Tráfico de armas

Armas de Estados Unidos... y de todas partes

La demanda civil que el gobierno mexicano interpuso contra los fabricantes estadunidenses de armas tiene el propósito de que se imponga un control al tráfico ilegal de las mismas, que favorece al crimen organizado.
martes, 10 de agosto de 2021

Por Montserrat Peralta

La demanda civil que el gobierno mexicano interpuso contra los fabricantes estadunidenses de armas tiene el propósito de que se imponga un control al tráfico ilegal de las mismas, que favorece al crimen organizado. Sin embargo, en las estadísticas de la Sedena se registran decomisos de armamento fabricado en Estados Unidos, China, Italia, Rumania, España, Brasil, Alemania… y México.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La demanda de México contra productores de armas de Estados Unidos dejó de lado el tráfico ilegal de potente armamento de otros países. Productores de China y Europa han aportado su cuota en el mercado ilegal de armamento, que se extiende prácticamente por todo el país pero se concentra en las entidades donde se asientan y tienen influencia las principales organizaciones delictivas.

Desde la declaración de “guerra al narcotráfico” de Felipe Calderón hasta la arenga de “abrazos, no balazos” de Andrés Manuel López Obrador, el Ejército ha decomisado cerca de 200 mil armas en detenciones y enfrentamientos con los grupos de delincuencia organizada. Pero en casi la mitad de ellas las autoridades militares dicen desconocer el país de origen.

Pistolas, fusiles, rifles, escopetas, revólveres y carabinas fueron las más comunes, pero también hubo subametralladoras, lanzagranadas, ametralladoras, lanzacohetes, pistolas ametralladoras, escopetas de doble cañón, subfusiles y obuseros.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), 173 mil 415 armas fueron aseguradas en el país entre 2006 y agosto de 2020. La mayoría de ellas son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, de acuerdo con la ley federal de la materia.

La mayor parte de esos aseguramientos (70%) ocurrió entre 2008 y 2012, durante la llamada “guerra a las drogas” declarada por el entonces presidente Calderón.

De 2013 en adelante el número de aseguramientos cayó, sin lograr por año ni siquiera 10 mil, de acuerdo con las bases de datos proporcionadas por la Sedena.

En más de 500 operaciones durante 14 años la dependencia aseguró 58 mil 406 armas de marcas de Estados Unidos, China, Italia, Rumania, España, Brasil, México y Alemania. Sin embargo, la Sedena no proporcionó la marca de 98 mil 977 armas de fuego, sin explicar la falta del dato.

Seis de cada 10 armas de fuego fueron aseguradas en Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Chihuahua. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad por homicidios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2020 se registraron 36 mil 579 asesinatos y entre los 10 estados con más de esos crímenes se encuentran Chihuahua, Michoacán y Guerrero.

La violencia dejó su impronta en las entidades con más armas de fuego aseguradas. Por ejemplo, en Tamaulipas hubo dos masacres: la primera, en agosto de 2010, perpetrada por el Cártel de Los Zetas en San Fernando, donde 72 migrantes fueron asesinados; la segunda ocurrió en Reynosa, donde 15 personas perdieron la vida en junio pasado.

En Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ingresó recientemente al estado causando enfrentamientos en varios lugares, sobre todo en la zona de Aguililla. En esa entidad también se gestaron nuevas autodefensas de civiles armados para enfrentar a los grupos de la delincuencia organizada. Incluso en 2008, cuando se incrementó el decomiso de armas, la delincuencia organizada atacó con granadas a la gente concentrada en el Zócalo de Morelia por las celebraciones de la Independencia. Murieron dos personas y un centenar resultaron lesionadas.

El 17 de octubre de 2019, en Culiacán, Sinaloa, fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero tras ataques armados en diferentes partes del estado fue puesto en libertad, después se supo que por órdenes de López Obrador. Este semanario dio a conocer cómo los tres poderes cerraron filas para no dar más información sobre este suceso, que dejó ocho muertos y 19 heridos (Proceso 2325).

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2336 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.

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