadas migratorias, situación que se agravó tras el despliegue de la Guardia Nacional”, e indicó que en los primeros siete meses del año el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a más de 108 mil personas. La activista también denunció que los centros de detención migratoria se encuentran rebasados y que las condiciones ahí son infrahumanas. Mencionó que tres personas fallecieron en los últimos cuatro meses, entre ellas un ciudadano haitiano que se quejó toda la noche de dolores y no fue atendido. Y refutó el énfasis del gobierno mexicano en afirmar que combate a las redes de tráfico y de trata, pues que en realidad –afirmó-- dichas redes aumentan sus tarifas y “se están fortaleciendo”. Las activistas criticaron la “criminalización” contra los defensores de migrantes, que quedó ilustrada con tentativas de allanamiento de albergues en Coahuila, Veracruz y Sonora, por parte de elementos de la Guardia Nacional, o la colaboración con el gobierno de Estados Unidos para impedir el ingreso a México de migrantes y abogados.