MADRID (apro).- La Audiencia Provincial de Palma anuló hoy la imputación de la infanta Cristina de Borbón, hija del rey Juan Carlos, en el juicio del caso Nóos, al considerar que no percibe “indicios vehementes” de su participación como “cooperadora necesaria” en los delitos de malversación de fondos públicos cometidos por su esposo, Iñaki Urdangarín, el duque de Palma. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que sea imputada en el futuro por delito fiscal o blanqueo de capitales. La hija del rey Juan Carlos fue imputada el pasado 3 de abril, por el juez Pedro Castro, que instruye el juicio por el caso Nóos, que tiene en la picota a los duques de Palma por su presunta implicación en el uso de una institución sin fines de lucro para medrar de las administraciones públicas y de empresas privadas. Este supuesto caso de corrupción ha golpeado severamente la credibilidad y el apoyo ciudadano a la Casa del Rey, en momentos en que la crisis económica y las medidas gubernamentales más deterioran las posibilidades de los españoles. Pero hoy el juez recibió un revés con esta decisión de la Audiencia Provincial de Palma, que con dos votos contra uno, dejó sin efectos la imputación y la cita para que la hija del monarca acudiera al juzgado a declarar. Solo el magistrado Juan Jiménez votó a favor de la resolución del juez, los otros dos en contra. A la fecha, el juez Castro espera un informe de Hacienda sobre posibles delitos fiscales y blanqueo de capitales en que pudo estar implicada la infanta Cristina. Esto deja la puerta abierta para que una futura imputación por estos supuestos delitos. Con este fallo, la Audiencia acepta los recursos contra la imputación que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado, la defensa de la infanta y la de su esposo, Iñaki Urdangarín. En el extenso auto exculpatorio, la Audiencia asegura que “no hay indicios vehementes” de que la Infanta “conociera, se concertase, ni participase activa u omisivamente en el presunto plan criminal urdido por su marido y por su socio Diego Torres, tendente a cometer un fraude a la Administración con ocasión de los contratos de colaboración a que se contrae la presente causa, ni a través de ellos apropiarse ilícitamente de fondos públicos”. Argumentan que si bien Cristina “era conocedora y sabía que el Instituto Nóos suscribía contratos con las administraciones públicas, beneficiándose de ello con ingresos por patrocinio y por subvenciones”, considera que no hay indicios de que ella “albergase o llegase a alcanzar la creencia de que dichos contratos pudieran ser considerados delictivos y que su suscripción generase un peligro de malversación”. El juez Castro aseguró en su fallo del pasado 3 de abril que existían elementos que la infanta prestó “su consentimiento” a que su parentesco con el rey fuera utilizado por Urdangarín para obtener “un trato generoso” por parte de administraciones públicas y empresas privadas, “disfrutando junto con su marido de los beneficios obtenidos”. Después que en abril se conoció que la infanta Cristina fue imputada, desde la Casa Real se influyó directamente para que la defensa de la hija del Rey estuviera a cargo de Miquel Roca, un prestigiado abogado y político catalán, uno de los padres de la Constitución. Según la prensa española, el propio Rey Juan Carlos se implicó en la decisión de que esta defensa estuviera en manos de un equipo encabezado por Roca.