Juez federal ordena a PGJ-CDMX agotar líneas de investigación en caso Narvarte

jueves, 21 de abril de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de Distrito concedió un amparo a los familiares de las víctimas del multihomicidio de la colonia Narvarte con el que obliga a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) a revisar la petición de los abogados coadyuvantes de realizar distintas diligencias que ayuden a determinar el móvil y resolver el caso. La resolución de la juez 16 de Distrito de Amparo en Materia Penal Yasmín Ruiz --emitida el pasado 18 de abril, bajo el número 376/2015 y basada en tratados internacionales--, también ordena a la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos Garza a retomar las reuniones directas con los familiares de las víctimas para informarles de los avances de la investigación, ya que se suspendieron desde septiembre de 2015. Y es que, a decir de los abogados y los familiares de las víctimas, en la última reunión hace siete meses, éstos insistieron a las autoridades de la Procuraduría indagar el móvil del multihomicidio ocurrido el 31 de julio de 2015, que hasta ahora no ha sido resuelto. Sin embargo, las autoridades les respondieron que “era una exquisitez exigir aclarar el móvil. Entonces quedamos en un punto muerto”, explicó  Héctor Pérez, de la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM. La orden de la juez también obliga a la dependencia capitalina a precisar si admite o desecha cada una de las pruebas y diligencias propuestas por la coadyuvancia, con su respectivo razonamiento, fundamento y motivación. Y es que, en septiembre pasado, los abogados solicitaron un amparo en contra de la resolución de la PGJ local en la que se reservó el derecho de admitir y valorar las pruebas, diligencias y propuestas de líneas de investigación que le solicitaron. Entre las diligencias mencionadas están la ampliación de la mecánica de hechos y lesiones, la de peritajes en video y foto de las cámaras que captaron lo ocurrido alrededor del departamento de la calle Luz Saviñón, así como la del dictamen de genética forense sobre el pelapapas y la cuerda elástica usados para torturar a las víctimas y que contienen muestras de perfil genético distinto de las tres personas que actualmente están en el reclusorio Oriente. Según los abogados, ello demuestra que en el crimen intervinieron más individuos. También pidieron realizar un peritaje de criminología, las ampliaciones de declaraciones de funcionarios del gobierno de Veracruz, así como el peritaje de las características de la persona a la que corresponde una pisada de sangre hallada en el departamento y que presuntamente tampoco corresponde a ninguno de los detenidos. Incluso, demandaron analizar las diligencias realizadas por la Procuraduría para concluir cada una de las líneas de investigación iniciadas por la PGJ. Desde el inicio de la investigación, la dependencia mencionó el robo –aunque no ha determinado qué se robaron los agresores--, así como un presunto ajuste de cuentas por droga y hasta una supuesta red de prostitución. No obstante, ninguna de éstas ha sido resuelta o descartada. PGJ viola derecho a la verdad En conferencia de prensa, este jueves los abogados coadyuvantes de los familiares de Rubén Espinosa, Nadia Vera, Mile Virginia Martín y Yesenia Quiroz –los de Alejandra Negrete no han aceptado la representación-- aseguraron que con la resolución de la juez federal se acredita que la PGJ capitalina no ha garantizado el respeto al derecho a la verdad y a la información, a la coadyuvancia así como el de acceso a la justicia. Coincidieron en que el otorgamiento del amparo obliga a la procuraduría capitalina a realizar diligencias incluidas las de la línea de investigación por el trabajo periodístico de Rubén Espinosa y el activismo de Nadia Vera en Veracruz, quienes días antes de ser asesinados denunciaron públicamente ser víctimas de amenazas por parte del gobernador Javier Duarte. Karla Micheel Salas, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, consideró que si bien la PGJ no ha cerrado el caso, “no aclara para qué sigue abierta la investigación; pensamos que es