GUANAJUATO, Gto. (apro).- A partir de este martes, 35 mil alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado (Cecyte) que regresaron del periodo vacacional de Semana Santa debieron tomar clases en sedes alternas a sus planteles, debido a la huelga que los trabajadores y personal del sindicato estalló desde el miércoles 30 de marzo. Casas de la cultura, unidades deportivas, iglesias, centros comunitarios, planteles de otros niveles educativos y otras sedes alternas fueron dispuestas por el estado y negociadas con los gobiernos municipales para que funjan como salones de clase para los alumnos del Cecyte. El sindicato del Cecyte, que agrupa a mil 300 trabajadores, docentes y administrativos que laboran en los 57 centros educativos de esta institución en todo el estado, acusa que desde su arribo en agosto pasado la nueva directora Virginia Aguilar Santoyo ha ejercido un liderazgo autoritario, vertical y con la imposición de “mano dura” en los planteles, incluso “llegando en ocasiones a promover confrontaciones con los docentes frente a los grupos por parte del personal de confianza y del departamento jurídico”, según expusieron integrantes del mismo. Al llegar la negociación del contrato colectivo por parte del sindicato, cuya secretaria general es Hortensia Granados Avilés, el planteamiento hecho por este organismo fue un incremento salarial de 10%, mismo que fue rechazado por la dirección del Cecyte y por la Secretaría de Educación del estado. La Junta Local de Conciliación está por resolver sobre la legalidad de la huelga en las próximas horas. El gobierno estatal ha señalado que dicho incremento es una facultad del gobierno federal y que se trata de una petición “totalmente fuera de la realidad”, según señaló hoy el gobernador Miguel Márquez Márquez. “Están solicitando un 10% de aumento, esto es algo totalmente fuera de la realidad; estamos hablando de un entorno económico que no es el que quisiéramos, está totalmente fuera de la realidad”, señaló Márquez. Pero además el gobernador rechazó el planteamiento del sindicato de exigir la aprobación de comisiones para integrantes de la dirigencia sindical, entre ellos la propia secretaria general. “Estamos hablando de que se le permita a los maestros, cuando la ley ya lo prohíbe, que puedan atender las comisiones sindicales para no estar frente a grupo. La ley ya lo prohíbe, hicimos ese compromiso con la SEP, y no lo vamos a romper. Llegó para cambiarse y no se cambia”, advirtió Márquez. En cuanto al incremento salarial demandado, el gobernador afirmó que las dobles negociaciones entre la Federación y los estados con los sindicatos magisteriales “ya se acabaron, hay una sola negociación, y se anuncia en mayo”. Según dijo, el estado no puede salir a hablar de un incremento antes de que se firme el convenio federal. “Eso le había hecho mucho daño al erario. No podemos retroceder, en eso tenemos que ser firmes y no hay marcha atrás, las cosas cambian para bien. Nos veríamos mal como estado no respondiendo a una exigencia de ley y a un compromiso con la Federación que hemos asumido”, justificó. Márquez dijo esperar que en su resolución la Junta de Conciliación y Arbitraje no reconozca la legalidad de la huelga. “Yo estimo que no hay condiciones, en una lógica normal no hay condiciones para una huelga. En la resolución que se dé, requerimos que los muchachos no pierdan clases. La educación en Guanajuato no debe detenerse ni podemos caer en ese tipo de situaciones que no ayudan en el entorno educativo”, concluyó. Sin embargo, integrantes del sindicato (Stescecyte) señalaron que hay una serie de condiciones que despertaron su inconformidad, particularmente al arribo de la nueva directora en agosto pasado. “Decisiones como los cambios repentinos en el sistema de evaluación impuestos en el último momento del ciclo escolar y la inclusión tardía de alumnos en situación de recurse para recibir la atención que por derecho les correspondía, fueron errores de la administración que, sin embargo, se resolvieron presionando y castigando a los docentes que se opusieron a esta práctica engañosa, mediante acciones de acoso y hostigamiento que afectaron gravemente el ambiente laboral, las relaciones humanas, y por consiguiente los procesos de enseñanza y aprendizaje en muchos de los planteles”, expusieron en una carta entregada a Apro desde el plantel León I. Por principio de cuentas, reclamaron la reiterada negativa a reconocer la existencia del sindicato y el derecho de éste a recurrir a la huelga, de modo que “el escaso diálogo logrado se ha tenido que solicitar con la intervención de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, desde finales del año pasado”. El propio emplazamiento a huelga, señalaron, se topó con la cerrazón “y la descalificación hacia los trabajadores y sus representantes”, lo que los llevó a estallar la huelga el 30 de marzo al mediodía, aunque se estaba en periodo vacacional. Los profesores también expresaron su molestia porque se ha pretendido calumniarlos y criminalizar el derecho a huelga. “El sindicato y sus trabajadores no dejamos de existir por decreto ni por discurso, aquí estamos para quien esté dispuesto a escuchar”, señalaron.