CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como es de conocimiento público, Jesús Orta, primer secretario de seguridad pública en el Gobierno de la Ciudad de México de esta administración se encuentra bajo investigación y se ha solicitado orden de aprehensión por el presunto delito de delincuencia organizada. El delito que se le imputa a Orta amerita prisión preventiva oficiosa, de acuerdo al artículo 3º, segundo párrafo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el artículo 4º establece distintos tipos penales que tienen en común que si el imputado es hallado culpable por la autoridad jurisdiccional competente no alcanzaría libertad bajo fianza o caución por la media aritmética de las penas privativas de la libertad en los distintos supuestos que superan los cinco años. El asunto tiene varias aristas que reclaman un análisis puntual. Veamos.
Primero. Lo correcto en el caso de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hubiera sido que se pronunciara por la investigación de presuntos delitos conforme a la Constitución y la ley, de manera aséptica. No lo hizo. Se sumó al juicio sumario de los medios e hizo eco de la filtración de la Fiscalía General de la República sobre su colaborador del cual buscó deslindarse tan pronto surgió el tema en la prensa. No explicó, por supuesto, cómo su equipo de inteligencia dejó pasar a un presunto infractor de la ley, si, como ella mismo dijo, la investigación de referencia fue la razón de su salida del cargo. En su momento, empero, Sheinbaum dijo que: “
la renuncia de Orta fue por motivos personales” e incluso afirmó que en su gestión se logró “una reducción importante en varios delitos en la ciudad”. En la lógica del mundo al revés, la jefa de gobierno de la CDMX se ubicó exactamente en el lado opuesto de los derechos humanos previstos en el artículo 1º, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ubicó a Orta como ¡presunto culpable!, no como es de explorado derecho respetando su derecho fundamental a la presunción de inocencia, que reclama- a diferencia de lo que sostiene Sheinbaum- que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario en un tribunal de derecho siguiendo todas las formalidades del proceso legal. Aquí en la lógica de Sheinbaum, su excolaborador debe probar que es inocente.
Segundo. En la misma línea argumentativa de Sheinbaum se advierte un salto elástico inverosímil: un servidor público vinculado a la corrupción se volvió “bueno” durante 10 meses que duró en su encargo como secretario de seguridad de la CDMX dando resultados reconocidos por la propia Sheinbaum para, después, volver a ser malo a su salida de esa tarea. Esa narrativa hace agua por todos lados. Se supone que el equipo de inteligencia de la jefa de gobierno sometió a su equipo de trabajo a una investigación de su trayectoria como prerrequisito para designar a sus distintos colaboradores, por lo menos del primer nivel. Sobra decir que Jesús Orta, por la naturaleza de sus funciones en la prevención de la inseguridad, se ubicaba en el círculo más cercano de la jefatura de gobierno. De otra forma, se colige, no se hubiera dado la designación de referencia. Por si el discurso de Sheinbaum no tuviera ya suficientes puntos débiles, ella misma se encargó de no dejar dudas: “Tuvimos conocimiento que se estaba haciendo una
investigación de la FGR por sus cargos anteriores y fue una de las razones, al tener conocimiento, de la solicitud de su renuncia”
. En otras palabras, las imputaciones de presuntos delitos no fueron durante su administración donde las investigaciones de inteligencia realizadas se centraron, como es entendible, más en conductas pasadas que en predicciones de comportamiento futuro.
Tercero. Cabe, empero, la hipótesis de que la investigación de inteligencia del equipo de Sheinbaum sí haya hecho su tarea y no encontró elementos de riesgo después de haber cruzado datos con distintas dependencias de seguridad nacionales y extranjeras para apuntalar la idoneidad de su designación y que el examen de control de confianza (cuya metodología y diseño tiene muchas oportunidades de mejora) pudo haber salido bien. Claro, en esta convicción de que es culpable hasta que demuestre que es inocente, los que fallaron fueron los exámenes e investigaciones, lo que es congruente con una decisión política de preparar un linchamiento mediático dejando al defenestrado personaje en un estado de indefensión, donde llegaría a un proceso judicial con una condena mediática y política donde el Estado se le va con todo, donde se privilegia una decisión preconcebida que hizo acríticamente suya la jefa de gobierno como consigna en perjuicio del principio de seguridad jurídica que debe observarse para todos, sean o no de los nuestros.
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