más un compromiso político y no jurídico, porque hasta ahora no hay diligencias sustanciales para determinar las causas del crimen”. La defensora insistió: “No estamos casados con ninguna línea de investigación, pero queremos que la procuraduría garantice el derecho a la verdad y la justicia porque hasta ahora no lo ha hecho”. “Telenovela bien armada” Luis Eduardo Knapp, de la organización internacional Artículo 19, comentó que luego de la resolución de la juez, la PGJ capitalina tiene 10 días hábiles para impugnar la decisión. Sin embargo, advirtió que de hacerlo, la dependencia dirigida por Ríos Garza “enviaría un muy mal mensaje de que no está comprometida con investigar el caso ni quiere llegar al fondo del mismo”. Patricia y Alma Espinosa Becerril, hermanas del fotoperiodista, reiteraron su exigencia al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para cumplir la promesa que les hizo desde que ocurrió el multihomicidio de “llegar hasta las últimas consecuencias”. Y es que, dijeron, lo que les ha informado la Procuraduría es “una telenovela bien armada… pero no se ha visto que hayan hecho nada para llegar a la verdad y hacer justicia”. Con la fotografía de Rubén que siempre las acompaña a los actos públicos, ambas demandaron a las autoridades no dejar de lado la línea de investigación de las amenazas contra Rubén y Nadia por su trabajo periodístico y activismo social, respectivamente. Su demanda, aclararon, no es sólo por el asesinato de su hermano, sino también por el de las otras cuatro mujeres ejecutadas aquel viernes 31 de julio en el departamento de la colonia Narvarte. PDI acusado de filtración Previo a la conferencia, se informó que la PGJ capitalina solicitó una orden de aprehensión contra el comandante de la Policía de Investigación, René Ruiz Mejía, como sospechoso de filtrar la información confidencial del crimen a ciertos medios de comunicación. El delito señalado por la dependencia ante el juez Décimo Octavo de lo Penal es Ejercicio Ilegal del Servicio Público cometido en contra de la misma dependencia que dirige Rodolfo Ríos Garza. De acuerdo con información difundida por el portal Animal Político y Grupo Fórmula, el pliego de consignación y solicitud de detención indica que entre el 28 de enero y el 10 de agosto de 2015, dicho funcionario ingresó 53 veces al Sistema Único de Información Delictiva del Distrito Federal “para obtener información privilegiada o exclusiva de manera indebida para satisfacer sus intereses personales”. Según el registro, el comandante Ruiz Mejía utilizó su nombre de usuario y clave para entrar a la Base de Datos Informática de la Procuraduría desde varias computadorasde instalaciones de la dependencia en las delegaciones Coyoacán, Benito Juárez y Cuauhtémoc. Peor aún, el presunto filtrador nunca estuvo adscrito a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Ello significa que no pudo haber recibido ninguna instrucción para revisar a detalle 28 averiguaciones previas de casos notorios como el de la colonia Narvarte. De ese expediente, Ruíz Mejía obtuvo datos del auto Mustang relacionado con el crimen, así como fotografías de la escena del crimen, incluidas imágenes explícitas de la forma en que fueron hallados los cadáveres de las cinco víctimas. Esa información fue publicada en los diarios La Razón, Reforma y Metro entre el 3 y el 5 de agosto de 2015; es decir, durante la primera semana después del crimen. La orden de aprehensión asegura que ninguno de los reporteros que firmó las notas pudo haber obtenido de manera directa dicha información. Por último, menciona que si el comandante es declarado culpable, podría ser condenado hasta a 10 años de cárcel por ser un delito grave. La PGJ pidió además su destitución del cargo y la inhabilitación hasta por 10 años como servidos público. Cabe recordar que debido a estas filtraciones, las hermanas de Rubén Espinosa y la organización Artículo 19 solicitaron un amparo del juez noveno de Distrito en Materia Penal que ordenó a la Procuraduría a detener la filtración de información del expediente para no entorpecer ni manipular la investigación.

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