CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).–Durante los últimos años la cuestión del refugio en México la hemos visto como una problemática que concierne a personas de otros países que habitualmente se internan al nuestro por la frontera sur, en medio de todo tipo de adversidades. Es un desafío humanitario de enormes dimensiones que la Comar ha atendido lo mejor posible con sus reducidos recursos, cumpliendo los compromisos internacionales de México y nuestra legislación en la materia. Pero es insuficiente.

Al cierre de octubre la Comar ha recibido más de 108 mil solicitudes de refugio, principalmente de nacionales de Haití, Honduras, Cuba y El Salvador, entre los principales países de origen.

Así, pareciera que el desafío humanitario procede únicamente de otros países. Lamentablemente ya no es así. Conforme se ha agudizado la inseguridad, la cruda violencia y la virtual ausencia de estado de derecho y de instituciones de gobierno en no pocas regiones de México, la consecuencia es la creciente movilización forzada de miles de personas. Son nuestros refugiados, que en muchos casos buscan alternativas de vida en ciudades cercanas o en regiones distintas, mientras otros más avanzan hacia las ciudades fronterizas del norte pretendiendo encontrar refugio en Estados Unidos.

Nuestros refugiados –desplazados internos y quienes buscan protección internacional– constituyen una problemática social y emergencia humanitaria cada vez más grave por sus determinantes, condiciones sociales y por sus dimensiones crecientes. Debiera ser un asunto prioritario de la agenda pública nacional. Por lo pronto, no hemos dedicado suficientes recursos ni siquiera para conocer sus características, escala y localización, y menos aún para recuperar los espacios ocupados (y gobernados de facto) por el crimen organizado, para evitar así el desplazamiento de cientos de familias y la destrucción de comunidades.

La movilidad de refugio mexicana se suma, por cierto, a la intensa reactivación de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos por razones económicas, laborales principalmente, que se reinició en junio del año pasado. Hoy somos el principal país de origen de migrantes y refugiados captados (y regresados) por la autoridad migratoria estadunidense. Conforme a las estadísticas (Department of Homeland Security), casi un tercio del total que alcanza la frontera de Estados Unidos son mexicanos. De los 200 mil arribos mensuales registrados últimamente, de todas las nacionalidades, 31% es de compatriotas. De este amplio número, una franja difícil de precisar –pues carecemos de los estudios apropiados– corresponde a nuestros refugiados, los que llegaron al norte.

Si consideramos como indicador genérico del refugio mexicano el número de personas que arriban como ¨grupo familiar¨ a la frontera sur de Estados Unidos (con al menos un niño o niña), puede apreciarse en la estadística que esa movilidad se consolidó a partir de febrero de este año y que progresivamente se ha incrementado. En grupos familiares, en los meses de febrero a septiembre, el promedio mensual de personas es de 3 mil 124 (24 mil 993 en el periodo), siendo probable que la tendencia persista en los próximos meses. Es decir, si la curva prosigue, nuestros refugiados que van al norte posiblemente asciendan a alrededor de 30 mil personas al finalizar el año, haciendo un cálculo grueso.

Un rápido recorrido por los albergues de Tijuana, utilizando esta ciudad como ejemplo, muestra que en días recientes más de la mitad de las personas albergadas son mexicanas, cuando hasta hace unos meses predominaban los centroamericanos. Adicionalmente, una perspectiva similar la ilustra el improvisado campamento de El Chaparral –en el borde del cruce fronterizo entre Tijuana y San Ysidro– donde están asentadas 769 personas, siendo la mitad de nacionalidad mexicana (50%, niñas y niños), según datos recientes del ayuntamiento de Tijuana.

No resulta sorpresivo que 38% de las personas mexicanas del campamento provenga de Michoacán y otro 38% de Guerrero. Los orígenes adicionales se reparten entre Chiapas, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y Morelos, en ese orden.

Es necesario subrayar que no debería haber refugiados mexicanos. Mucho menos en el escenario de un gobierno que ha prometido paz, justicia y sobre todo atención a la población pobre. El perfil dominante de nuestros refugiados es justamente población pobre que ahora está sometida a muy graves condiciones de vida. Es responsabilidad del Estado corregir los factores que causaron la expulsión de sus lugares y, sin duda, fue su responsabilidad haberlo evitado. Es ahora también responsabilidad del Estado atender al menos lo básico de la asistencia humanitaria en la coyuntura y, sobre todo, construir la ruta para el retorno a sus hogares en condiciones plenas de seguridad. Por consiguiente, ofrecer a nuestros refugiados “reinserción” en lugares distintos a sus espacios de origen equivale a asumir que el crimen organizado ha ganado la partida.

No es asunto menor lo que sucede en México en regiones que se han convertido en amplios focos de expulsión de población, no por pobreza o carencia de recursos. La violencia, el crimen, la impunidad y las organizaciones delincuentes amenazan la vida, los bienes, y destruyen la economía local; además, avanzan en el reclutamiento de niños y adolescentes para sus fines de control territorial. Cualquier similitud de este panorama con lo que describen los jóvenes que huyen de Honduras, por ejemplo, no es mera coincidencia.

*Profesor del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo/UNAM

Este análisis forma parte del número 2351 de la edición impresa de Proceso, publicado el 21 de noviembre de 2021, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.