A primera vista la fotografía actual de la economía mexicana luce positiva, con una revisión al alza de pronósticos para el Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2024 en niveles de 3%, mientras el Banco Mundial advierte que, por tercer año consecutivo, la economía mundial se desacelerará. 

Sin embargo, en un segundo plano esa imagen también incluye una deuda por casi 15 billones de pesos, la cual tiene el potencial de aumentar, y por primera vez al cierre de 2024 representar 54.1% del PIB, con una política fiscal expansiva; es decir, más gasto que, de acuerdo con Citibanamex, se convertirá en un factor de riesgo adicional para la trayectoria de inflación durante los próximos meses.

Por razones políticas, agrega Citibanamex, las finanzas públicas no podrían reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) de 5.4 a 2.6%; es decir, no será posible reducir el déficit y se impone la necesidad de contratar más deuda. 

El fantasma de un mayor endeudamiento recorre los pasillos de Palacio Nacional mientras el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O, busca reducir el costo de los pasivos –el más alto de las últimas dos décadas–, así como extender el mayor porcentaje de vencimientos de la deuda del gobierno federal y del sector público al menos cinco años más. 

La estrategia también pretende reducir la necesidad de contratar nuevos pasivos liberando en el corto plazo recursos para los programas sociales. 

Con un modelo económico inclinado a privilegiar el gasto de los consumidores –como sucede en Estados Unidos– y apuntalar al mercado interno como principal motor de la economía, la SHCP se enfrenta a uno de sus momentos más críticos: mantener la salud de las finanzas públicas frente al déficit presupuestario histórico de 4.9%, que se aprobó en el Congreso para el cierre de este ejercicio aún dominado por altas tasas de interés, un alto costo financiero y la decisión de mantener y elevar el monto de los programas de apoyos sociales en medio de un año electoral. 

Luis Foncerrada, economista en jefe de la Cámara Americana de Comercio, considera que si bien la Constitución permite al gobierno incurrir en un déficit presupuestario, también establece la obligación de que esos recursos que generarán un endeudamiento se destinen a inversión.  

“Para 2024 se plantea un déficit muy grande, un déficit que no habíamos visto desde hace muchos años, un déficit de 5%; sin embargo, no hay una inversión comparable a ese 5%, lo que va contra los lineamientos de la Constitución”, explica.

La inversión que se registra es menor a 3% del PIB. “No se ve la inversión”, dice Foncerrada. 

El economista asegura que los mexicanos debemos plantearnos qué tipo de gastos se están realizando en 2024 y que ejercerán mayor presión al presupuesto. 

“Hay algunas asignaciones muy importantes de dinero, primero para el Tren Maya, al cual se le asigna una cantidad muy importante de 120 mil millones de pesos”, detalla. Foncerrada calcula que el Tren Maya en general acumularía recursos por más de 500 mil millones de pesos, “una cantidad brutal”, pero que nos lleva a otra reflexión: tan sólo para el programa de pensión para los adultos mayores el presupuesto en 2024 aprobó incrementos y llevó la partida para este reparto de recursos a 475 mil millones de pesos, un poco menos que lo dirigido al Tren Maya. 

Foncerrada califica los recursos para el programa de adultos mayores como un “gasto” que, si bien resulta justificable, representa un gran monto que se suma a otros programas como el de las becas a jóvenes o Sembrando Vida, que no han tenido buenos resultados, desde su perspectiva.  

Pero el blindaje social para los adultos mayores, junto con el apoyo para 30 millones de familias mexicanas, permitió que –según cifras del INEGI– más de cinco millones de personas salieran de la pobreza. Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 5.4 millones de personas salieron de la pobreza en México, al pasar este segmento de 52.2 millones con carencias económicas y sociales a 46.8 millones. 

Para Foncerrada el programa ha sido un acierto, pero el país enfrenta también el reto de prepararse y crecer para reducir la informalidad, generar mejores puestos de empleo y con ello reducir los problemas de inseguridad.

Y agregó: “En el desarrollo del Istmo de Tehuantepec hay otros 21 mil millones de pesos, y para carreteras, puentes, puertos, aeropuertos y otros proyectos prioritarios de construcción, sólo 35 mil millones de pesos”, infraestructura necesaria para que la inversión extranjera directa que llega con la relocalización de cadenas productivas no se vea afectada. 

El gran acierto para la inversión en 2024, dice Foncerrada, es el presupuesto de 62 mil 600 millones de pesos para la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el cual, no obstante, resultó menor a los 71 mil 600 millones de pesos de 2023. 

Para Luis Foncerrada el futuro también resulta preocupante frente a las elecciones de junio próximo: “La próxima administración se va a encontrar con que ya no va a poder endeudarse tanto y ya no va a poder tener esos programas, que tendrá que hacer algún ajuste y eso tiene que ver con no haber invertido o no tener un presupuesto para crecer, sino un presupuesto para consumir, y pues no se puede sólo consumir, hay que invertir para producir”, advirtió.  

Transferir valor al mercado interno

La “red de protección social”, como la SHCP llama a la transferencia de recursos para grupos vulnerables como los adultos mayores, ya representa para el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) poco más de 700 mil millones de pesos al año, un monto muy cercano al que se paga anualmente por concepto de intereses de la deuda. 

Fragmento del reportaje principal publicado en la edición 0008 de la revista Proceso, correspondiente a febrero de 2024, cuyo ejemplar digital puede adquirirse en este enlace.