San Fernando

11 años de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas: muchas promesas, cero justicia

Las familias de las personas migrantes asesinadas hace 11 años en San Fernando, Tamaulipas, se preguntan cómo es que un país como México, que a la lejanía pareciera fuerte y sólido en sus instituciones, no les ha respondido.
miércoles, 25 de agosto de 2021

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El desgaste se nota, se siente. Duele e indigna. Hay una sensación de que los gobiernos han sabido cómo “administrar” la tragedia, cómo “procurar” la burocratización de la justicia. Las víctimas están cansadas, están frustradas, están molestas. Las familias de las personas migrantes asesinadas hace 11 años en San Fernando, Tamaulipas, se preguntan cómo es que un país como México, que a la lejanía pareciera fuerte y sólido en sus instituciones, no les ha respondido. 11 años tocando puertas, tratando de explicar cuál ha sido el camino de lucha y dolor. Once años yendo de allá para acá. Después de 11 años pareciera que están en el mismo lugar.

Desde hace algunos años, las familias de los 72 migrantes que acompaña la Fundación para la Justicia se reunían con autoridades mexicanas –Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República, Fiscalía de Tamaulipas– para exigir justicia, verdad y reparación, alrededor del cumplimiento de la Recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El año pasado, cuando se cumplieron 10 años, estas reuniones fueron virtuales y el encuentro con autoridades y otros actores terminó con una lista de acuerdos que parecían esperanzadores, pero nada pasó. Casi nada se cumplió.

Este año, las familias decidieron no reunirse con las autoridades. La esperanza adquirida en esas reuniones se fue convirtiendo en frustración. “Preferimos estar en familia estos días”, nos dijeron.

Algunas se fueron al mar con unas cartulinas escritas a mano con consignas de justicia y unos globos blancos para mandar al cielo; desean que al alcanzar el cielo puedan dejar un mensaje a sus seres queridos de que van a seguir luchando, sin importar los obstáculos que se presenten. Con voz llena de indignación también le mandan un mensaje a las autoridades: “A 11 años no hemos visto justicia, ni reparaciones, ni exhumaciones. No hay señales de las autoridades mexicanas ni de las de Guatemala. Solo mentiras y mentiras y no cumplen lo prometido: las promesas ya nos tienen cansados”.

El año pasado, con las dificultades que enfrentaban las familias frente a la pandemia del covid-19, pedían al gobierno mexicano algún tipo de apoyo, porque varios habían perdido sus trabajos, las abuelas estaban pasando dificultades para la manutención de los nietos huérfanos por la masacre y un amplio número de ellos estaban acosados por las enfermedades.

Estando presentes en la reunión, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) hicieron la promesa de que les harían llegar “apoyos de emergencia”. El maltrato institucional no tuvo límites: muchas e interminables reuniones, en cada una había una nueva interpretación de un nuevo requisito por parte de la CEAV, la solicitud de un nuevo documento que tenían que conseguir –sin importar que estábamos en pandemia–. Se utilizaron discursos leguleyos que terminaban por lastimar más a las familias, como por ejemplo, que los 800 dólares que les darían por familia –¿qué son 800 dólares por familia para el gobierno mexicano?–, no se los podrían dar por concepto de ayuda de emergencia, sino como parte de la reparación. En ese momento de tanta dificultad no llegaron los 800 dólares, ni como reparación ni como ayuda de emergencia. Fue hasta hace unos días que algunas de ellas los empezaron a recibir, casi un año después. Asumimos que las autoridades “se apuraron un poco” el mes pasado, porque se dieron cuenta que ya casi se cumplía un año más desde esa promesa. Es indigno.

De la Fiscalía General de la República, mejor ni hablar. Sin la voluntad para construir una comisión de investigación independiente –con el apoyo de organismos internacionales– para que se investiguen todas las masacres de migrantes, difícilmente se logrará ver una luz de justicia. Eso lo tenemos muy claro. Nada se avanzará con las actuales estructuras de la Fiscalía. Las investigaciones penales son un mar de burocracias y obstáculos donde es imposible avanzar.

A las familias de las masacres de migrantes les ha tocado asumir el fracaso de la CEAV, el fracaso de la Fiscalía General de la República y también el fracaso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr acuerdos humanitarios para la identificación de restos dignos. A pesar de que México se caracteriza por sus excelentes oficios en materia diplomática, no se ha logrado un acuerdo con las autoridades de Guatemala para que permitan que la Comisión Forense (formada por peritos de la FGR y del Equipo Argentino de Antropología Forense) exhume en Guatemala restos de personas migrantes que les fueron entregados, pues las familias tienen dudas sobre si en realidad son sus seres queridos. No piden mucho, solo la certeza de que la tumba a la que llevan flores, realmente tenga los restos de sus hijos, padres, hermanos. Debemos preguntarnos si de verdad esto es algo imposible de lograr o si sólo es otra muestra clara de falta de voluntad de los países, porque saben que son migrantes, porque son pobres y porque para ellos no cuentan.

A las familias de migrantes les toca la desgracia de que sus casos queden en una especie de limbo: el país donde ocurren los hechos no se responsabiliza realmente, pero tampoco le interesa a su país de origen lo que les pase en el tránsito. Solo cuando hay remesas cuentan e importan.

El presidente López Obrador había prometido durante su campaña electoral, que se haría una comisión de la verdad para los casos de masacres de San Fernando y las autoridades, cada vez que se reúnen con las familias, prometen que “ahora sí cumplirán con la ley”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es testigo de esto. Nada ha pasado, ni las promesas más mínimas se han cumplido.

Ante esta realidad, cabe preguntarnos: ¿De qué sirven las palabras? ¿De qué sirven las promesas? ¿De qué ha servido que haya una recomendación por el caso por parte de la CNDH? ¿De qué ha servido contar con un marco legal que acepta que estas familias tienen derecho a la verdad, justicia y reparación, si las trampas que pone el estado apuestan a su desgaste, a sus enfermedades y a su cansancio? Pareciera un juego perverso reunirse nuevamente con ellas para prometer lo que no se cumplirá. Esta vez, las familias no estuvieron de acuerdo con una reunión más. Así no.

Toca seguir impulsando, hasta el cansancio, una comisión especial para las investigaciones independientes de las masacres de migrantes; toca construir nuevos espacios dignos para éstas y para otras familias de las víctimas de las masacres ocurridas en nuestro país, espacios donde la palabra tenga valor y las promesas se cumplan, espacios donde la ley se implemente y los derechos se respeten y se garanticen. Estos espacios deben tomar en cuenta lo que implica que las familias estén en otros países y que no hablen el mismo idioma.

Los globos blancos desaparecen en el cielo de las playas de Guatemala, donde las familias se han reunido este año. Dicen los nombres de sus familiares y sentencian: “Seguiremos buscando la justicia, hasta encontrarla”.

*Directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho

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