FANB

Una derrota humillante

Tras dos meses y medio de combates, el Frente 10 de las disidencias de las FARC –que cuenta con apenas unos 300 hombres– asestó un duro revés militar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la obligó a salir de una zona de Apure, cercana a la frontera con Colombia.
domingo, 27 de junio de 2021 · 15:30

Tras dos meses y medio de combates, el Frente 10 de las disidencias de las FARC –que cuenta con apenas unos 300 hombres– asestó un duro revés militar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la obligó a salir de una zona de Apure, cercana a la frontera con Colombia. En la disputa por este pedazo de territorio venezolano está en juego el control de rutas de la minería ilegal y el tráfico de drogas, señala en entrevista con Proceso la internacionalista Socorro Ramírez.

BOGOTÁ.- La humillación que acaba de sufrir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) frente a una pequeña guerrilla colombiana asentada en Venezuela llegó en el peor momento posible, justo cuando el presidente Nicolás Maduro prepara un gigantesco desfile militar para mostrar al mundo que el poder de fuego del régimen chavista no ha disminuido pese a la severa crisis económica.

Maduro sigue con sus planes y este jueves 24 de junio verá desfilar a las tropas bolivarianas con sus pertrechos de guerra para conmemorar en grande el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, que selló la Independencia de Venezuela del reino de España.

Pero esa celebración estará opacada por un capítulo bochornoso para la FANB: la derrota que hace unos días le asestó el Frente 10 de las disidencias de las FARC tras dos meses y medio de combates en el suroccidental estado venezolano de Apure, fronterizo con Colombia.

El revés militar, que el régimen de Maduro ha tratado de minimizar con un poco de propaganda triunfalista y mucha opacidad sobre lo ocurrido en el campo de batalla, resulta difícil de entender si se toma en cuenta la disparidad de fuerzas: la FANB tiene unos 150 mil combatientes activos y el Frente 10 no llega a 300, según calculan fuentes de inteligencia de Colombia.

Para el politólogo y experto en conflicto armado Ariel Ávila, esa desproporción de hombres en armas se diluye en una guerra irregular como la que se desarrolló en Apure y que tuvo su epicentro en la población La Victoria, ubicada en la zona limítrofe con Colombia y rodeada de enormes extensiones de vegetación exuberante.

“La FANB –explica Ávila a Proceso– no sabe cómo combatir guerrillas que se mimetizan entre la población civil y que saben moverse en la selva, y menos a un grupo como el Frente 10 de las disidencias de las FARC, que tiene mucha experiencia en combates de guerra de guerrillas, que es lo que ha hecho por años en Colombia.”

El especialista en seguridad señala que, aun así, nadie espera que un Ejército regular y con capacidad de fuego por aire, tierra y agua (en esa zona abundan los ríos caudalosos) sea derrotado por un grupo irregular como el Frente 10 de las disidencias de las FARC, que comanda el veterano guerrillero Gentil Duarte y cuya principal fuente de financiamiento es el tráfico de cocaína.

El alto mando militar de Venezuela argumenta que desató la guerra contra el Frente 10 debido a que no cederá “ni un milímetro de soberanía del territorio sagrado de la patria” a ese grupo “terrorista”. Sin embargo, la internacionalista y doctora en ciencias políticas por la Universidad de París Socorro Ramírez dice a este semanario que lo que detonó el conflicto en Apure fue una pelea entre sectores de la FANB y el Frente 10 por los corredores estratégicos de la minería ilegal y el narcotráfico en ese estado.

También, asegura, había una intención del gobierno de Maduro de desplazar al Frente 10 de Gentil Duarte para darle más presencia territorial a la disidencia de las FARC llamada “Segunda Marquetalia”, que encabeza el exnúmero dos de la desmovilizada guerrilla colombiana, Iván Márquez.

La profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia señala que en ese conflicto se combinaron lo criminal, lo ideológico, la tensión binacional entre Colombia y Venezuela –que rompieron relaciones diplomáticas hace dos años– y las drogas.

“Eso es una combinación explosiva”, asegura.

Guerra entre antiguos socios

Un reporte de la inteligencia militar de Colombia señala que las disidencias de las FARC tienen unos 2 mil 600 hombres en armas y una creciente presencia en Venezuela, donde “cuentan con la autorización del gobierno de Maduro y de las fuerzas militares para actuar y apoyar actividades relativas al tráfico de sustancias ilícitas y de minerales de alto valor”.

Estos grupos están divididos en dos grandes bloques que tienen serias disputas entre sí: el de Gentil Duarte, que se concentra en el suroriente colombiano y en el suroccidente de Venezuela, y el de Iván Márquez, que tiene presencia en el nororiente de Colombia y en el vecino país.

