CIUDAD DE MÉXCICO (apro).- A seis meses de publicarse la Ley de Amnistía, impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay una sola persona beneficiada y casi 800 solicitudes de amnistía formuladas por personas privadas de la libertad en centros de reclusión federales no han sido atendidas por la comisión encargada, pese al covid-19.

El Observatorio de Amnistías advirtió que la Comisión de Amnistía a cargo de la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha sesionado, por lo que se han quedado en el “limbo” 771 solicitudes de personas privadas de libertad del fuero federal.

Al anunciar su conformación, el organismo destacó que la parálisis resulta preocupante al registrarse 233 muertes de personas privadas de libertad, y 2 mil 663 contagiadas de covid-19 en distintos centros penitenciarios, de acuerdo a registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El Observatorio reconoció que, aun cuando la Ley de Amnistía no considera en su fundamentación evitar los contagios, el gobierno federal la promovió coyunturalmente “como un instrumento que puede ayudar a mitigar los riesgos”.

El colectivo de organizaciones resaltó que la Comisión de Amnistía fue creada el 22 de abril pasado, día en que llevó a cabo su primera y única sesión, en la que se aprobaron los lineamientos para atender las solicitudes, mismos que fueron publicados hasta el 19 de agosto.

Dedicado también a revisar la aplicación de las preliberaciones de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal en estados y la federación, el Observatorio destacó que la Comisión de Amnistía está conformada por 12 personas responsables de revisar las 771 solicitudes, sin embargo “este órgano no ha vuelto a sesionar y reportó que ni una sola persona solicitante ha recibido los beneficios de la nueva ley”.

El Observatorio reprochó que la Secretaría de Gobernación no haya promovido la Ley de Amnistía en los centros penitenciarios ni mucho menos haya traducido a lenguas indígenas “material de difusión para dar a conocer los beneficios de esta ley”, a pesar de que la población indígena sería la más beneficiada, “por lo que su alcance y conocimiento será aún más limitado”.

Las organizaciones que integran el Observatorio de Amnistías apuntaron que, de acuerdo al Segundo Informe de Labores 2019-2020, la Segob señaló que al 31 de julio de este año “se otorgaron mil 993 preliberaciones y libertades por haber compurgado la pena como respuesta a la contingencia sanitaria por covid-19, así como la identificación de 126 mujeres embarazadas, de las cuales únicamente nueve eran candidatas a acceder a algún beneficio de preliberación y que su expediente se encontraba bajo análisis”.

Las organizaciones alertaron que, de acuerdo a la información oficial, las acciones de reinserción social de las personas preliberadas, “no resultan suficientes en el contexto de la pandemia, además de que se carece de un plan de reinserción para personas que resultarían beneficiarias de la Ley de Amnistía”.

A las omisiones de la Segob, se suman las del Congreso de la Unión, que ha rebasado los plazos para realizar “un ejercicio de revisión de los delitos que hace referencia la Ley para valorar sus elementos configurativos en un plazo de 180 días posteriores a la entrada en vigor”, de ahí que exigieron al Poder Legislativo concluir el procedimiento.

El Observatorio de Amnistía recomendó a las autoridades responsables de aplicar la Ley de Amnistía y de otros mecanismos de preliberación realizar campañas de difusión de dicha ley en los centros penitenciarios de todo el país, así como entre familiares de las personas internas en español y en lenguas indígenas, en plataformas digitales y tradicionales.

Al urgir a la Comisión de Amnistía sesionar para dictaminar los expedientes, el Observatorio exigió transparentar las sesiones a través de versiones públicas de los acuerdos y documentos aprobados, y emprender una estrategia de reinserción social “acorde a las necesidades de la población egresada”.

Entre las sugerencias para reinsertar adecuadamente a las personas puestas en libertad, resaltan programar los egresos en una hora adecuada y garantizar el traslado seguro al domicilio de la persona liberada; ampliar el Programa de Trabajo de Reinserción Social Pospenal de la Segob a cargo de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, para garantizar el derecho a la salud, entre ellas “la realización de pruebas gratuitas y la atención por covid-19”; entrega de insumos de limpieza personal; seguimiento a personas “con uso problemático de sustancias”, así como acceso a atención psicológica individual y familiar.

Las organizaciones que conforman el Observatorio solicitaron la “facilitación expedita de albergues o casas de medio camino para quien no tenga acceso a una vivienda”; asegurar la alimentación de las personas egresadas de centros penitenciarios, así como entregar de forma inmediata los documentos que les permitan tramitar su identificación oficial por parte del Instituto Nacional Electoral.

Las organizaciones que forman parte del Observatorio son Mujeres Libres México; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro de Atención Integral de Familiares con Personas Privadas de Libertad; Documenta; Elementa DDHH; Justicia Transicional, Equis Justicia para las Mujeres; Centro Profesional Indígena de Asesoría Defensa y Traducción, y Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social.