SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P. (apro).- Funcionarios de la actual administración municipal de la capital acudieron a la Auditoría Superior de la Federación para denunciar que en el trienio pasado que presidió el perredista Ricardo Gallardo Juárez se dispuso de 230 millones de pesos que estaban presupuestados para un puente vehicular que nunca se construyó. El proyecto del puente de Fray Diego de la Magdalena –en la zona norte de la capital- fue anunciado por el exedil Gallardo Juárez; se asignaron recursos, pero la obra no se licitó sino que se asignó de manera directa. Además, se utilizaron recursos municipales y federales para pagarla, pero no fue ejecutada. La Contraloría del estado requirió a la actual administración de Xavier Nava Palacios el recurso que se erogó. Parte de los recursos quedaron en manos de algunos contratistas, con quienes se está acercando el gobierno municipal para que lo reembolsen, informó el secretario general del Ayuntamiento, Sebastián Pérez García. Para asignarla de manera directa, el gobierno de Gallardo Juárez declaró desiertas las tres convocatorias previstas por la ley. Esto incluso provocó que una de las empresas participantes se inconformara legalmente. Según el secretario Sebastián Pérez, “se asignó de manera directa a una empresa, la cual no tenía las características ni contaba con la infraestructura suficiente para un proyecto arriba de los 225 millones de pesos, lo que implica que no hubo revisión alguna por parte de la anterior gestión municipal para garantizar el desarrollo” del puente. Además, la compañía favorecida por la asignación directa de Ricardo Gallardo Juárez subcontrató a otras empresas como proveedoras de insumos y servicios, algo fuera de la norma. Por todo ello, se determinó acudir a la Auditoría Superior de la Federación para exponer la situación y denunciar las anomalías encontradas por esta obra, que van en dos sentidos: por las consecuencias administrativas y/o penales que puedan resultar de parte de los funcionarios de la anterior administración por la asignación y pago de esta obra, así como por la empresa a la que se asignó y las contratistas que fueron subcontratadas por ésta. La otra parte implica un proceso que el actual gobierno debe realizar para resarcir los recursos de que se dispuso, pues dicho presupuesto debe ser reingresado a las arcas municipales. Esta denuncia se suma a otras dos que han sido presentadas por actos de gobierno en el trienio de Ricardo Gallardo Juárez que han derivado en posibles delitos. La primera fue presentada por el indebido cambio de uso de suelo de un área natural protegida, cambio que fue autorizado en los últimos días del trienio de Ricardo Gallardo Juárez en una zona denominada camino a Presa de San José, que se pretendía convertir en un área para proyectos inmobiliarios. Este cambio se hizo violando un amparo otorgado por una jueza federal precisamente para preservar el uso de suelo del área protegida, a petición de organizaciones civiles. El uso de suelo se revirtió a su destino original por el actual Ayuntamiento, a fin de acatar la resolución del amparo. La segunda denuncia fue presentada el 15 de marzo por el exsecretario del Ayuntamiento, Marco Antonio Aranda, cuya firma fue falsificada en documentos oficiales. Aranda fue secretario en los primeros meses del trienio de Gallardo Juárez. “En este caso son veintitantos contratos que se refieren a las purificadoras de agua (contratadas por Ricardo Gallardo como parte de su programa social); esperamos que sean nada más en esas y no las hayan utilizado (la firma del exfuncionario) en otras”, señaló Marco Antonio Aranda el día que interpuso la denuncia ante la Fiscalía general del estado. El exsecretario dijo que está en comunicación con los funcionarios de la actual administración para conocer si surge alguna otra documentación en la que aparezca su firma y ésta haya sido falsificada. “Cualquier acción que no esté apegada a derecho hay que tener el valor de venir a denunciarla”.