GUADALAJARA, Jal., 26 de abril (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) dio carpetazo a la investigación sobre el donativo de 30 millones de pesos que hizo el gobernador Emilio González Márquez a la arquidiócesis de esta capital para la construcción del Santuario de los Mártires.
En su momento, el hecho generó una ola de inconformidad social que obligó al cardenal Juan Sandoval Iñiguez a devolver los recursos entregados por el mandatario panista en junio de 2008.
En un documento, el ombudsman estatal determinó “que Emilio González Márquez, Oscar García Manzano y Aurelio López Rocha no incurrieron en el ejercicio indebido de la función pública ni violaron el derecho a la legalidad y seguridad jurídica, pues la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público es clara y les otorga la facultad discrecional de proporcionar subsidios”.
Pese a las más de siete mil quejas que se acumularon por ese hecho, el presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, sostuvo que no hubo violación a la ley porque el dinero fue regresado el 24 de junio del 2008:
“Los servidores públicos involucrados en ningún momento ejecutaron actos que impidieran a los inconformes profesar libremente sus creencias religiosas o practicar ceremonias, devociones o actos de culto religioso. Se descarta que dichos servidores públicos hayan cometido acciones u omisiones por las cuales se prohíba alguna religión”, argumenta.
    En marzo y abril de ese año, varios activistas, entre ellos Dante Jaime Haro Reyes, Víctor Hugo Pérez Farías, Jaime Hernández Ortiz, Azucena Méndez Ramírez, José Alfredo Sánchez Gutiérrez y Gabriela Juárez Piña, presentaron quejas por el abuso de poder y de los recursos públicos del gobernador y la clara violación al Estado laico y a la libertad de culto.
Las miles de quejas se acumularon en la resolución 712/08-V.
    Sin embargo, la resolución 255/11-V, emitida por la Quinta Visitaduría de la CEDHJ, en relación con la queja 712/2008-V y sus acumuladas, fue notificada a varios activistas el miércoles 20, en pleno asueto de Semana Santa y por correo tradicional.
Uno de los quejosos, Jaime Hernández, entregó hoy a Apro una copia del documento que ordena “archivar definitivamente” las más de siete mil quejas.
    La resolución advierte que con base en el “análisis de las pruebas ofrecidas por los servidores públicos involucrados, entre ellos el gobernador Emilio González Márquez, el exsecretario de Finanzas, Oscar García Manzano, y el titular de Turismo, Aurelio López Rocha., así como por las pruebas aportadas por algunos inconformes con este procedimiento, este organismo concluye que no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos”.    
    Sin embargo, los activistas adelantaron que acudirán a instancias nacionales e internacionales para que la presunta violación al Estado laico no quede impune.