Para Venezuela, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, la mayor guerrilla colombiana) son una fuente de ingresos por las rentables actividades ilegales que desarrollan en los dos países y de las cuales, según denuncias de exoficiales de alto rango que salieron al exilio, dan una participación a políticos y militares venezolanos.

Además, Venezuela enfrenta una crisis económica y social profunda en la que el Producto Interno Bruto (PIB) ha perdido 83% de su valor desde que Maduro llegó al poder, en 2013, mientras que la pobreza afecta a 96% de la población y ocho de cada 10 venezolanos viven en la pobreza extrema, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi).

Juan Francisco García Escalona, coordinador de la ONG Fundaredes en Apure, dice por vía telefónica que las disidencias de las FARC y el ELN han usado su poder financiero para aprovechar las debilidades económicas de Venezuela y “han corrompido a innumerables funcionarios, generales, alcaldes y gobernadores de todos los partidos”.

La política en Venezuela, “como en Colombia, está plagada de políticos financiados con dinero proveniente del narcotráfico”, asegura el exdiputado que fue afín al chavismo hasta 2013, cuando rompió con Maduro.

Para García Escalona, la operación militar de la FANB contra el Frente 10 en la zona de La Victoria fue “un fracaso total” que terminó en una “derrota profunda” para la institución armada de Venezuela.

“Este resultado –dice– ha causado un gran malestar al interior de la FANB porque lo único que hizo fue fortalecer al Frente 10 y dejar a ese grupo armado colombiano con un dominio mayor del Apure. Este ya es un estado tomado por ellos.”

De acuerdo con el exdiputado, los integrantes del Frente 10 andan armados y vestidos de civil en los cascos urbanos de los siete municipios del estado y en las zonas rurales portan uniformes y fusiles e imponen normas de convivencia a los habitantes.

“Controlan el comercio, la agricultura, la ganadería, las rutas de la minería ilegal y el narcotráfico, imponen precios de compra y venta de los productos y nada se mueve si no cuenta con autorización de los comandantes respectivos de la zona. Esto va a ser peor luego de la derrota”, asegura.

Arengas

La FANB comenzó la guerra contra el Frente 10, que denominó “Operación Escudo Bolivariano 2021”, el 21 de marzo pasado, cuando atacó un campamento de ese grupo ubicado ocho kilómetros al nororiente de La Victoria.

Desde ese día, cuando los disidentes de las FARC dieron de baja a un mayor y a un teniente venezolanos, las cosas salieron mal para el régimen de Maduro, que a falta de resultados militares que exhibir desató una campaña propagandística rica en retórica, terminología grandilocuente y teorías del complot.

Maduro dijo que el ataque al grupo irregular se produjo porque Venezuela no puede permitir que hombres armados extranjeros violen la soberanía nacional y aseguró que el Frente 10, al que nunca se ha referido con ese nombre, fue armado por el Comando Sur de Estados Unidos y el gobierno de Colombia para derrocarlo.

El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, usó frases como “tiembla la tierra cuando en defensa de nuestra soberanía actúa la FANB”; “esta es una marcha épica por la soberanía”; “estamos actuando heroicamente contra estos grupos narcotraficantes y terroristas” y “los vamos a expulsar de nuestra patria a cualquier costo”.

A la luz de los hechos, todo este discurso quedó en demagogia. La FANB nunca pudo tomar la iniciativa militar en Apure y el Frente 10 le asestó varios golpes que acabaron por minar la moral de los soldados enviados a combatir a un enemigo de alta efectividad en la guerra irregular.

Los bombardeos, los ataques desde lanchas artilladas desplegadas en el limítrofe río Arauca y el despliegue de efectivos de infantería en las áreas rurales de La Victoria acabaron por afectar más a la población civil que al grupo irregular colombiano, que causó bajas y decenas de heridos a la FANB con las minas antipersonales sembradas alrededor de sus campamentos.

“Efectivos militares ingresaron de forma arbitraria a las casas de los habitantes de La Victoria, sacaron a personas inocentes sin ninguna orden judicial, incendiaron algunas viviendas y se llevaron a muchos civiles detenidos”, reportó la ONG Fundaredes.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el alto número de desplazados (unos 6 mil 700 cruzaron el río hacia Arauquita, Colombia) y “por las denuncias de ejecuciones extrajudiciales”, que ascendieron al menos a cinco, según documentó Fundaredes.

La ONG reportó a Bachelet que se produjo un “alto número de desaparecidos y torturados”, así como la detención arbitraria de 33 civiles que fueron presentados ante tribunales militares que los acusaron de subversión y “traición a la patria”.

