MADRID (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) de México investiga tres viajes inusuales a España y Andorra de un exalto cargo de la institución para favorecer presuntamente el archivo de la causa contra el polémico abogado mexicano Juan Ramón Collado Mocelo, quien está siendo investigado en el Principado por blanqueo de capitales.

Collado, abogado de las élites del PRI en México, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, ocultó 120 millones de dólares en la Banca Privada d´Andorra (BPA) entre 2006 y 2015.

La investigación se centra en Alberto Alcántara Martínez, excoordinador general de Investigación de la FGR, que desplegó toda una estrategia para lograr que se desbloqueara ese dinero asegurado en Andorra, publica este martes el diario El País.

Durante el mandato de Peña Nieto, el entonces coordinador de Investigación de la FGR viajó a Andorra en tres ocasiones y facilitó información falsa a sus autoridades para que se archivara el caso contra Collado.

Alcántara se reunió en esos “inusuales” viajes con el fiscal de Andorra, Alfons Alberca, y con las jueces Canòlic Mingorance y María Àngels Moreno, que instruían la causa de Collado por blanqueo, según confirmaron dos fuentes al diario español.

Lo inusual fue que Alcántara acudiera en persona a entregar los informes sobre la investigación mexicana sobre Collado, cuando en el mundo de las comisiones rogatorias (nombre formal de las peticiones de ayuda judicial entre países) se hacen siempre por correo.

En marzo de 2015, Andorra intervino BPA, la institución bancaria señalada por las autoridades estadunidenses por ser un “coladero” para el blanqueo de capitales. Entonces, el principado pirenaico que se ubica entre España y Francia –de apenas 75 mil habitantes— tenía blindado el secreto bancario y había un halo de sospecha por el origen de algunas de las fortunas que se iban a refugiar al paradisiaco sitio. En 2017 modificó su legislación siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea y la OCDE.

De las miles de cuentas que entonces quedaron intervenidas, fueron sometidas a una revisión lo que permitió que algunas quedaran congeladas por no poder justificar el origen de los ingresos o por tener un origen sospechoso. Los fondos de Juan Collado son algunos de los que quedaron congelados.

En total son 2 mil millones de euros expropiados a 23 inversionistas mexicanos que tienen sus fondos bloqueados en Andorra, aseguró recientemente el abogado de estos mexicanos, Salvador Padilla Estrada, en declaraciones a Forbes México.

“Los empresarios se sienten con las manos atadas y no pueden ejercer ningún tipo de debido proceso o defensa para desbloquear sus fondos, entonces estrictamente eso es una extinción de dominio o una expropiación sin proceso jurídico alguno”, dijo el jurista quien resaltó que no ha habido juicio jurídico que demostrara hasta ahora que el origen de los recursos fuera a través del lavado de dinero.

El objeto de los viajes que hizo Alberto Alcántara Martínez, excoordinador general de Investigación de la FGR, “era convencer a las autoridades de Andorra de que Collado era un ciudadano ejemplar y que el origen de su dinero era lícito. Alcántara, más que un fiscal, parecía el abogado de Collado”, asegura una fuente conocedora de los encuentros a la publicación.

“El Banco de México, Hacienda, Presidencia, todos se confabularon para liberar los fondos de Collado”, añade.

El diario español publicó anteriormente que la estrategia de Fiscalía mexicana en la época de Peña Nieto y del propio Alcántara fue iniciar una investigación en México sobre los fondos de Collado para justificar su origen, archivar el caso y evitar así que la justicia de Andorra pudiera continuar con la causa al ser un hecho ya juzgado.

Fue que se elaboró un informe en el que se da por bueno el origen de la fortuna que manejaba Collado y por tanto no procedía el ejercicio de la acción penal.

Como la Fiscalía de Andorra puso pegas a la presentación del señalado informe, Alcántara volvió de nuevo con el documento validado por un juez.

En 2018, sus gestiones lograron que la justicia andorrana archivara de forma provisional el caso y se liberaran los 93 millones de dólares que acumulaba entonces el rosario de cuentas del abogado. Inicialmente, Proceso había identificado una cuenta, pero el diario español logró ampliar más adelante esa información.

Ya en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la FGR detuvo a Collado en julio de 2019 por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, y la conexión con Andorra dio un giro diametral, porque permitió su reactivación.

Un mes después del arresto de Collado, el juzgado andorrano que investigaba al abogado reabrió la causa y congeló 93 millones de dólares del abogado.

Otros beneficiados

Las actuaciones neap (No ejercicio de la acción penal) que promovió Alcántara en México también beneficiaron a otros protegidos de Peña Nieto, como su primo Alfredo del Mazo, el gobernador del Estado de México. Del Mazo ocultó en 2012, cuando era alcalde de Huixquilucan, 1.5 millones en BPA, publicó el diario El País.

La Fiscalía mexicana que encabeza Alejandro Gertz Manero remitió una comisión rogatoria a Andorra en el que informa sobre sus pesquisas contra Alcántara por un delito contra la Administración de la Justicia. Y pide conocer la información que Andorra tenga sobre los tres viajes de este alto funcionario en torno al caso Collado.

El escrito que firma Guadalupe Rodríguez Cruz, directora de Asistencia Jurídica Internacional, apunta que “tres viajes inusuales de Alberto Alcántara, coordinador general de Investigación, bajo el concepto de reuniones de trabajo con diversas autoridades de procuraduría de justicia, fueron realizados como comisiones extraordinarias de trabajo”.

Añade:

“La carpeta de investigación se inició con motivo de la denuncia formulada por Colado (el abogado inició en México el procedimiento) actuaciones que en todo momento fueron avaladas por Alberto Alcántara solicitando al Gobierno del Principado de Andorra que sobreseyera la causa por haberse decretado el no ejercicio de la acción penal. De ahí que concluya que dicha investigación fue integrada de manera irregular y que la determinación concretada fue contraria a derecho, ocasionando con ello que el gobierno de Andorra fuera mal informado de dicha investigación”.