CUERNAVACA, Mor. (apro).- El exsecretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, Roberto Soto Castor, denunció al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo por presunto nepotismo, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El excolaborador de Graco Ramírez acudió este miércoles a las oficinas de la Fiscalía y presentó la denuncia por “ejercicio abusivo de funciones”, en virtud de que –sostuvo-- el mandatario incluyó a familiares sanguíneos y de filiación de su medio hermano, Ulises Bravo, en coordinaciones o direcciones de área, con salarios que rebasan los 60 mil pesos. La denuncia fue presentada a partir de una publicación periodística en la que se dio a conocer que Liu León Luna, esposa o compañera sentimental de Ulises Bravo, fue nombrada representante del gobierno morelense en la Ciudad de México. En tanto, Carlos y Jaime Juárez López, tíos de Bravo, fueron designados como coordinador de la Oficina de la Gubernatura y director de Administración en la Comisión Estatal del Agua, con salarios de 60 y 45 mil pesos, respectivamente. Además, Armando Shajid Bravo López, hermano de Ulises, labora como director general de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Morelos, con un sueldo de 60 mil pesos mensuales, y Baltazar Jonathan Alegría Mejía, “amigo cercano”, funge como director general de Infraestructura Social y Atención a Asuntos Indígenas y Migrantes, de la Secretaría de Desarrollo Social. De este último también se dice que ha asignado contratos sin licitar. Entre los amigos también están exjugadores del América. Por ejemplo, Germán Villa es titular del Instituto del Deporte, mientras que Isaac Terrazas encabeza el Fideicomiso del Estadio Agustín Coruco Díaz y Francisco Reyes fue nombrado vocero del gobierno. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco negó que las contrataciones de los servidores públicos sean ilegales, y consideró que la denuncia es un “revanchismo” político de su predecesor. Soto Castor, el denunciante, es esposo de la exdiputada perredista Hortensia Figueroa Peralta, quien está vinculada a proceso por desvío de recursos en el Congreso local. También fue presidenta municipal cuando se autorizaron las inhumaciones irregulares de las fosas de Jojutla.