Oaxaca

Quince indígenas quemados: Huazantlán, a más de un año de una masacre impune

El silencio del gobierno sólo se compara con el del cementerio donde fueron enterrados 15 indígenas ikoots (huaves) en Huazantlán del Río, un municipio envuelto en un conflicto donde se mezclan el tráfico de migrantes, la posesión de la tierra y la instalación de torres eólicas en hectáreas ejidales
jueves, 12 de agosto de 2021

El 21 de junio del año pasado, en la comunidad oaxaqueña de Huazantlán del Río ocurrió la matanza de 15 indígenas huaves. Fueron apaleados, apedreados y quemados vivos. El origen de esta tragedia está en la disputa entre dos grupos comunitarios por el control de esta zona del Istmo de Tehuantepec que es clave por varias razones: en ella se planea desarrollar varios megaproyectos –parques eólicos y el corredor interoceánico, entre otros–, además que por ahí pasa el tráfico de indocumentados y es una región de huachicoleo. A más de un año de la masacre, no ha habido justicia.

Oaxaca, Oax. (Proceso).- El silencio del gobierno sólo se compara con el del cementerio donde fueron enterrados 15 indígenas ikoots (huaves) agredidos a palos y pedradas y quemados vivos en Huazantlán del Río, un municipio envuelto en un conflicto donde se mezclan el tráfico de migrantes, la posesión de la tierra y la instalación de torres eólicas en 2 mil hectáreas ejidales.

A más de un año de la matanza, María del Rosario Guerra Salazar, una de las sobrevivientes, recrimina al gobernador Alejandro Murat Hinojosa y al presidente Andrés Manuel López Obrador: “¿Qué espera el gobierno, ¡que nos maten a todos!?”, “¿Hasta cuándo va a actuar la autoridad?”

María del Rosario ahora está desplazada de la comunidad huave junto con otras 60 personas por un conflicto intercomunitario; entre los desplazados hay familiares de las víctimas de la masacre, quienes además están amenazados por las autoridades municipales de Huazantlán, que “nos quieren asesinar para no dejar ni un testigo de la masacre”.

El pasado 21 de junio, frente al Palacio de Gobierno de Oaxaca, los sobrevivientes de la masacre en Huazantlán del Río reclamaron que la Fiscalía General de Oaxaca no avanza en las investigaciones.

En tanto, el asesor jurídico del Comité de Víctimas de la Masacre del 21 de junio en Huazantlán del Río, Juan Carlos Pascual Diego, narra en entrevista con Proceso su peregrinar para exigir justicia:

“En noviembre pasado el Comité de Víctimas fue a Palacio Nacional. No nos atendieron. Fuimos a la Secretaría de Gobernación. No nos atendieron. En nuestra desesperación fuimos a la Nunciatura Apostólica y ante la embajada de Estados Unidos. Sólo nos dieron una palmada. Fuimos al Congreso de la Unión y nos ignoraron, siempre con la justificación de la pandemia.

“Fuimos con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU en México: jamás obtuvimos respuesta. Hay un documento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tampoco hay gran avance, pese a que se trata de delitos de lesa humanidad por la cantidad de víctimas y la saña con la que fueron privadas de la vida.”

Pascual Diego refiere que esta omisión más bien es un acto de discriminación y desprecio a los indígenas. Pone como ejemplo la matanza de la familia LeBarón, el 4 de noviembre de 2019, cuando presuntos miembros del crimen organizado dieron muerte a nueve personas en el municipio de Bavispe, Sonora. En ese caso, dice, el gobierno puso toda la atención, hay detenidos, hay una investigación seria y expedita.

“Pero, ¿qué pasa con la masacre de 15 indígenas ikoots? ¿La saña con que fueron asesinados en Huazantlán del Río no merece justicia?” Y añade: “Será porque los LeBarón eran blancos y extranjeros y los ikoots son nacionales e indígenas.

Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2336 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 8 de agosto de 2021.

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