La migración no para: encuentra nuevas rutas

viernes, 30 de diciembre de 2016
En su mayoría viajaban a lomos de La Bestia, pero la excesiva vigilancia del ferrocarril los obligó a cambiar de transporte. Ahora se desplazan en autobuses de pasajeros o hacinados en tráileres y camionetas. No importa cómo, pero decenas de miles de centroamericanos persisten en su afán de llegar a Estados Unidos, a despecho de que los gobiernos de ese país y de México eroguen ingentes cantidades en la aplicación de programas de contención. Nada parece ser capaz de detener el flujo de personas que huyen de la violencia del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Por conducto de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) y con fondos de la Iniciativa Mérida, el gobierno de Barack Obama financia desde mayo pasado un programa de capacitación a funcionarios mexicanos para desmantelar las redes de tráfico de migrantes que operan en el país, las mismas que decenas de miles de centroamericanos contratan cada año para alcanzar la frontera estadunidense. Se trata del Proyecto Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes 2016-2018, ejecutado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) “en estrecha coordinación” con la Procuraduría General de la República (PGR). Como parte de este proyecto, agentes estadunidenses de seguridad empezaron a capacitar a funcionarios de la PGR y de la Policía Federal (PF), así como a “funcionarios federales ubicados en estados seleccionados de la República y a autoridades estatales” para detectar, investigar y perseguir el tráfico de migrantes, con “un enfoque de delincuencia organizada trasnacional”, incluyendo una vertiente de investigación financiera. Los estados “seleccionados” son los 10 fronterizos –del norte y del sur–, además de Oaxaca, Durango, Jalisco, San Luis Potosí, Estado de México, Tlaxcala y Veracruz. El objetivo del proyecto –cuya copia obtuvo Proceso mediante una solicitud de acceso a la información– es “apoyar los esfuerzos del gobierno mexicano para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes, prestando especial atención a los procesos interinstitucionales para prevenir, detectar y perseguir el delito, así como proveer asistencia a los migrantes objeto de tráfico”. El documento no especifica la cantidad de dinero que el Departamento de Estado –del que depende la INL– erogará para su aplicación. Uno de los componentes del proyecto plantea la impartición de “asesoría especializada” a la Unidad de Investigación de Delitos contra Personas Migrantes de la PGR –creada el 18 de diciembre de 2015–, así como “asistencia legislativa”, que consiste en un “debate legislativo” y la participación en un foro internacional de intercambio de buenas prácticas. También prevé el desarrollo de campañas de comunicación dirigidas a las autoridades de los tres niveles de gobierno para informar sobre el tráfico de migrantes. Para ello, el proyecto considera cuatro mesas de trabajo en México y dos en Estados Unidos. El proyecto se había dado inicio el pasado 30 de agosto, cuando Arely Gómez, extitular de la PGR, lo presentó junto con Roberta Jacobson –la embajadora de Estados Unidos en México–, Antonio Luigi Mazzitelli –representante en México de la ONUDD–, así como funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores. El pasado 9 de mayo se instaló la primera sesión de trabajo en el Salón Justicia de la PGR, donde se presentó formalmente el proyecto; otras se llevaron a cabo en Guadalajara, el 1 de septiembre; Hermosillo, el 8 de septiembre; Mexicali, el 22 de octubre; y Toluca, el 10 de noviembre. Del 22 al 26 de agosto se reunieron 21 funcionarios de la PGR y la PF en el Centro Nacional de Capacitación y Adiestramiento de la Cruz Roja Mexicana de Toluca, donde recibieron el taller “Fortalecimiento de las capacidades de funcionarios encargados de la aplicación de la ley para la detención, investigación y persecución del delito de tráfico ilícito de migrantes”. Participaron los agregados de la PGR para Centroamérica y el Caribe y América del Sur, así como de las ciudades estadunidenses de San Diego, El Paso, San Antonio y Los Ángeles, según las constancias que la PGR proporcionó a Proceso. El taller no le costó un peso al gobierno mexicano: el Departamento de Estado estadunidense cubrió los traslados y los viáticos de los asistentes, de acuerdo con el oficio SJIAI/CAIA/0811/2016, emitido por la Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías de la PGR. Del 7 al 11 de noviembre, agentes de la PGR asignados a las delegaciones de Baja California, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, así como a las agregadurías antes mencionadas, asistieron al taller de “Formación operativa para el análisis, investigación y persecución penal del tráfico ilícito de migrantes” en Tijuana. De nueva cuenta, el Departamento de Estado, “a través de la Iniciativa Mérida, (cubrió) el costo del viaje y los viáticos a los asistentes con base en las tablas de Naciones Unidas”, señala una serie de invitaciones enviadas a los agregados de la dependencia. El flujo sigue A mediados de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto oficializó el endurecimiento de la política migratoria con la aplicación del llamado Programa Frontera Sur (PFS). Como consecuencia, el Instituto Nacional de Migración (INM) multiplicó los operativos en las carreteras, pero también en el ferrocarril que atraviesa México de sur a norte. En los últimos tres años el INM detuvo a 429 mil 407 migrantes centroamericanos, de los cuales deportó a 402 mil 76. En 2015, por primera vez México deportó a un mayor número de centroamericanos que Estados Unidos: el INM reportó 176 mil 726 deportaciones, y las autoridades estadunidenses, 76 mil 345. Los migrantes centroamericanos siguen llegando a la frontera norte de México, así como a Estados Unidos: entre enero y octubre de este año, el INM detuvo a 4 mil 500 en Coahuila, 2 mil 951 en Nuevo León y 9 mil 700 en Tamaulipas, tres estados colindantes con Texas. Entre octubre de 2015 y el mismo mes de 2016, la Patrulla Fronteriza estadunidense detuvo a 218 mil 110 migrantes “otros que mexicanos” –prácticamente todos originarios de Centroamérica– en la frontera con México, informó Jeh Johnson, el director del Departamento de Seguridad Nacional, el pasado 18 de octubre. 140 mil 496 de ellos fueron detenidos en Valle del Río Grande, Texas. Previo al incremento de los operativos, los migrantes de origen centroamericano más pobres se subían en los vagones del tren de carga –La Bestia– para llegar a la frontera estadunidense. En entrevistas por separado, trabajadores de tres albergues de migrantes en Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, afirman a Proceso que el flujo de migrantes que viajan en tren disminuyó. A la par, sostienen que para el traslado de migrantes se incrementó el uso de líneas comerciales de autobuses –sobre todo entre mujeres y menores de edad, pese al riesgo de ser detectados en los retenes carreteros y posteriormente deportados– y de los tráileres operados por traficantes. En Saltillo, por ejemplo, bajaban del tren más de 300 personas al día antes de la puesta en marcha del PFS; ahora son menos de 50, dice Javier Martínez, del área de protección de la Casa del Migrante de Saltillo. “A pesar del Programa Frontera Sur, la migración no para, porque hay una situación muy grave por la violencia en Centroa­mérica; las pandillas amenazan de muerte a las familias, o de reclutar a sus hijos; la migración se da más por eso que por razones económicas”, insiste. Y subraya: “Los migrantes encuentran siempre una manera de seguir viajando”. En Reynosa, Tamaulipas, ocurrió lo mismo: según el pastor Héctor Joaquín Silva, responsable del albergue Senda de Vida, en los últimos meses “ha bajado” el flujo de migrantes que viajan por tren; sin embargo recalca que el número de migrantes “se mantiene”: indica que se generalizó la modalidad de viajar por autobuses de línea a la ciudad fronteriza, pero también en vehículos privados, “engañados” –y a veces secuestrados– por traficantes, precisa. En Monterrey incluso se incrementó más de 60% el número de migrantes que acudió al albergue Casanicolás, asevera Victoria Ríos Infante, coordinadora de vinculación de esta institución: en 2015 llegaban en promedio 90 personas por mes; este año la cantidad se elevó a 149. “Vemos al migrante más cansado, física y emocionalmente, que antes del Programa Frontera Sur”, plantea. Ríos desconoce la magnitud del tráfico de personas en la zona, ya que los migrantes que usan los servicios de traficantes no se hospedan en el albergue. “Hay un número considerable de migrantes en hoteles pequeños, de más bajo costo, de la zona centro de Monterrey”, declara. Hechos sucesivos En los últimos meses se sucedieron detenciones masivas de migrantes que viajaban hacinados en tráileres. El 26 de septiembre