MÉRIDA, Yuc. (apro).- El gobierno estatal amenazó con imponer diversas sanciones, como multas, clausuras y hasta arresto por 36 horas, a quienes infrinjan el “toque de queda” que se impuso en territorio yucateco, en un nuevo intento por contener la pandemia de covid-19. En un comunicado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo estatal advirtió que la ley “contempla sanciones por incumplimiento a las disposiciones por protección” ante el coronavirus. Justificó que ante la situación sanitaria que vive el estado, “hoy es más necesario que nunca el cumplimiento de todas las medidas adoptadas para evitar nuevos contagios”. La sanción en primera instancia para quienes no cumplan las disposiciones será de amonestación con apercibimiento, apuntó. Nota relacionada: Vila Dosal impone nuevas restricciones por covid-19; incluyen toque de queda y ley seca En el caso de los establecimientos --esenciales y no esenciales--, además del primer apercibimiento, la normativa contempla la aplicación de multas; clausura temporal o definitiva, que podrá ser parcial o total, y en casos recurrentes arresto hasta por 36 horas. Detalló que los vehículos que después de las 22:30 a las 5 horas del día siguiente, y en el caso de los puertos de las 21:00 a las 5 horas del día siguiente, contravengan la restricción de movilidad, “se harán acreedores a infracciones que pueden ir de una a 500 unidades de medida y actualización, atendiendo las reglas de calificación que se establecen en el artículo 303 de la Ley de Salud del Estado de Yucatán”. Añadió que las sanciones aplicadas tomarán en cuenta los daños que se hayan producido y puedan producirse en la salud de las personas, la gravedad de la infracción, las condiciones socio-económicas del infractor y su eventual calidad de reincidente. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) cuestionó la polémica disposición del gobierno de Mauricio Vila Dosal, contenida en el Acuerdo SSY 04/2020, que entró en vigor el primer minuto del jueves 16, horas antes de que se publicara en el Diario Oficial del Estado. Nota relacionada: Habilitan Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI como hospital temporal para covid-19 En su pronunciamiento sobre el Acuerdo SSY 04/2020, que modificó el Acuerdo SSY 01/2020, por el que se establecen medidas de seguridad sanitaria para contener la transmisión del coronavirus, la Codhey recordó que las autoridades deben dar “respuesta puntual a las demandas del momento histórico”, pero con apego al respeto a la ley y a los derechos humanos. “Reconocemos que es un momento crítico para la vida nacional y para nuestra entidad, en donde percibimos una desesperanza social, en la que es urgente que la sociedad demuestre el grado en que ha interiorizado normas públicas, así como el respeto de los derechos fundamentales para sí y para los demás”, expresó el organismo en un comunicado. Añadió que en el contexto de la pandemia los poderes públicos e instituciones han tenido que actuar de manera oportuna, objetiva y proporcional a las necesidades que ha producido el avance de este virus en la vida colectiva y privada de la ciudadanía. “Si bien se entiende que hay efectos puntales y marcados en todos los sectores productivos de la entidad, es momento de ponderar la vida y la salud como derechos inalienables de todas las personas en el estado, garantizando su disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad adecuadas, y en la medida de las circunstancias generadas por esta pandemia”, recalcó. En esa tarea consideró imprescindible una colaboración y acompañamiento de todas las autoridades públicas. No obstante, resaltó la urgencia de fomentar una cultura de los derechos humanos, que exige la conjunción necesaria entre autoridades de todos los órdenes gubernamentales con la sociedad en general, “pues de otro modo las incidencias continuarán en incremento y se tendrán que adoptar otras medidas más estrictas a fin de proteger la salud y la vida”. El organismo comentó que, si bien la nueva política estatal dictada para preservar la salud y la vida de los ciudadanos fue disminuir la movilidad, “las medidas impuestas no deben buscar la sanción en sí misma, sino garantizar los derechos humanos”. Señaló que, por ello, en la aplicación de las nuevas disposiciones se deben considerar criterios debidamente justificados, a pesar de no estar previstos en el decreto emitido por el Poder Ejecutivo del estado, pero sobre todo que impere el uso de la razón y el respeto a los derechos humanos, evitando cualquier conducta arbitraria o que genere un abuso del poder.