Ante el fracaso del ataque inicial, Maduro envió a la zona unidades de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional, consideradas por la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos como un órgano represivo, una fama que corroboró al incursionar en La Victoria.

Varias familias del poblado denunciaron que los efectivos de las Faes saqueaban sus viviendas, se llevaban alimentos, gallinas, cerdos, todo lo que encontraban en las despensas, sábanas y ropa, lo que de acuerdo con el Comité Internacional contra las Víctimas de la Impunidad revela el impacto que tiene la crisis social y alimentaria en las instituciones de seguridad del Estado.

El punto de quiebre del conflicto armado se produjo el pasado 23 de abril durante un ataque de la FANB por aire, agua y tierra a un campamento del Frente 10 en inmediaciones de La Victoria, el cual fue repelido con contundencia por combatientes de ese grupo.

La incursión militar, que incluyó al menos un helicóptero, lanchas artilladas y una unidad de infantería, fue un desastre para la FANB, que sufrió nueve bajas y el secuestro de ocho soldados por parte del Frente 10.

A partir de ese día, el general Padrino y Maduro bajaron el tono de sus arengas belicistas y reorganizaron a sus tropas para intentar, sin éxito, rescatar a sus hombres.

Durante mayo, los combates bajaron de intensidad, se hicieron más esporádicos y casi cesaron a partir del 16 de ese mes, cuando los ocho militares secuestrados por el Frente 10 aparecieron en un video en el que solicitan a Diosdado Cabello, capitán de la FANB y número dos del régimen, “agilizar gestiones” para su “pronta liberación”.

Para todos los venezolanos quedó claro que, ante el fracaso del operativo militar contra el Frente 10, el gobierno de Maduro optó por negociar con ese grupo, al que llamó “terrorista y narcotraficante”.

Despliegue militar

Para el politólogo Ricardo Sucre, el gobierno negoció la libertad de los soldados “porque ponderó más la estabilidad política y de la institución militar que una operación contra grupos violentos” y porque “no se atrevió a romper con el estatus quo en la frontera, pese a que al inicio de las operaciones el discurso de los jefes militares fue muy triunfalista y sobrado”.

La FANB, asegura, está habituada a las arengas y “cuando se vio en una operación militar real los jefes se dieron cuenta de que las consignas no son suficientes para ganar la guerra”.

Los ocho militares fueron liberados el pasado 31 de mayo luego de que la FANB se replegó de la zona y dejó de combatir al grupo armado colombiano.

Según el jefe del comando estratégico operacional de la FANB, almirante Remigio Ceballos, Maduro “lideró la operación militar” que logró “el rescate” de los soldados, pero no existe una sola prueba de que los uniformados hayan sido rescatados y abundan las evidencias de que su liberación fue producto de una negociación.

El general Padrino y Diosdado Cabello recibieron a los ocho militares en un aeropuerto de Caracas sin dar detalles ni del “rescate” ni de la negociación.

Para el dirigente opositor Carlos Pérez Vivas lo ocurrido en Apure fue “la más vergonzosa derrota de este siglo” de la FANB y una “rendición” ante una pequeña facción disidente de las FARC, lo que evidencia “hasta dónde han destruido esta institución del Estado venezolano”.

En un estudio, la ONG especializada en temas militares Control Ciudadano señaló que, debido a la crisis económica, los principales planes de reequipamiento de la FANB se encuentran estancados desde hace al menos cinco años, así como los programas de mantenimiento de equipo bélico.

“Mientras persista la utilización de la FANB como principal medio para el control del poder en Venezuela, lo cual incluye la instrumentalización del elemento partidista-ideológico de la institución, no existe posibilidad alguna de iniciar un proceso para su reinstitucionalización y profesionalización”, agrega el informe.

Nadie cree, sin embargo, que el conflicto en Apure haya finalizado.

“Por ahora está suspendido porque la FANB no pudo darle una solución militar”, dice el experto en seguridad y defensa Armando José Mejía.

Hace unos días, el Frente 10 avisó a la población de la región de La Victoria que podrían producirse nuevos enfrentamientos con la FANB, lo que reactivó el éxodo de decenas de familias hacia Colombia, donde aún permanecen unos 5 mil refugiados.

El pasado jueves 16, la FANB anunció el “despliegue” de infantes de marina en la zona fronteriza de Apure “para combatir y expulsar a todo grupo irregular

colombiano”.

Para Mejía, esto es sólo la reactivación de la “guerra propagandística de la FANB” en vísperas de la gran celebración del Bicentenario de la Batalla de Carabobo que prepara Maduro.

Reportaje publicado el 20 de junio en la edición 2329 de la revista Proceso cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

 

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