pasado, siete agentes del INM fueron atacados con armas de fuego por traficantes de personas en la carretera transístmica 185, en Oaxaca. Los agentes habían detenido a un traficante que llevaba 25 migrantes en la caja de una pick up, cuando los alcanzaron cinco personas armadas a bordo de motocicletas; éstas les dispararon y los obligaron a detenerse. Liberaron al traficante y se llevaron a los migrantes. El 4 de octubre, el INM informó que un grupo de traficantes de personas abandonó a alrededor de 55 migrantes en el municipio veracruzano de Tres Valles, al notar que cuatro de ellos habían muerto de asfixia y deshidratación durante un viaje de 48 horas, sin escalas, en una camioneta cerrada, con logotipos clonados de Correos de México. El siguiente 13 de octubre, al revisar dos vagonetas en la carretera que va de Ciudad Valles, San Luis Potosí, a Ciudad Victoria, Tamaulipas, agentes de la PF encontraron hacinados en los vehículos a 122 migrantes, 45 de ellos menores de edad. Tres semanas más tarde, el 2 de noviembre, un tráiler fue detenido en un retén del INM en la carretera Villahermosa-Cárdenas, Tabasco. En la caja estaban amontonados 94 centroamericanos, entre ellos 43 menores. El mismo día, en la carretera libre Aguascalientes-Zacatecas, el INM detuvo un autobús en el que viajaban 92 indocumentados, entre ellos 23 menores. De acuerdo con el Informe Mundial sobre Tráfico de Personas 2016, que la ONUDD publicó este miércoles 21, las autoridades mexicanas sentencian a entre 60 y 100 traficantes de personas cada año desde 2012, la mayoría de ellas provenientes de Centroamérica. Iniciativa Mérida No es la primera vez que Washington destina fondos de la Iniciativa Mérida para reforzar la política de contención migratoria en México. En febrero y marzo pasados, informes del Servicio de Investigación del Congreso (CRS) señalaron que, de acuerdo con el tercer pilar de la Iniciativa Mérida –que consiste en crear una “frontera del siglo XXI”–, el gobierno de Obama erogó casi 20 millones de dólares para reforzar la frontera sur de México. Estos fondos se destinaron a la instalación de kioscos móviles, adiestramiento a equipos caninos y capacitación para agentes migratorios, “incluyendo el monitoreo de migrantes vulnerables, traficantes y terroristas potenciales”, según el informe Cooperación en Seguridad EU-México: la Iniciativa Mérida y más allá, publicado el 22 de febrero. En el segundo informe, Los recientes esfuerzos de México en ordenar la migración, publicado el 9 de marzo, el CRS recordó que la Agencia de Inmigración y Aduanas creó en México una Unidad de Investigación del Crimen Trasnacional, que investiga el tráfico de personas, y que el Departamento de Defensa entrenó y equipó a las fuerzas armadas mexicanas. Además señaló que “el Departamento de Estado reprogramó recientemente 60 millones de dólares (mil 122 millones de pesos, según el valor promedio de cambio en 2016) de fondos no erogados durante años previos para apoyar proyectos existentes, una red de comunicación segura para agencias mexicanas en la frontera sur y equipo biométrico para el INM”. Y añadió: “Una amplia porción de los 70 millones de dólares (mil 309 millones de pesos, según el mismo cambio promedio anual) que el Departamento de Estado dedicó a los programas de seguridad fronteriza (norte y sur) con fondos de los años fiscales 2013-2015 se usarán para los esfuerzos de la frontera sur”. En el presupuesto para 2016, la Secretaría de Hacienda destinó mil 809 millones de pesos al INM, 88% de los cuales se destinó a cubrir la nómina. El CRS, que provee información a los congresistas estadunidenses, planteó que “mientras funcionarios de Estados Unidos saludaron los esfuerzos de México (en la contención migratoria), grupos defensores de derechos humanos criticaron a México por los abusos perpetrados por funcionarios contra migrantes, por fracasar en proveer información sobre visas humanitarias o asilo político (…) y por detener a niños migrantes”. También subrayó que la sociedad civil “levantó voces preocupadas respecto a la gestión que tiene México de sus flujos migratorios complejos y sobre su capacidad de proteger a los migrantes” y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados “expresó su preocupación ante las negativas de México para otorgar acceso al asilo a los refugiados provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica”.

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