Señor director: El día de ayer la edición electrónica de su revista publicó un artículo relacionado con el derrame ocurrido en el Río Sonora en 2014, donde se hace alusión incorrecta a mi persona. Sobre el particular, me dirijo a usted, ejerciendo el derecho de réplica que me otorga la ley, para aclarar los siguientes aspectos de mi gestión como Presidente del Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora. A lo largo de mi carrera profesional jamás me he beneficiado de ningún tipo de recursos públicos, ni en este caso, de recursos privados cuya aplicación vigilé, de conformidad con lo establecido en el convenio suscrito entre las empresas mineras Buenavista del Cobre, S.A. de C.V. y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, S. A. de C.V. con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), del cual se derivó la creación del Fideicomiso y su Comité Técnico. Mi función principal en el Fideicomiso fue coordinar a las instituciones involucradas en la atención del derrame y vigilar que en todo momento la mina aplicara con prontitud y eficacia las medidas de remediación, reparación y restauración de los daños al medio ambiente y la salud humana causados directamente por el derrame de una solución acidulada con metales pesados altamente tóxicos, ocurrida el 6 de agosto del 2014. Mis atribuciones no incluyeron funciones de compra o venta de ningún tipo de bienes o servicios. El Comité Técnico se integró por un representante de la Mina, especialistas técnicos de reconocidas instituciones (UNAM y Centro Mario Molina) y un servidor como representante del Gobierno Federal y Presidente del mismo; además, según el tema a tratar, se invitaba a expertos de las diversas Secretarías, instituciones de prestigio y funcionarios de Nacional Financiera, la cual fungía como Fiduciaria del Fideicomiso. Cabe aclarar que el Fideicomiso Río Sonora ha sido el fideicomiso más transparente del sector, dadas las circunstancias sociopolíticas que se derivaron del derrame. Toda la información del mismo se hizo pública desde su creación, a través de la página de internet www.fideicomisoriosonora.gob.mx, con el propósito de informar objetiva y oportunamente a la población y con la finalidad de transparentar todas y cada una de sus acciones. También, la información fue dada a conocer en muy diversas sesiones públicas en Hermosillo, en las localidades del Río Sonora y en múltiples medios electrónicos e impresos a lo largo de la existencia del Fideicomiso. Me gustaría hacer hincapié en que, como consecuencia del derrame, se aplicó por primera vez la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, sobre la cual se determinaron la creación del fideicomiso y las sanciones aplicadas a las empresas responsables, que incluyeron clausuras y multas; todas éstas, actos de autoridad que nunca se habían aplicado a una industria infractora. Las acciones llevadas a cabo significaron una derrama económica equiparable a 7 veces el Producto Interno Bruto anual de la región, ya que se distribuyeron 1,070 millones de pesos (86.7% de los recursos ejercidos por el Fideicomiso), a través de la entrega de 27,111 apoyos económicos directos a la población afectada, en rubros tales como: resarcimientos por afectación a la salud, las actividades productivas, el abastecimiento de agua potabilizada y la rehabilitación de pozos. La población de la zona en ese entonces se estimaba en poco más de 23 mil habitantes. Atendiendo una de las demandas más sentidas de la población, se instalaron 10,188 tinacos en todas las casas y edificaciones de carácter social de los municipios afectados debido a que la mayoría de éstas carecían de tinacos para almacenar el agua potable que de manera extraordinaria se les estaba dotando a través de pipas y otros medios. Asimismo, y en virtud de que las casas tienen techo de lámina galvanizada, el Comité Técnico aprobó que dichos tinacos fueran instalados sobre unas torretas metálicas, de diseño y fabricación locales. Para realizar la instalación de los tinacos, la CONAGUA propuso al Comité Técnico que se hiciera a través del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Sonora (CICS), el cual cubrió los requisitos establecidos en los criterios de procedencia autorizados por el propio Comité, los cuales señalaban que la entidad ejecutora debía: ser una institución sin fines de lucro, experiencia profesional en el desarrollo de trabajos similares, transparencia, precio competitivo, capacidad técnica, conocimiento de la zona, prestigio regional y participación de diversos contratistas locales, con el objetivo de que hubiera varios frentes de obra que de manera expedita resolvieran el problema. Dada la emergencia, los tinacos fueron comprados a varios proveedores por el CICS, según su disponibilidad en la zona y los avances en las instalaciones. El Colegio de Ingenieros Ambientales de México (CINAM), el cual fue fundado hace 22 años y yo tuve el honor de ser su primer Presidente, fue seleccionado por el Comité Técnico como supervisor de esas instalaciones, siguiendo los mismos criterios y por ser una institución colegiada con autoridad moral ante la sociedad, como el Colegio de Ingenieros Civiles de Sonora. Los supervisores asignados por el CINAM fueron distinguidos académicos del Instituto Politécnico Nacional. No deseo hacer polémica respecto al artículo publicado por ustedes, las cifras referidas por la organización Poder están equivocadas o están descontextualizadas, los datos correctos los refiero en esta carta y pueden ser consultados y cotejados en la página de internet referida. Finalmente, es importante mencionar que de acuerdo con los estudios realizados en la zona por diversas instituciones académicas y de investigación, el Río Sonora ha sido contaminado históricamente por múltiples descargas industriales (principalmente mineras), agropecuarias y urbanas. Desde mi perspectiva, seguirá siendo necesario emprender acciones y desarrollar infraestructura ambiental para sanear de manera integral la cuenca hidrológica y restaurar sus ecosistemas. Atentamente Dr. Rodolfo Lacy Tamayo