Ciudad de México (apro).- Expertos independientes de nueve relatorías especiales y del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, alertaron sobre “amenazas y ataques” contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente, ante la declaratoria de “proyecto de seguridad nacional”  que le adjudicó el presidente Andrés Manuel López Obrador al Tren Maya, así como por la participación del Ejercito mexicano en la construcción de mil 500 kilómetros en la Península de Yucatán.

En un pronunciamiento fechado en Ginebra, Suiza, los expertos manifestaron su preocupación por el peligro que la construcción del megaproyecto provoque a los “derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades, a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible”.

Para Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, la declaratoria de seguridad nacional “no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados”.

La experta consideró que “la creciente participación del ejército en la construcción y gestión del proyecto también suscita gran preocupación”.

Preocupados por “la falta de debida diligencia en materia de derechos humanos”, para los expertos “las empresas e inversores relevantes domiciliarios en España, Estados Unidos y China no pueden hacer la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya”, estimado a 20 mil millones de dólares.

Los especialistas puntualizaron que el gobierno “deberá tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente” y rechazaron que el estatus de seguridad nacional “no permite a México eludir su obligación internacional de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de las personas afectadas por este megaproyecto y de proteger el medio ambiente de acuerdo con las normas internacionales”.

Pidieron al gobierno que “garantice la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos y del impacto ambiental antes de cualquier decisión futura relacionada con el proyecto, como elementos clave para identificar, prevenir y abordar cualquier otro impacto negativo”.

Abundaron que se debe respetar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas “y deben evaluarse de forma transparente los impactos acumulativos reales y potenciales de los proyectos, de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y medioambientales”.

Instaron a empresas e inversionistas a “tomar las medidas adecuadas y a ejercer su influencia para garantizar que los procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos se lleven a cabo de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y los Derechos Humanos”.

Firmaron el posicionamiento los demás integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Pichamon Yeophantong, Eizbieta Karska, Robert McCorquodale y Damilola Olawuyi.

Así mismo, se sumaron los relatores especiales sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Cali Tzay; sobre el Derecho al Desarrollo, Saad Alfarargi; sobre la Esfera de los Derechos Culturales, Alexandra Xanthaki; sobre el Derecho a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociaciones, Clément Nyaletsossi Voule; sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwalte; sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor; sobre la Libertad de Opinión y de Expresión, Irene Khan; sobre las Formas Contemporáneas de Racismo, Ashwini K.P.; y sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David R. Boyd.