CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y prohibir cualquier acción y omisión que provoque o perpetúe la brecha salarial de género, el Senado aprobó por unanimidad varias reformas legales.

Con 113 votos a favor y cero en contra, el pleno de la Cámara alta avaló en lo general y en lo particular, una iniciativa para erradicar la discriminación salarial contra las mujeres.

Se trata de reformas a las leyes federales de Trabajadores al Servicio del Estado; de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de Remuneraciones de los Servidores Públicos; del Trabajo y para Prevenir y Eliminar la Discriminación.

Así como las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la Ley del Seguro Social, y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal.

“Los salarios se fijarán con base en criterios objetivos y de igualdad entre mujeres y hombres, bajo el principio de igual remuneración por trabajo de igual valor, en términos de lo establecido en la Constitución y los tratados o convenios internacionales en la materia”, señala el dictamen.

“Todo trato diferenciado en materia salarial o de las condiciones de trabajo y niveles de responsabilidad entre mujeres y hombres se presumirá como injustificado”, añade.

La propuesta señala que, para eliminar la brecha de género, las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que cuentan con prácticas de igualdad de género y no discriminación.

Además, establece como uno de los objetivos de la política nacional el diseño, implementación, ejecución y evaluación de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad y no discriminación en las condiciones de trabajo.

La iniciativa, que fue turnada a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación, señala que los patrones estarán obligados a identificar y hacer del conocimiento de las autoridades e instancias correspondientes posibles acciones u omisiones que afecten el principio de igualdad salarial.

También prohíbe toda práctica discriminatoria por razones de género, etnicidad, edad, cultura, que incida en las percepciones económicas de las personas trabajadoras.