Cámara de Diputados

En las 62 y 63 legislaturas se desviaron 506.5 mdp a través de un centenar de empresas fantasma: El País

En las dos anteriores legislaturas de la Cámara de Diputados, la 62 y 63, se desviaron 506.5 millones de pesos a través de más de un centenar de empresas fantasmas, reveló el diario El País.
miércoles, 27 de enero de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las dos anteriores legislaturas de la Cámara de Diputados, la 62 y 63, se desviaron 506.5 millones de pesos a través de más de un centenar de empresas fantasmas, reveló el diario El País.

En un reportaje firmado por Zorayda Gallegos se detalla que las presuntas adquisiciones camarales se dieron con 130 empresas que posteriormente fueron señaladas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de haber simulado operaciones.

Los supuestos servicios fantasmas prestados a la Cámara de Diputados iban desde asesorías para elaborar iniciativas de ley hasta la compra de artículos de oficina y enciclopedias.

De acuerdo con la investigación del diario español, en esas dos legislaturas los diputados también desviaron a firmas fantasma recursos de la partida económica que reciben para sus labores de gestoría social y que eran para la adquisición de colchonetas, sillas de ruedas y despensas destinadas a apoyar a los ciudadanos de sus distritos.

En los comprobantes fiscales en poder del SAT no se identifica al legislador o a la instancia administrativa que realizó las cuestionadas compras.

En la 62 legislatura, en funciones del 1 de septiembre de 2012 al 31 de agosto de 2015, los coordinadores parlamentarios fueron Luis Alberto Villarreal (PAN), Silvano Aureoles (PRD) y Manlio Fabio Beltrones (PRI).

En la 63 legislatura, que funcionó del 1 de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2018, lideraron César Camacho (PRI), Francisco Martínez Neri (PRD) y Marko Cortés (PAN).

La empresa Aacors Solución, constituida el 30 de octubre de 2015 en Villahermosa, Tabasco, y que al año de su fundación logró los primeros contratos con la Cámara de Diputados, es la que más recursos recibió: poco más de 283 millones de pesos a través de 107 facturas que justificaban la supuesta compra de cartuchos para impresoras y otros artículos de papelería, como sobres, engrapadoras, carpetas, hojas, clips y bolígrafos.

El País buscó entrevistar a los coordinadores parlamentarios, pero solo se obtuvo respuesta de cuatro legisladores. Todos se deslindaron de las contrataciones. También se solicitó a la Cámara información sobre alguna investigación en curso sobre estas compras, pero no hubo respuesta.

Francisco Martínez Neri (PRD) aseguró que la mayor responsabilidad en las adquisiciones recaía en la Secretaría General, un nombramiento que se hace a propuesta del grupo mayoritario en la Cámara, en ese entonces el PRI.
Villarreal, del PAN, dijo que es la primera vez que escucha sobre empresas fantasma en el Congreso.

Marko Cortes, también del PAN, afirmó desconocer estas contrataciones y explicó que los asuntos administrativos recaían en el comité de administración y en la Secretaría General.

César Camacho, del PRI, aseguró que desconocía las compras a empresas fantasma y sostuvo que, debido a que hay diversas instancias ejecutoras de gasto, pudo haber sido cualquiera de ellas.

Durante la 62 legislatura se pagaron 158.6 millones de pesos a sociedades de papel. El mayor monto (44%) se destinó a la supuesta renta de equipo de sonido y audio y a la adquisición de mobiliario. Otro 22% de los recursos desviados a empresas fantasma se justificó como servicio de asesoría y consultoría.

Uno de los pagos fue para la empresa Ficur S. C., que cobró poco más de un millón de pesos para brindar asesorías sobre diversas “reformas constituciones”. Justo en ese periodo legislativo se aprobaron las reformas energética y educativa que impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto con el apoyo de las bancadas del PRI, PAN y PRD.

Los diputados de la 63 legislatura destinaron 347. 8 millones de pesos a empresas fantasma. En ocho de cada 10 facturas que se usaron para justificar los recursos asignados se describe la supuesta compra de artículos de papelería.

También se contrataron cursos de equidad de género, talleres de violencia intrafamiliar, servicios de banquetes, alimentación y hospedaje, así como la renta de salones, edecanes y meseros.

Otro millón y medio de pesos se destinó a la compra de material didáctico, enciclopedias, manuales y libros de historia, teoría política, asuntos migratorios y filosofía.

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