MONTERREY, NL (apro).- El gobierno estatal determinó castigar con una “amonestación” a Rogelio Benavides Pintos, exsubsecretario de Administración, quien fue cesado tras el escándalo del cobijagate, mediante el cual se encontró un millonario sobreprecio en la adquisición de cobertores por la gestión de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. En un comunicado difundido este jueves, se especifica que, para la Subprocuraduría Anticorrupción, la alteración del precio de las prendas fue producto de “un error”. Sorpresivamente, la dependencia llegó a un “acuerdo reparatorio” con la empresa Mirof SA para que entregara al gobierno 60 mil cobertores para resarcir el daño detectado al erario, con lo que se extinguía la posible acción penal en su contra. La administración estatal determinó también aplicar sanción económica de 100 días de salario (7 mil 300 pesos) y amonestación al exfuncionario, amigo personal y operador político de El Bronco. El mismo castigo se le aplicó a Gonzalo Padilla Orozco, director de Adquisiciones. Estas sanciones parecen desproporcionadas con la millonaria sobrefacturación y van en contra de la tan publicitada política de “El Bronco” de cero tolerancia a la corrupción. El periódico El Norte descubrió en el mes de febrero que Benavides Pintos adquirió, con sobrecosto, un lote de 200 mil cobertores que fueron repartidos entre familias pobres de la entidad en la temporada navideña del 2015. Según la nota, los artículos fueron comprados en 29 millones de pesos, equivalente al triple de su valor real. La irregularidad detectada ocasionó la salida del funcionario, quien había sido reconocido como un operador político de todas las confianzas del gobernador nuevoleonés. En la resolución de este caso, la Fiscalía Anticorrupción señala que los 60 mil cobertores que la empresa entrega para reparar el daño equivalen a 30% del total de los 200 mil artículos adjudicados en subasta, algunos de los cuales incumplieron con las especificaciones y que, de acuerdo con el gobierno del estado, fueron distribuidos así por una emergencia ocasionada por el frío de diciembre pasado. Las inconsistencias entre las especificaciones para la adquisición y la calidad de las colchas entregadas ocasionaron que el sistema CorruptNet recibiera una queja contra los servidores públicos, entre ellos Benavides Pintos, por lo que la Unidad Anticorrupción de la Contraloría y Transparencia Gubernamental interpuso una denuncia ante la Subprocuraduría Anticorrupción, que abrió la carpeta de investigación13/2016-UIESP-II. Al explicar la inconsistencia entre el precio del lote y las especificaciones de las unidades entregadas, el fiscal Ernesto Canales explicó que en su comparecencia el representante legal de Mirof dijo que, “por error”, el 24 de diciembre pasado entregaron 60 mil cobijas con dimensiones distintas a las especificadas. Se comprobó que 30% de los cobertores eran de dimensiones menores a las requeridas, por lo que la Procuraduría recurrió a los “medios alternativos” para resarcir el daño, con lo que se extingue la acción penal por este hecho. “Este acuerdo muestra el brazo conciliador de la Fiscalía, pues conseguimos que el proveedor reparara el daño al erario. Y esta Subprocuraduría está dispuesta a aplicar el mismo criterio en situaciones similares”, indicó Canales Santos. La Subprocuraduría “no ha encontrado datos suficientes” para hallar responsables de delito a ningún servidor público involucrado en el proceso de subasta, adjudicación del contrato y entrega-recepción de los cobertores. Como parte de la investigación se determinó sancionar a otros funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social con los siguientes procedimientos administrativos: Helena Silva Parra, directora administrativa: sancionada con apercibimiento privado; Pedro Antonio Valadez Rodríguez, coordinador de Control Presupuestal y Financiero de la Dirección Administrativa: sancionado con apercibimiento privado, y Jesús Efraín Mazatán Parra, representante de la Contraloría en el Comité de Adquisiciones: sancionado con apercibimiento público.