La política de seguridad pública del presidente López Obrador tiene un balance negativo, consideran organizaciones de la sociedad civil a poco más de tres años del gobierno de la 4T. Las ONG sobre derechos humanos lamentan los impactos “de la simulada” transformación que está significando “un fortalecimiento de los grupos criminales”. En particular, Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red TDT, advierte que la estrategia presidencial hace suponer que el mandatario está menos interesado en la seguridad y más en “que le dejen concluir su periodo, que le aseguren la continuidad de su partido en el poder”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El monitoreo permanente sobre la inseguridad, violencia y violaciones a los derechos humanos en México ha llevado a decenas de organizaciones de la sociedad civil a asegurar que ha fallado la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de “abrazos y no balazos”.

A más de tres años del gobierno de la 4T, el balance de la sociedad civil en materia de seguridad pública es compartido a Proceso por los defensores Víctor Hugo López Rodríguez, secretario ejecutivo de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), y Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Además del escenario de más de 100 mil desapariciones y 121 mil 600 homicidios en México registrados hasta mayo último, la ejecución de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turistas en la Sierra Tarahumara, el lunes 20, volvió a colocar bajo la lupa la política de seguridad pública del gobierno federal, que implica el despliegue nacional de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, sin que hasta el momento se haya alcanzado una reducción considerable de la violencia generada por los cárteles.

Frente a las cifras, incluso reconocidas por el propio gobierno federal, el presidente López Obrador ha insistido en responsabilizar al expresidente Felipe Calderón de la tragedia nacional, al iniciar una “guerra contra el narcotráfico para legitimar su ascenso al poder”, echando mano para ello de la militarización de la seguridad pública, que ahora se ha acentuado con la 4T.

Con un récord de 121 mil 642 homicidios dolosos en los primeros tres años y medio de gobierno, cifra superior a los 120 mil 463 ocurridos durante toda la gestión del gobierno de Calderón, el jueves 23 López Obrador reconoció el reporte, pero rechazó cambiar su estrategia y achacó la violencia imparable al “fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón”.

Ante los señalamientos de que en su sexenio hay más asesinatos que en el pasado, el presidente dijo en su descargo que, a su arribo al gobierno, “recibimos los homicidios hasta la punta, hasta mero arriba, y Calderón no recibió así el país, él lo llevó arriba, y todavía en el gobierno pasado (el de Peña Nieto) le subieron más”. 

En la víspera de esas declaraciones, 84 organizaciones de 23 estados de la República que conforman la Red TDT, que han acompañado desde hace décadas a comunidades y pueblos en sus luchas, expresaron al político tabasqueño que “los efectos de la simulada transformación han profundizado la violencia estructural e institucional, rompiendo los límites que el crimen tiene pactados con autoridades de los tres niveles de gobierno para coexistir en el territorio nacional”.

Fragmento del reportaje publicado en la edición 2382 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.